NUEVO ENCONTRÓN ENTRE EL GOBIERNO Y EL POLO DEMOCRÁTICO

–Un nuevo enfrentamiento se produjo entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y el Polo Democrático Alternativo, luego del que tuvo la semana anterior a sus elección, con el nuevo alcalde de Bogotá Samuel Moreno rojas.

El nuevo encontrón se suscitó ante la aparición de otro artículo firmado por el presidente del Polo Carlos Gaviria, en la página de Internet de la agencia de noticias Anncol, caracterizado vocero oficioso de las FARC,y en el cual justifica el homicidio con fines politicos.

La situación estalló cuando ya el ahora electo alcalde de Bogotá, Samuel Moreno habia considerda superado el enfrentamiento con el presidente Uribe por los persistentes ataques que le lanzó en la última semana de campaña por no haber supuestamente rechazado el respaldo de las FARC aparecido en la misma página de Internet.

El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, le exigió a Gaviria explicaciones sobre el escrito titulado “El gobierno de Uribe y el delito Político”.

Restrepo dijo que es imprescindible “un pronunciamiento contundente y claro” de parte de Gaviria.

También señaló: “más allá del pronunciamiento, creemos muy importante también que Gaviria reflexione y se pregunte por qué razón una tesis que él plantea, supuestamente en el campo de la filosofía política, termina siendo recogida por un grupo terrorista como las Farc”.

El Alto Comisionado también instó al dirigente político a que explique qué relación tiene con el grupo subversivo, y agregó:

“No se puede seguir diciendo que en Colombia hay una democracia restringida y que por eso es válido el uso de la violencia”

A su turno, el presidente del Polo Democrático calificó el reclamo del Gobierno como una “insolencia” y una “impertinencia” y subrayó que no tenía por qué pedir permiso para emitir opiniones.

Gaviria Diaz dijo que es al gobierno al que le corresponde explicar “la guerra sucia” contra Samuel Mereno Rojas”, en referencia a las estrategias que algunos sectores oficiales para torpedear la candidatura a la alcaldía mayor de Bogotá.

A su turno, la agencia Anncol publicó otro escrito en el cual afirma textualmente: “Se equivocan quienes nos sindican de ser una agencia de las FARC, fariana. Por el solo hecho de publicar sus comunicados y artículos. Todos los medios lo hacen. Hurgen en la red y encontraran que cientos de medios lo hacen. Por qué no llamarlos a esos también ‘terroristas’, como lo hacen con nuestro webb los delirantes bocones de la Casa de Nariño. Pero intuimos las razones de esa saña y sevicia contra un pequeño grupo de colombianos y nórdicos gestores y artífices de ANNCOL”.

EL ARTÍCULO DE GAVIRIA

El texto del artículo de Carlos Gaviria, tal como apareció en la web, es el siguiente:

El gobierno Uribe y el delito político
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Elecciones 2006
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El PDA adelante!

El actual gobierno ha sido abanderado, por labios del Presidente y algunos de sus más sobresalientes voceros, de la tesis que propugna la abolición del delito político como categoría penal acreedora de tratamiento más benigno, pues así lo exigen la práctica y la teoría democrática. En el fondo, el mensaje implícito es preocupante: defender un gobierno como el actual (transgresor habilidoso de la Carta) debería ser delictuoso. Pero si se hace (además) por medios criminales atroces, merece el reconocimiento de beneficios”
Abra bién el ojo hoy 28 de octubre la Ponzoña de Café Stereo

[Carlos Gaviria Díaz, PDA]
El mensaje es que defender al Gobierno por medios atroces merece beneficios.
El tratamiento más benigno del delito político, en contraste con el delito común, es corolario de la filosofía liberal que reconoce el derecho a disentir pero reprocha el uso de las armas como un medio ilegítimo para ejercerlo.
Esa tradición occidental, que tiene en la revolución francesa un hito inocultable, contradijo la mentalidad prevalente hasta entonces, defensora del derecho divino de los reyes y aun de la naturaleza divina de los gobernantes, que juzgaba el atentar contra lo que ellos encarnaban el más grave hecho pensable. El crimen majestatis (crimen de lesa majestad) fue su producto inevadible.
Esa impecable línea doctrinaria fue recogida por el constitucionalismo colombiano y respetada aun por las constituciones de cuño conservador, como la de 1886, que al reimplantar la pena de muerte, abolida en la de 1863, excluyó de ese castigo a los responsables de delitos políticos. Con el proceso de sacralización de la democracia que vienen predicando e imponiendo Europa y Estados Unidos, la supresión de esa categoría de delitos se ha convertido en doctrina que recogen sin crítica ni pudor quienes desde este mundo (¿el tercero?) al que pertenece nuestro país, proclaman que vivimos en una democracia cabal y que pretender cambiar (por la vía armada) este estado de cosas equivale a desconocer el contrato social (¡) que hemos suscrito (¡ah!, la utilidad pragmática de las ficciones), y que esa transgresión merece el más drástico reproche por parte de la ley penal.
No deja de sorprender que el reclamo de un mayor castigo para los delitos políticos recupere -desde luego, sin confesarlo- la tesis autoritaria y regresiva derivada de la ‘naturaleza divina del gobernante’ y el derecho divino de los reyes. Este nuevo modo de pensar, que desde luego no es invención de Uribe, viene abriéndose paso en la práctica ‘legislativa’ y en la jurisprudencia de nuestro país, amparada por formas de pensamiento que germinaron en ‘otro mundo’ (¿el primero?) y se trasplantaron aquí sin reserva. Dos jalones, entre muchos, ilustran lo dicho: el decreto extraordinario 1923 de 1978, tristemente recordado como Estatuto de Seguridad, y la sentencia C456 de 1997 de la Corte Constitucional, de la que disentí en la compañía grata y honrosa de Alejandro Martínez Caballero. En el primero, la pena para el delito de rebelión, que era de 6 meses a 4 años de prisión, se cambió en presidio de 4 a 14 años, igualándola a la que existía para el delito de homicidio. Y en la segunda se abolió la conexidad del delito político con el homicidio y las lesiones producidas en combate, que en adelante se penalizarían como delitos autónomos (el terrorismo y los delitos atroces, incluido el secuestro, han sido siempre excluidos de la conexidad).
El actual gobierno ha sido abanderado, por labios del Presidente y algunos de sus más sobresalientes voceros, de la tesis que propugna la abolición del delito político como categoría penal acreedora de tratamiento más benigno, pues así lo exigen la práctica y la teoría democrática. Hasta allí nada grave que objetar. Solo que hay quienes, con razones, discrepamos de tal tesis: al fin y al cabo, se trata de una postura de filosofía política y de política criminal. Pero hay algo que sí es grave y preocupante: cuando en un debate el interlocutor, despreciando las leyes de la lógica, incurre en contradicción mayúscula, su discurso queda deslegitimado.
Juzguen los lectores. Según el discurso oficial, el delito político, por las ventajas que comporta, debe desaparecer de una democracia como la nuestra. Pero hay que enrevesarlo, preservando sus beneficios, para imputárselo a quienes no lo han cometido: los que se alzaron en armas, no para cambiar el régimen constitucional (que en eso consiste el delito político en su forma más característica), sino para defenderlo, a ciencia y paciencia de los gobernantes de turno o hasta convocados por ellos.
En el fondo, el mensaje implícito es preocupante: defender un gobierno como el actual (transgresor habilidoso de la Carta) debería ser delictuoso. Pero si se hace (además) por medios criminales atroces, merece el reconocimiento de beneficios.
Carlos Gaviria Díaz