Alcaldes piden más armas legales para combatir el armentismo civil

–Los alcaldes de las principales ciudades del país, reunidos en una cumbre en Bogotá, reclamaron al gobierno nacional la destinación de un porcentaje mayor de la llamada Seguridad Democrática, para atacar la inseguridad en sus respectivas jurisdicciones.

Así lo informo esta mañana en Radio Santa Fe la secretaria distrital de gobierno, Clara Lopez Obregón, quien subrayo que los mandatarios locales demandaron también la aprobación de un proyecto de ley que faculta a los alcaldes para restringir el porte de armas en sus respectivas jurisdicciones.

La funcionaria destacó que actualmente hay 3 millones y medio de armas de fuego en poder de los civiles, de las cuales, solo un millón 250 mil están amparadas por salvoconductos y las demás, son ilegales.

Además de las armas de fuego, un numero mayor de armas blancas, están en poder de civiles, añadio la secretaria de gobierno de Bogotá, por lo cual se pide también sacar adelante el proyecto de ley que restringe y sanciona el porte de este tipo de armas.

Destaco que otro tema tratado en la cumbre de alcaldes tiene que ver con la necesidad de una reforma al Códido Nacional de Policia, para imponer normas de convivencia ciudadana y dotar a las autoridades de armas legales para combatir, entre otros fenómenos, la venta de licor.

Bogotá, Cali, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Pereira, Manizales y Tunja acordaron la construcción de una agenda común de gestión de convivencia y seguridad ciudadana en las ciudades colombianas.

En las conclusiones, los alcaldes destacaron la pertinencia y utilidad del diálogo entre las autoridades, las instituciones y la sociedad civil, para la definición de políticas públicas, programas y acciones en un campo tan prioritario para la gobernabilidad y el desarrollo humano, económico, político y social de sus comunidades.

También enfatizaron en la urgencia de adelantar acciones concretas de cooperación entre las autoridades locales, las instancias del orden nacional, la Fuerza Pública, las agencias de investigación y los organismos de justicia, lo mismo que el Ministerio Público y los entes responsables de la protección y promoción de los derechos humanos para el mejoramiento de los indicadores de convivencia y la reducción sostenida las tasas de violencias y delitos en sus territorios.

Consideraron necesario trabajar en una agenda común de gestión en convivencia y seguridad ciudadana, que trabaje prioritariamente en los siguientes temas:

Sobre la financiación de la seguridad, “si bien apoyamos la continuidad del impuesto al patrimonio para financiar la sostenibilidad de la política de seguridad, un porcentaje del mismo debe destinarse a la financiación de los programas de seguridad ciudadana y convivencia en las ciudades”.

Sobre el desarme ciudadano, “insistimos en el apoyo a la iniciativa de origen popular para reformar la normatividad vigente sobre porte y tenencia de armas de fuego, particularmente, en la necesidad de otorgarle a las autoridades locales la competencia directa para restringir en sus territorios el porte de armas. Igualmente la necesidad de una legislación que restrinja y sancione el porte de armas blancas.”

También consideraron necesario generar un sistema de información nacional sobre las armas que produce o expende la industria militar, para tener un empadronamiento que permita un seguimiento y control de dichas armas en el territorio colombiano.

Las conclusiones también hacen referencia a un impulso conjunto de la reforma del Código Nacional de Policía, el Código de Infancia y Adolescencia; Ley 232 y otras normas, que hagan posible una más eficaz gestión en la prevención y el control de las conflictividades, las violencias y los delitos.

Tras la cumbre de alcaldes, los asistentes consideraron necesario trabajar en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la policía, una policía mejor capacitada para enfrentar las realidades y conflictividades urbanas, demandando a las autoridades del orden nacional una respuesta más clara frente a las posibilidades de un crecimiento real del pie de policía en todas las ciudades.

De igual manera, los alcaldes demandan el fortalecimiento de la policía judicial; dándole más apoyo técnico; mejorando las condiciones de su movilidad y de sus comunicaciones.

Así como crear un sistema nacional por la defensa de la vida, por la disminución de la violencia homicida y la promoción y defensa de los derechos humanos y trabajar en el fortalecimiento de la gestión y el procedimiento judicial para la lucha contra la impunidad.

Para hacer seguimiento y evaluación a los compromisos adquiridos durante esta cumbre se acordó llevar a cabo una reunión trimestral de Secretarios de Gobierno, de una parte, y un encuentro semestral de Alcaldes que se alternarán por las distintas ciudades
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El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, durante su intervención en el Encuentro de Alcaldes de Ciudades Principales, se unió a la gran preocupación de la mayoría de los burgomaestres que asistieron a la cumbre sobre la necesidad de un mayor control a la venta, distribución y comercialización de las armas en Colombia.

Naranjo manifestó que la polémica sobre lo positivo o lo negativo que puede resultar la tenencia de armas para una persona, es un debate trasnochado que hace muchos años se dio en Europa, pero que aún en América Latina continúa vigente. “El monopolio de las armas debe recaer sólo en las autoridades”, manifestó el alto oficial.

Para el general Naranjo, es el momento propicio para que se abra esta discusión y agregó que “no podemos discriminar entre armas ilegales y legales, el Estado debe ocuparse absolutamente de todo tipo de armas; quiero que nuestra posición quede clara y que no haya lugar a dudas”, expresó.

Explicó que es partidario de que una persona pueda tener armas en su sitio de residencia y que sólo las utilice en caso de que su vivienda sea violentada, pero que no está de acuerdo con el porte de armas en las calles. “Aquí debemos acabar con esa falsa idea de que el porte de armas previene los delitos, o que andar armado produce protección y defensa”.

En contravía del consenso general de los Alcaldes asistentes al encuentro, sobre la posibilidad de que si bien la política de la Seguridad Democrática ha arrojado resultados en el perímetro rural, no sucede lo mismo en las ciudades, y por el contrario se podría estar viendo un rebote en las principales capitales del país.

El director la Policía Nacional aseguró que esa estrategia apunta tanto a combatir el conflicto armado, así como a la delincuencia común en las grandes urbes. “Me niego a creer que este enfoque esté desbordando los delitos y las violencias en las ciudades”.

Naranjo expresó que si bien aún son muchos los desafíos y retos que faltan, es bastante lo que se ha avanzado en los últimos años, especialmente en el tráfico de estupefacientes. “Tenemos que ser enfáticos: Colombia no ha perdido la guerra contra el narcotráfico. Y a diferencia de algunos países vecinos que tratan de opacar el tema, nuestra Nación por el contrario, lo ha visibilizado y lo ha enfrentado”.

Al señalar algunos estudios de carácter internacional, Naranjo destacó que Colombia ocupa unos niveles inferiores a muchos países de América Latina en materia tanto de victimización como de percepción de inseguridad