La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó en las últimas horas una acción de tutela interpuesta por la defensa del ex gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, en la que se pedía su inmediata libertad, argumentando abuso de poder de parte de los fiscales que profirieron su detención.

Para la Corte la detención de Ardila estuvo ajustada a la ley, recalcando que no existió abuso de poder de parte del ente investigador.

Ardila, quien no alcanzó a terminar su periodo como gobernador de Cundinamarca, permanece recluido en la cárcel la picota de Bogotá desde el pasado 26 de diciembre, procesado como presunto responsable de los delitos de extorsión y prevaricato.

Según la investigación de la Fiscalía, el mandatario obligó a 51 mineros a vender sus derechos para la explotación de una mina de gravilla en el municipio de Ricaute (Cundinamarca).

Los investigadores comprobaron que el propio gobernador pagó con su dinero a los mineros y luego le entregó la explotación de la arenera a la empresa Sap Agregados, en donde aparecen como socios varios de los miembros de su despacho.

Con este nuevo pronunciamiento, el polemico ex gobernador seguirá en la cárcel, hasta tanto la justicia emita un fallo.