ROCIO ARIAS SE ENTREGA Y REAFIRMA DENUNCIAS CONTRA EL SENADOR VELASCO POR VINCULOS CON PARAMILITARES

-La excongresista Rocío Arias se entregó hoy a la Fiscalia General de la Nacion, atendiendo la orden de detención librada en su contra dentro del sonado proceso de la para-politica.

La exparlamentaria insistió en denunciar los vínculos del senador Luis Fernando Velasco con los grupos paramilitares y sostuvo que tenía pruebas de ello.

Al ingresar a la Fiscalía General de la Nación Rocío Arias sostuvo que Velasco recibió dinero de dos bloques de las autodefensa para su elección en el congreso de la República.

Rocio Arias expresó: “No se si Luis Fernando Velaco es capas de mirarme a los ojos y decirme que estoy diciendo mentiras”.

La excongresista se presentó a la fiscalia, dos meses después de acogerse a sentencia anticipada, tras aceptar los cargos por concierto para delinquir y pedir a la Fiscalía ser procesada por el delito político de sedición.

Rocio Arias confesó haber hecho parte de las autodefensas pero sólo en el marco del proceso de paz que adelantó el gobierno con los principales jefes paramilitares del país.

“He dicho que colaboraré con la justicia colombiana y en eso ando”, dijo Rocio Arias.

OTRO FALSO POSITIVO

—Una indemnización de 360 millones de pesos deberá pagar la nación por la muerte de un campesino en un falso positivo del Gaula de la Policia.

El labriego Luis Alfonso Aguilar, administraba la finca El Arenal en Belmira, Antioquia y fue asesinado por los uniformados argumentando que se trataba de un secuestrador que se había resistido al arresto.

La muerte de Luis Alfonso Aguilar, según consta en el fallo del Consejo de Estado, se produjo en febrero de 1995, luego de que miembros de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional – Unase – llegaran a la finca en donde supuestamente iban a rescatar a un secuestrado, pero al no encontrarlo sacaron de su vivienda a Luis Alfonso Aguilar Arrieta, para después asesinarlo a sangre fria.

La providencia señala que después del homicidio perpetrado a 50 metros de la vivienda fueron ubicados por parte de los uniformados, una pistola Pietro Beretta, proveedores, una escopeta y una granada para simular un enfrentamiento, con el fin de vincularlo con grupos armados ilegales.

POLICIAS ATRACADORES
—Tres patrulleros de la policia fueron acusados por la fiscalia como responsables de los delitos de secuestro y extorsion y hurto calificado agravado.

La medida fue adoptada por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, contra los patrulleros Jader Argota Lafourie, Josué Pachecho Bustamante y César Eduardo Orduz Girón.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2007 en Puerto Inírida (Guainía), donde hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial, y tras identificarse como miembros de la banda emergente “Águilas Negras”, hurtaron una importante cantidad de dinero, amordazaron a la propietaria y le exigieron diez millones de pesos para no atentar contra su vida o la de sus familiares.

En el momento de la aprehensión, efectuada a partir de actos urgentes proferidos por la Sijin, a uno de los patrulleros le hallaron en los documentos personales un panfleto con mensajes extorsivos del frente 16 de las Farc, en el que se hacían exigencias económicas a los comerciantes.

Argota, Pacheco y Orduz se encuentran privados de la libertad en la Cárcel de Villavicencio.

CONDENA A EXPARAS

–Dos reinsertados de las autodefensas fueron condenados a 37 y 38 años de cárcel respectivamente por el asesinato de cuatro conductores en el municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia.

La sentencia fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, contra Luis Fernando Diosa Franco, alias ‘Juan’, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, y Francisco Antonio Galenao Montaño, alias ‘Henry’, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada.

Los dos sujetos fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, y cuádruple homicidio.

Los hechos sucedieron entre junio de 2003 y noviembre de 2004 en el municipio de Copacabana, donde fueron asesinados los conductores informales Jorge Iván Zapata Agudelo, Nicolás Humberto Castaño Acevedo, Jorge Eliécer Valencia Rave y Manuel Salvador Cardona Guiral.

De acuerdo con el fallo, las víctimas fueron amenazadas por un grupo paramilitar, presuntamente contratado por una empresa de transportes legalmente constituida en la zona, para evitar la competencia.

En este sentido, uno de los condenados reconoció a la Fiscalía que más de 60 conductores informales fueron obligados a asistir a una reunión efectuada el 1 de febrero de 2003, donde los paramilitares los amedrentaron para que dejaran el trabajo.

La Fiscalía estableció que después de reinsertados, los dos condenados continuaron su accionar delictivo en una organización criminal conocida como ‘La Meseta’, que opera en el municipio de Bello (Antioquia).

EL ESPIA DE LA ARMADA

–Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento impuesta a Ramel Antonio Marrugo Castro, como presunto integrante de una organización delincuencial que vendía cartas de navegación de la Armada Nacional a grupos de narcotraficantes.

De acuerdo con la investigación, las cartas de navegación contenían la posición tanto de las naves de la Armada, en aguas nacionales, como las de Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, en aguas internacionales. El conocimiento de esa información facilitaba el tránsito de embarcaciones con sustancias estupefacientes a Norteamérica y Centroamérica.

Por esos hechos, Marrugo Castro, quien era funcionario civil de Armada Nacional, fue asegurado el 31 de octubre último por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, Unaim, como supuesto coautor de concierto para delinquir, favorecimiento y espionaje.

Marrugo Castro, capturado el 23 de octubre de 2007 en Cartagena, se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario de la capital.

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