Al otro lado de la línea y en trasmisión nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, suplicaba por que el fuego cesara, desafortunadamente, no fue así y su cadáver jamás fue hallado; al mismo tiempo, sobre la calle 12 con carrera Séptima, el coronel Alfonso Plazas Vega comandaba una misión casi absurda, intentar rescatar a la mayoría de secuestrados posibles.

¿Coronel por que esta peleando usted? – preguntó el periodista Jairo Pulgarín, quien por esos días era corresponsal de Caracol, el rezagado oficial le contestó – Estoy luchando por la democracia!!

Era un poco más de las 10 de la mañana, del 6 de noviembre de 1985 cuando un comando de por la entonces guerrilla del M-19 (Ahora uno de los movimientos políticos más importantes del país) irrumpió por la carrera Octava con calle 12, la puerta de parqueo del Palacio de la Justicia, sede del Poder Judicial, la cual alberga a los Altos Tribunales incluyendo a la Corte Suprema.

Ese fatídico día, los magistrados de la Corte en pleno se reunieron para abordar la ley de extradición, la cual le daría la facultad al Gobierno Nacional para permitir que los narcotraficantes fueran juzgados en los Estados Unidos.

Es así que el M-19, financiado por el grupo de los extraditables, un grupo surgido de la unión del cartel de Cali y el cartel de Medellín, encabezados por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Orejuela, decide ese día atacar el Palacio de Justicia.

La toma del Palacio de Justicia demostró lo impensable, unas 350 personas que trabajaban en el recinto fueron secuestradas por los guerrilleros quienes no dudaron en cegar vidas simplemente por sospecha.

Según indagaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de la Verdad conformada por el Gobierno Nacional en el año 2000, este sangriento levantamiento tuvo una duración de 28 horas, en las cuales alrededor de 100 personas perdieron la vida, incluyendo a 11 magistrados, varios empleados de la cafetería y visitantes al recinto.

Las versiones de presuntos testigos y los mismos comunicados oficiales coinciden que no se sabe el número de guerrilleros muertos, aunque se conoce que un grupo de asalto conformado por 34 integrantes del M-19 participaron en la toma.

Las indagaciones apuntan a que sobre las 5.30 de la mañana ingresaron armados y vestidos de civil al Palacio de Justicia, el primer grupo de insurgentes, liderados por Alfonso Jacquin.

En el momento de iniciar la operación, los guerrilleros se dispersaron por el edificio, se cree que se organizaron dos en la secretaria del Consejo de Estado, dos en la secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dos en la cafeteria y una mujer en el tercer piso.

Tras la distribución, Jacquin telefoneó a su camarada, Luis Otero, que se encontraba en una casa en el barrio Calvo Sur, ubicada en la carrera sexta con calle octava sur, indicandole que iniciará la segunada fase, donde otros 27 alzados en armas se desplazarían hasta la Plaza de Bolívar para dar el golpe de mano más sangriento en la historia de Colombia.

Mientras los subversivos llevaban a cabo su maquiavélico plan, en la Sala Constitucional se encontraban sesionando los magistrados Manuel Gaona Cruz, Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín Forero y Ricardo Medina Moyano, además del secretario Ricardo Correal Murillo. En los despachos, estaban los Magistrados Fabio Calderón Botero, Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria.

Por su parte, en la Sala Laboral, se encontraban los Magistrados Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco Correa y Nemesio Camacho Rodríguez.

En otro sector de la Sala Penal, estaban los Magistrados Auxiliares Emiro Sandoval Huertas y Julio Cesar Andrade, y siete auxiliares judiciales: María Janeth Rozo, Isabel Méndez de Herrera, María T.
Muñoz de Jiménez, María Cristina Herrera Obando, Beatriz
Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora y Nurys Soto de Piñeres.

De los despachos de los Magistrados de la Sala Constitucional estaban las secretarias Lyda Mondol de Palacios, Ruth Zuluaga de Correa y Rosalía Romero de Díaz.

