Procuraduría dice no a matrimonio entre homosexuales en Colombia

julio 15, 2010 12:17 pm

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional desechar una demanda mediante la cual se pretendía legalizar el matrimonio entre homosexuales en Colombia. El pronunciamiento coincide con la decisión que adoptó la víspera el senado de Argentina de aprobar la unión entre parejas del mismo sexo.

La demanda fue instaurada por dos ciudadanos contra el articulo 113 del Código Civil y el articulo segundo de la Ley 294 de 1996, al considerar que “vulneran la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad”, por el hecho de que solo reconoce el matrimonio y la familia heterosexuales y atribuye a la unión matrimonial fines pro creativos.

En el concepto presentado a la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, concluye que la definición de matrimonio adoptada por el artículo 113 del Código Civil tiene justificación constitucional y que no implica una omisión legislativa que suponga una discriminación injusta contra las personas convivientes del mismo sexo o contra las personas sexuales que deba ser declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Añade que es razonable y justo que a las parejas homosexuales se les de un trato distinto, porque el matrimonio y la familia tienen una naturaleza, identidad constitucional y unas finalidades específicas, entre otras, con las que no se corresponde la realidad de las parejas convivientes del mismo sexo, luego es razonable y justo que se les de un trato distinto.

En este sentido, en su concepto el Procurador General de la Nación explicó que el matrimonio y la familia tienen una dimensión ius fundamental y una dimensión ius constitucional que además explican porqué existe una reserva constitucional de acuerdo con la cual algunas notas esenciales del matrimonio son: (i) ser una institución jurídica, (ii) ser una relación familiar, (iii) ser una relación jurídica, (iv) constituirse mediante un vínculo jurídico único y mutuo; (v) ser un derecho fundamental, (vi) vincular jurídicamente a un hombre y una mujer, (vii) generar derecho y deberes entre los cónyuges y (vii) estar abierto a la procreación y a la educación de los hijos, así como a la realización de las personas de los cónyuges.

Así, con fundamento en las normas constitucionales, las reglas constitucionales establecidas en las jurisprudencia de la Corte Constitucional y algunos tratados internacionales de derechos humanos, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que se abstuviera de pronunciarse de fondo sobre las demandas descritas, y en su defecto, que declarara la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil, en tanto que sostuvo que este último incluso fue “constitucionalizado” por la Carta Política de 1991.

Por último, el Procurador General de la Nación sostuvo que la definición de familia y matrimonio adoptada por el constituyente y desarrollada por el legislador en nada niega el reconocimiento que se ha hecho, principalmente por vía de la jurisprudencia constitucional, de los derechos patrimoniales de las parejas convivientes del mismo sexo.

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