La guerrilla de las Farc tiene encima la mirada de la Corte Penal Internacional por mantener en sus filias a menores de edad y el secuestro de numerosos colombianos, entre ellos militares y policías, según lo aseguró este martes en Radio Santa Fe el embajador de Colombia en La Haya, Francisco Lloreda.

Los pronunciamientos los hizo a propósito de la finalización de la salvaguardia, por siete años, para la intervención del alto tribunal, que impuso el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango y que refrendó su sucesor, Alvaro Uribe Vélez.

El embajador Lloreda subrayó que el reclutamiento de menores y el secuestro, son temas sensibles para la Corte Penal y por ello tiene a colombia bajo observación.

Sin embargo, el diplomático advirtió que las masacres y otros crímenes que cometieron estas agrupaciones ilegales y los mismos paramilitares, en el pasado– por lo menos antes del 2002 – no podrán ser investigados ni judicializados por el alto tribunal porque su actuación es hacia futuro y no retroactiva.

Lloreda destacó, no obstante, que hay investigaciones en curso, la justicia colombiana está actuando y que por ahora no se requiere la intervención de la Corte Penal Internacional, que debe tenerse como una “aliada contra la impunidad”.

Empero subrayó que a futuro cualquier proceso de paz no podrá realizarse en términos de amnistía o indulto y que los jefes e integrantes de los grupos armados no podrán eludir la cárcel por los crímenes cometidos.

En todo caso, aclaró el diplomático, la intervención de la Corte Penal Internacional solo se producirá cuando la justicia colombiana sea inoperante y deje en la impunidad los crímenes atroces.