Drásticas medidas, que incluso van hasta la judicialización de los promotores del paro, anunció el ministro del Interior y Justicia (hoy con funciones presidenciales).

Tras cerca de cuatro horas de reunión, los representantes del Gobierno anunciaron que no hubo acuerdo con funcionarios y empleados de la Rama Judicial que cumplen ya 25 días de paro.

Dentro de las medidas adoptadas está el no pago de salarios para los funcionarios que persistan en el cese de actividades, hasta el nombramiento de jueces para que asuman temporalmente el trabajo de los que hoy se encuentran apoyando la protesta.

El siguientes es el texto del comunicado leído por el propio ministro Valencia Cossio:

El Ministro del Interior y de Justicia Delegatario de las Funciones Presidenciales, reunido con representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, en sus salas Administrativa y Disciplinaria, el Departamento Administrativo de la Función Pública, y la Policía Nacional,
Comunica:
Que a pesar de las dificultades fiscales, el Gobierno Nacional ha hecho importantes esfuerzos para revertir el actual paro judicial y atender las peticiones hechas por ASONAL JUDICIAL, ofreciendo 66 mil millones de pesos para mejorar la remuneración de jueces y empleados de la rama jurisdiccional.
Que después de una evaluación sobre las consecuencias del paro de la justicia ordenado por ASONAL JUDICIAL, se han registrado 1.026 liberaciones de delincuentes que, habiendo sido capturados, no han podido ser judicializados.
Que los delitos cometidos por los delincuentes liberados, corresponden especialmente a homicidios, violencia intrafamiliar, lesiones personales, hurto, entre otras conductas delictivas.
Que la suspensión del servicio fundamental de la justicia, afecta gravemente a los ciudadanos y pone en peligro la seguridad de la comunidad.
Que durante los 21 días de paro se han dejado de proferir 65 mil providencias de fondo, con un costo social que afecta de manera directa a cerca de 250 mil ciudadanos.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, hemos decidido tomar las siguientes medidas tendientes a restablecer este servicio público fundamental:
1. A partir de la fecha, se verificará el pago de salarios sólo a los funcionarios y empleados que reanuden normalmente sus labores.
2. A partir de la fecha, se iniciarán las acciones disciplinarias contra los funcionarios y empleados que persistan en el cese de actividades.
3. A partir de la fecha, se incrementará la planta de jueces de emergencia que atenderán los delitos de alto impacto social, acciones de tutelas, hábeas corpus y la resolución de medidas relacionadas con la libertad.
4. A partir de la fecha, la Fiscalía General de la Nación iniciará las investigaciones que procedan contra los funcionarios y empleados que persistan en el cese e incurran en violaciones de la ley penal.
5. Para los efectos anteriores, a partir de la fecha, la Fiscalía General de la Nación, las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial y el Ministerio de la Protección Social, procederán a la constatación del paro y a la individualización de sus promotores.
6. La Policía Nacional fortalecerá el dispositivo de seguridad en las sedes donde funciona la justicia, con el propósito de dar garantías plenas a los funcionarios que se reintegren a sus labores y a los ciudadanos que acudan a este servicio público esencial.
7. Se reitera por las entidades aquí representadas, la voluntad de seguir dialogando y concertando con los representantes de los servidores de la rama jurisdiccional.
Dado en Bogotá, el día 24 de septiembre de 2008.