PROCURADURIA CONFIRMA LISTA DE 34 PERSONALIDADES “CHUZADAS” POR INTELIGENCIA DE LA POLICIA

-Entre los años 2005 y 2007, fueron “chuzados” los teléfonos de 34 personalidades en el país, reveló la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el informe del ministerio público, de la lista hacen parte trece periodistas, tres congresistas, nueve ex funcionarios del gobierno, algunas ONG y miembros de la Iglesia, Cruz Roja y la organización de Estados Americanos, OEA.

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer el listado de personas afectadas por las interceptaciones telefónicas, al notificar la destitución de tres tenientes coroneles, una mayor y un intendente de la misma institución, como responsables de ese procedimiento sin orden judicial.

La grabación indiscriminada de las comunicaciones se hizo en desarrollo del proceso de paz con los grupos paramilitares y afectó a llamadas efectuadas por periodistas, personalidades del acontecer nacional y altos funcionarios designados en el área de Santa Fe de Ralito.

Entre los periodistas se encuentran Lina María Correa Jaramillo, Claudia Gurisatti, Orlando León Restrepo Escobar, Roberto Llanos Rodado, María Alejandra Villamizar, Ricardo Calderón, Lewis Acuña, Julio Sánchez Cristo, Natalia María Springer, Enrique Rivas, Alfredo Bustillo, Álvaro Sierra y Ernesto McCausland.

Entre las personalidades chuzadas figuran el comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, así como miembros de su oficina como Juan B. Pérez Rubiano y Jorge Vargas Peña.

Entre los congresistas, aparecen Eleonora María Pineda Arcía, Rocío Arias Hoyos y Carlos Moreno de Caro.

De los funcionarios del gobierno, encabeza la lista de la Procuraduría el entonces ministro de Interior Sabas Pretelt de la Vega, así como Eduardo Pizarro Leongómez (hoy presidente de la CNRR), Abelardo de la Espriella, María Inés Restrepo Cañón y Jaime Jaramillo Panesso.

Entre los funcionarios de la OEA quienes aparecen en el listado de teléfonos ‘chuzados’ están Sergio Caramagna, actual comisionado de ese organismo para el proceso de paz con las autodefensas, Lucas Pineda, Leonardo Alba Mejía y Cruz Elvira Correa Restrepo.

Juan Pedro Schaerer y Francisco Javier Cerero, eran los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja que también resultaron rastreados.

El sacerdote Julio César Vidal, de Montería, un funcionario del Inpec, de apellido Ortiz, los teléfonos del Colectivo de Abogados Alfonso Reyes Echandía, y el asesor Alejandro Albarracín, completan la lista.

Estos teléfonos fueron interceptados sin orden judicial previa y por eso la Procuraduría destituyó el lunes a cinco oficiales de la Dirección de la Policía Nacional.

Ellos fueron el General Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol); el Teniente Coronel Luis Antonio Ruda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel Jairo Noé Ariza González, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel John Lizarazo Suárez, jefe del Grupo de Seguridad Interior y la Mayor Gloria Lucía Otálora Gómez, jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol.

LOS DESTITUIDOS

Los seis efectivos de la Policía Nacional destituidos por la “chuzada” de telefonos, son: el General Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol); el Teniente Coronel Luis Antonio Ruda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel Jairo Noe Ariza González, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel John Lizarazo Suárez, jefe del Grupo de Seguridad Interior y la Mayor Gloria Lucia Otálora Gómez, jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol.

El integrante del nivel ejecutivo también sancionado es la intendente Alisneider Gómez Rondón, quien hacia parte del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol y ejercía como administradora del servidor de la entidad. Contra el efectivo, también se impuso una inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos.

El general Chávez Ocaña, según el fallo, deberá, igualmente, cumplir una inhabilidad general de 16 años para ejercer funciones públicas; igual medida se tomó contra el teniente coronel Ariza González. Al teniente coronel Ruda Veloza se le impuso una inhabilidad de 13 años y a la mayor Otálora Gómez de 18 años.

Aunque las interceptaciones ilegales ocurrieron durante los años 2005 y 2007, la Procuraduría centró sus investigaciones en las comunicaciones que fueron filtradas a los medios de periodísticos en mayo de 2007 para mantener en el anonimato de las personas víctimas de este monitoreo ilegal y proteger su derecho a la intimidad.

En este caso, concluyó el Ministerio Público, los miembros de la Dipol investigados desconocieron los derechos fundamentales de quienes participaban en las negociaciones de paz, de los visitantes que ingresaban a las zonas de ubicación previstas con la debida autorización de las instancias gubernamentales encargadas del proceso y de los residentes de la zona.

La Procuraduría encontró, además, como conductas conexas, la existencia de funcionamientos inadecuados de los medios de vigilancia física como tarjetas de acceso y cámaras de vigilancia, ingreso indiscriminado por bloques al repositorio de información de inteligencia, la ausencia de backup adecuados y falta de seguimientos a los logs de seguridad en el manejo de la información reservada a cargo de la Dipol, lo cual facilitó la filtración de información y el borrado de evidencia con el ánimo de entorpecer los controles y las investigaciones.

Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, señalo la Procuraduría al fundamentar la decisión, la Corte ha establecido que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, en particular, por agentes del Estado, requiere de orden judicial y excluye de estas decisiones a la autoridad administrativa.

Nada autorizaba a estos servidores públicos, reiteró la Procuraduría en el fallo, que desconocieran la prohibición de interferir comunicaciones privadas en presencia de un proceso de paz y en el cual cada organismo judicial y de la Fuerza Pública cumplía sus funciones, incluyendo la Dijin y la Fiscalía General de la Nación.

Para el Ministerio Público, la actividad de inteligencia se debe cumplir bajo la tutela permanente de la Constitución y en el marco de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos y en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Adjunto se incluye la lista de los reportes técnicos de las personas cuyas comunicaciones fueron interceptadas (los textos y contenidos de estas comunicaciones fueron apartados de la investigación). Sin embargo, se aclara que en las inspecciones adelantadas se detectó que hubo más de 1.900 registros que fueron borrados y no recuperados, y que posiblemente hayan sido filtrados, concluye el informe de la Procuraduría General de la Nación.