La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), definirá este lunes si acepta o no dictar medidas cautelares en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia al senador Luis Eduardo Vives, tal como lo solicitó la defensa del congresista.

Ayer, la Comisión debía pronunciarse en Washington, pero aplazó la decisión porque se trata de un «asunto sensible, que tiene una gran dimensión política y podría traer implicaciones en todos los procesos que adelanta la Corte Suprema», explicó el abogado Jaime Granados, defensor de Vives.

La solicitud de medidas cautelares tiene por objeto la aplicación de garantías antes de que se produzca la condena, cuando las partes involucradas consideran que existen vulneraciones al debido proceso.

En el caso de Vives, la defensa ha argumentado ante la Comisión, la posibilidad de que se produzca un «daño irreparable consistente en una sentencia dictada en un proceso cargado de graves violaciones a los derechos humanos».

Granados aseguró que a su defendido se le ha vulnerado el derecho al debido proceso: «La Corte es juez y parte, porque investiga y juzga. No estamos ante un tribunal imparcial». En segundo lugar, «como es un proceso que se lleva en una sola instancia no se puede apelar, cuando se da la privación de la libertad o la condena. Tan delicado es esto que la Comisión ha obligado a modificar leyes en algunos países y hasta repetir juicios como ya ocurrió en Nicaragua y Argentina».

Y por último, para Granados, la Corte Suprema está desconociendo el principio de presunción de inocencia de los investigados y ha limitado las posibilidades de la defensa.

«Si la Comisión decide a favor nuestro, a la Corte se le pueden derrumbar los casos porque en estos procesos se está negando la justicia», afirmó Granados