A LAS BUENAS O A LAS MALAS, LOS EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE BOGOTÁ DEBERAN PAGAR 131 MIL MILLONES POR CHATARRIZACIÓN

-Los transportadores bogotanos deberán consignar, a las buenas o a las malas, 131 mil millones de pesos, que corresponden a los dineros que no cancelaron debidamente al fondo de chatarrización.

Así lo notificó la Procuraduría General de la Nación, que advirtió que si los empresarios persisten en negarse a cancelar los dineros, con los intereses causados por la mora en el pago y las multas correspondientes, deberan seguir su curso los procesos penales para obligarlos a cumplir esa obligación, establecida en el decreto 115 de abril de 2003.

El citado decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá creo el factor de calidad para efectos de reducir la sobreoferta del transporte existente en Bogotá; desde el 16 abril 2003 que entró vigencia este decreto, los empresarios tenían la obligación de hacer el recaudo, que actualmente equivale a 18 pesos de cada una de las tarifas que hoy se pagan por el servicio.

El ministerio público presentó su posición en el marco de la mesa de concertación en la que los transportadores bogotanos pretendían pactar acuerdos de pago, solicitaban la condonación de los intereses e inclusive un periodo de gracia de 18 meses de plazo para cancelar los dineros del Distrito que serán invertidos en el proceso de chatarrización de los vehículos de Transporte Público Colectivo.

La Procuraduría señalo la necesidad de iniciar el proceso de recuperación de estos recursos que ascienden a cerca de 71 mil millones de pesos, así como de los intereses legales moratorios generados del 12 por ciento anual, equivalentes a unos 44 mil millones de pesos.

A la fecha de las 66 empresas transportadoras de Bogotá 4 han cancelado la obligación en cuanto al capital se refiere, mientras que las otras 62 adeudan dicho capital más intereses legales moratorios y multas, lo que ha provocado serias consecuencias para la ciudad que se ven reflejadas en la sobreoferta del parque automotor.

Los transportadores se han negado a considerar siquiera la posibilidad de cancelar los intereses legales por mora y cualquier tipo de multa, por lo que la Procuraduría notifico que no queda otra alternativa que avanzar los procesos penales y administrativos en curso.

El alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, sin embargo, asumio una actitud concilitoria y se mostro de acuerdo en concederles un plazo a los transportadores para cancelar la multillonaria deuda. Los empresarios solicitan un plazo de 36 meses, pero el Distrito considera posible solo 18 meses.