URIBE RESPALDA ENTREGA DE TIERRAS DE DESPLAZADOS A EMPRESARIOS AGRÍCOLAS

-El presidente Alvaro Uribe Vélez respaldó la decisión de su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias de entregar en concesión las tierras de la finca Carimagua, localizada en los Llanos Orientales, que en principio estaban destinadas a los desplazados por la violencia.

Según lo precisó el jefe del Estado en Monteria, lo mejor es entregarlas en concesión, sin que el Estado pierda el dominio, para adelantar allí grandes proyectos de agricultura empresarial, que se traduzcan en empleos de buena calidad y cuyos rendimientos sean para las comunidades desplazadas por la violencia.
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El primer mandatario consideró que esto es mejor que lotear la finca en pequeñas parcelas improductivas, donde los adjudicatarios sean condenados a vivir en ranchos, con dos o tres matas de plátano o yuca, en medio del rastrojo y la pobreza.

Uribe Velez dijo que sobre el tema hablo con el Ministro de Agricultura y con el Procurador.

El jefe del Estado añadio que visitó la finca de 17 mil hectáreas, y se pensó que se podía allí hacer un gran sentamiento de desplazados. Sin embargo añadio que no hay desplazados cerca y que las tierras son ácidas.

“Tememos que si simplemente se distribuyen en pequeñas parcelas, eso se vuelva rastrojo y rancherío de pobreza e improductivo”, advirtió el presidente.

Insistio en que la mejor alternativa es entregar esas tierras en cocnesión, argumentando que “para el país es más interesante tener grandes proyectos de agricultura empresarial, intensivos en generación de empleos de buena calidad, que simplemente lotear esos predios en pequeñas parcelas, condenar a los adjudicatarios a vivir en unos ranchos, con dos o tres matas de plátano o dos o tres de yuca, rastrojo y pobreza”.

El jefe del Estado dijo que “otra de las decisiones que se ha tomado, bien importante para el país (y la quiero comunicar desde Montería), es que la parte oriental del departamento del Meta, la parte del Vichada, donde hay grandes terrenos en sabanas, que no han sido titulados, no han salido del dominio del Estado y que son una gran reserva para el Estado y la sociedad colombiana, la decisión que se ha tomado en el Gobierno, en el Ministerio de Agricultura, es no adjudicarlos a particulares, no titularlos a particulares, sino organizar proyectos de concesiones. Se entregan en concesión sin que salgan del dominio del Estado. Se entregan en concesión. El Estado preserva la propiedad. ¿Concesiones para qué? Para hacer agricultura empresarial, de alta competitividad, de alta generación de empleo y de empleo de buena calidad. Pienso que eso es bueno para el país”.

El Presidente instruyó al Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, para que explique al Procurador, Edgardo Maya, la situación de la finca Carimagua y la fórmula que plantea el Gobierno Nacional.

“Le pedí al Ministro de Agricultura que se reuniera… con el señor Procurador, que le contara todo lo que allí ha pasado y le dijera cómo ese proyecto de agricultura empresarial puede ser bondadoso en generación de empleo, bondadoso en afiliación a la seguridad social. Y cómo puede buscarse que dentro de la firma concesionaria participen grupos de desplazados. Y que finalmente lo que recibe el Estado como contraprestación por la concesión, se lleve a los fondos para los desplazados”, indicó el Presidente.

HABLA EL MINAGRICULTURA

–El Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se reafirmó en la decisión de entregar en concesión a empresarios particulares la finca Carimagua, en los Llanos Orientales para adelantar grandes proyectos de agricultura industrial.

Arias argumentó que la política del Gobierno es entregar tierra de buena calidad a los desplazados y a los campesinos, contrario a lo que se hacía antes, que era darles tierras infértiles que hoy están abandonadas.

Añadio que la politica de la administración actual es que tierra que se le arrebate a la mafia y que es buena, se entregue a los campesinos.

dIJO que allá mismo en Puerto Gaitán o en el Meta se han entregado más de 14 mil hectáreas a familias desplazadas y campesinas.

Subrayo que además se tiene abierta una convocatoria por 60 mil millones de pesos que le seran entregados a los desplazados para que compren una finca, pero con tierras de buena calidad.

PETICION DEL PROCURADOR

–La Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministerio de Agricultura la revocatoria directa del Acuerdo que autoriza al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para adelantar programas y proyectos de cultivos a escala agroindustrial en las 17 mil hectáreas del predio denominado Carimagua, ubicado entre los departamentos de Meta y Guaviare.

El ministerio público consideró que el acto administrativo cuestionado no preserva los fines superiores consagrados en la Constitución por cambiar la destinación de la cesión del terreno, que inicialmente se iba a entregar a una población de desplazados, para desarrollar un proyecto empresarial.

Según la Procuraduría, el Incoder debió contribuir con las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada a superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno, tal como lo ha ordenado en sus sentencias y en su jurisprudencia la Corte Constitucional.

Al cambiar la destinación del predio Carimagua, el Consejo Directivo del Incoder, no solo vulneró los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de estas personas, sino que impidió que recibieran la mínima atención del Estado enmarcado en el deber de solidaridad por lo que el acuerdo cuestionado está en contravía del interés público y social, precisó la Procuraduria.

“El Consejo Directivo del Incoder, y su gerente general, no dieron muestra alguna de querer cumplir con los deberes establecidos en la Constitución, lo cual se corrobora con la solicitud del cambio de destinación del predio Carimagua que hicieron al (Instituto Colombiano Agropecuario) ICA”, estableció la Procuraduría al concluir que el acto administrativo no se ajusta al principio de legalidad, al bloque de constitucionalidad ni a lo exigido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T- 025 de 2004 y los respectivos Autos proferidos para lograr la eficacia de la decisión”.