De la Sala Laboral se encontraban en ese piso el Magistrado Auxiliar Jorge Alberto Correa Echeverri y los secretarios de los despachos Hermógenes Cortés Nomelín, Cecilia Concha Arboleda y Ana Lucía Bermúdez de Sánchez.

Cuando la toma se hace evidente, faltando pocos minutos para las 11 de la mañana, El Ejercito y la Policía Nacional inician el operativo conocido como la “Retoma al Palacio” que no fue más que el inició de 48 horas de fuego cruzado y sebicia por parte del M-19. La Fuerza Pública tiene como objetivo principal rescatar el mayor numero de secuestrados, labor encomendada al coronel, Luís Alfonso Plazas Vega, comandante de una unidad táctica.

Acción que se inicia luego de que el Gobierno Nacional diera la orden explicita de ingresar los tanques cascabel al Palacio de Justicia con la intención de hacer retroceder a los rebeldes, o por lo menos menguar su ataque.

Según las versiones entregadas por los militares que actuaron en la Retoma, el mismo coronel Plazas Vega junto con sus tropas hacen mella a la resistencia del M-19, pese a este actuar, el oficial hoy está condenado a 30 años por desaparición, aunque ha reiterado en sus declaraciones ante la justicia que él no era el comandante de la operación ni tampoco el único oficial con responsabilidades de mando dentro de la misma.

Por su parte, el Gobierno, en cabeza del presidente Belisario Betancourt no da ninguna oportunidad de diálogo con los guerrilleros e imparte la orden de hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho.

Sobre la una treinta de la tarde, la Fuerza Pública logró evacuar del Palacio a unas 138 personas, según el testimonio que rindió el general Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa de entonces, versión que también indica que en ese momento los guerrilleros prendieron fuego a los archivos y expedientes que permitian enjuiciar a los llamados «Extraditables», incluyendo a Pablo Escobar, Gonzalo rodríguez Gacha, los hermanos Orejuela y Carlos Leder, todos confesos narcos.

Aunque Luis Otero, el comandante del M-19 que dirigió el operativo, había dicho a periodistas: «Nosotros no los hemos quemado (.) no tenemos ningún interés en destruirlos». No obstante, las palabras del general y las del ministro de Justicia Enrique Parejo indicaban que una de las ordenes de Pablo Escobar al fianciar la toma fue la de incendiar los expedientes de los procesados por narcotráfico.

Cuando el fuego a los expedientes se inició, los uniformados arreciaron su accionar, atacando con la mayor ferocidad y utilizando todos los medios a su alcance, lo que permitió que 215 personas salvaran sus vidas.

Pese a los esfuerzos de la Fuerza Pública, la falta de un plan bien llevado y la excesiva improvisación no permitió que se salvaran 11 de los 24 magistrados.

El presidente de la Corte Suprema, el Magistrado Reyes Echandía suplicaba desde su despacho “Que cese el fuego o aquí nos matan a todos” y agregaba angustiado «No he podido comunicarme con el Presidente. Si siguen disparando nos van a matar»……

Tristemente, el magistrado Reyes Echandía tuvo la razón, el fuego no cesó y 11 magistrados fueron masacrados.

La investigación sobre los hechos del Palacio de Justicia alcanzó para llenar 100 mil folios, en un proceso que durante 20 años estuvo estancado, a la busqueda de responsables con rostro quienes indicaran a los familiares de los desaparecidos que había pasado con sus seres queridos.

En el año 2005, al cumplirse 20 años del Holocausto, el por entonces Fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, decidió reabrir el caso al comprobarse que en este episodio no solo hubo víctimas mortales, sino también desaparecidos, versión ratificada por el mismo Belisario Betancourt.

Por este fatal suceso, hasta ahora la unica sentencia recayó sobre el coronel Plazas Vega, cuando el 9 de junio de 2010, la juez Stella Jara lo condenó a 30 años de prisión por su responsabilidad en la operación de la “retoma”.