–El Ministerio de la Defensa Nacional radicó ante la Secretaría General del Senado de la República un proyecto de ley para regular el sector de Vigilancia y Seguridad Privada en el pais.

La iniciativa, elaborada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, busca entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales de más de 170 mil vigilantes que hay en el territorio nacional.

El proyecto establece una serie de herramientas de control para que la SuperVigilancia, en coordinación con otras entidades del Estado, garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones obrero patronal.

Tambien contempla un seguro de vida que cubra los riesgos generados por la actividad desarrollada por los guardas de seguridad y la creación del Sistema de Capacitación y Entrenamiento con calidad y eficiencia que conduzcan a la dignificación del oficio del guarda de seguridad.

Otros objetivos fundamentales del proyecto son los siguientes:

Establecer profundos cambios en los esquemas de autoprotección que contempla la actual legislación, como son los servicios comunitarios y los departamentos de seguridad.

Se redefinen los servicios comunitarios de seguridad privada partiendo de una visión y unas necesidades más urbanas y estableciendo una serie de requisitos en aras a ejercer un control efectivo sobre éstos, como por ejemplo, el hecho de que sólo puedan ser solicitadas por personas jurídicas, con lo cual se busca garantizar un “titular visible” que asuma los riesgos y las responsabilidades inherentes a dicha actividad.

Según lo explicó el Superintendente, Felipe Muñoz Gómez; “Con este nuevo enfoque de los servicios comunitarios buscamos que en el sector residencial, por ejemplo, y en especial en aquellos conjuntos o edificios de propiedad horizontal que en la actualidad tienen contratado de manera ilegal el servicio a través de figuras como la “conserjería” o “portería”, que no están contempladas por la Ley colombiana, puedan establecer su propio servicio de autoprotección dentro del marco de la legalidad, en el cual se garantice el pago legal a los vigilantes y otra serie de requisitos como pólizas de seguros, la capacitación al personal y la acreditación de sus vigilantes por parte de la SuperVigilancia.

En igual sentido, los Departamentos de Seguridad Privada sólo podrán ser solicitados previa certificación del riesgo de un agente competente y sólo por personas jurídicas, – en la actualidad lo pueden solicitar también personas naturales –, con lo cuál se busca que la SuperVigilancia pueda ejercer un mayor control sobre los mismos.

Mayores herramientas de control para la Supervigilancia: Con el objeto de combatir la ilegalidad en la prestación del servicio se fortalecen los instrumentos con que cuenta la Supervigilancia, a través del establecimiento de un nuevo régimen cautelar y sancionatorio, bajo el principio del debido proceso.

Estimular el desarrollo empresarial del sector: En tal propósito se amplia el término de las licencias de funcionamiento hasta por 10 años, se desregularizan algunos trámites innecesarios como las licencias previas y se elevan las barreras de acceso al mercado con lo cual se busca garantizar una mayor idoneidad de quienes prestan el servicio.

En igual sentido se crea la necesidad de generar un contrato de condiciones uniformes en el que se establezcan las obligaciones mínimas que deben ofrecer las empresas a sus clientes, con el fin de estimular la sana competencia. También se fija la posibilidad del multiservicio, exceptuando las transportadoras de valores, blindadoras y escuelas de capacitación, que deben operar de manera especializada.

Establecer reglas de juego claras: con el objeto de generar igualdad en las condiciones empresariales que estimule la sana competencia, se permite la entrada de inversión extranjera dentro del sector, como quiera que en la actualidad tan sólo un limitado número de empresas puede acceder al capital extranjero. Además, como una fuente alterna de financiación, que promueva el crecimiento y desarrollo empresarial.