El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi aprobó ayer que la inmigración ilegal sea un delito en Italia, al término del primer Consejo de Ministros, celebrado en la ciudad de Nápoles y que duró cuatro horas.

La tipificación como delito de la inmigración ilegal con penas que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato del magnate de la comunicación de 71 años, que fue declarada parcialmente inconstitucional en 2004.

Ahora será recogida en un proyecto de ley que se remitirá al Parlamento, mientras que otras medidas de lucha contra la inmigración clandestina y consideradas urgentes fueron incluidas en un decreto, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini.

Antonio Di Pietro, líder del partido opositor Italia de los Valores, insistió ayer en que no puede ser un delito, “ya que no sólo produciría millones de fugitivos, sino que costaría al Estado entre 45 y 50 mil millones de euros”.

De otro lado, Berlusconi adoptó ayer una serie de medidas severas para salvar a Nápoles del drama de las basuras, tras declarar los vertederos como zonas de interés estratégico nacional y que serán vigilados por militares.

La ley contempla…

1. Expulsión de un extranjero cuando ha sido condenado a una pena superior a dos años.

2. Aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un indocumentado, y fija la permanencia máxima en centros de acogida en 18 meses.

3. Los padres inmigrantes que permitan la mendicidad de sus hijos, pueden ser encarcelados por tres años y perderían la patria potestad.

4. Quienes alquilen viviendas a extranjeros ‘sin papeles’ podrán ser condenados a entre seis meses y tres años de privación de libertad o pagar multas de hasta 150 mil euros.