La Corte Constitucional se abstuvo de revisar la legalidad del acto legislativo que aprobó, en el 2004, la reelección presidencial. Así lo determinó, por mayoría de votos, el Alto Tribunal este miércoles en su Sala Plena.

Según la Corte, el llamado principio de cosa juzgada, además de la Constitución Política y su propia jurisprudencia le impiden pronunciarse sobre fallos o actos legislativos sobre los que ya se ha pronunciado. A esto se suma el que ha pasado más de un año desde que se emitió el fallo judicial.

De esta manera, la Corte se pronunció frente a la posibilidad que desde el jueves pasado abrió la Corte Suprema de Justicia, al condenar a 47 meses de prisión, a la ex representante a la Cámara Yidis Medina Padilla, quien reconoció haber incurrido en un delito para aprobar la reelección presidencial.

“Las razones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión, indicación que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara y manifiesta desviación de poder”, sentenció la Corte Suprema el jueves pasado.

Sin embargo, la Corte Constitucional cerró las puertas a las pretensiones de la demanda instaurada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras organizaciones, quienes consideraron que las declaraciones de Yidis Medina y el delito en el que incurrió abrían esa posibilidad.