Procurador no podía destituirme: Piedad Córdoba
enero 13, 2011 2:34 pm
Según un comunicado emitido hoy por la ex congresista, Piedad Córdoba habla sobre una sentencia de la Corte Constitucional en la que indicó que las investigaciones realizadas por el Procurador General a los congresistas son improcedentes.
Según ella, la Sentencia C-280-1996 es clara en decir que el Procurador no puede sancionar con pérdida de investidura pues vulnera la naturaleza restrictiva de los fueros constitucionales.
Según el comunicado, la pérdida de investidura es un proceso jurisdiccional disciplinario autónomo de competencia exclusiva del Consejo de Estado y la investigación no puede entonces ser atribuida al Procurador, pues se estaría afectando la competencia investigativa y decisoria autónoma del supremo tribunal de lo contencioso administrativo.
En estos casos, concluye, la labor del Procurador es la de emitir los correspondientes conceptos, pues en relación con la pérdida de investidura, los congresistas gozan de fuero especial.
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enero 14th, 2011 at 11:45 am | Responder
Los colombianos de bien apoyamos incondicionalmente al Procurador, por la decision tan acertada y correcta, antes se habia demorado mucho para tomar esa decision de suspender a la Guerrillera Piedad Cordoba perdon a la ex congresita y espero que todo no quede impune y sea procesada por la Fiscalia general sobre los vinculos con grupos guerrilleros y que sea procesada por traicion a la PATRIA.
enero 13th, 2011 at 8:45 pm | Responder
Que buen servicio le haria RADIO SANTAFE a los Colombianos si publicaran la Sentencia C-280 de 1996 de la Corte Constitucional y subrayaran los dos temas: perdida de investidura como sancion disciplinaria Y LA OTRA:PERDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA, PARA QUE LOS COLOMBIANOS SE ENTEREN DE LA MANERA ERRADA Y ABUSIVA COMO ACTUO EL PROCURADOR ORDOÑEZ.
enero 13th, 2011 at 8:34 pm | Responder
Yo tengo que felicitar al señor que firma corrucptoo, por que se sobro y tiene toda pero toda la razon del mundo.Me le quito el sombrero.(AUNQUE YA NO SE USE EL SOMBRERO).
enero 13th, 2011 at 8:27 pm | Responder
Es totalmente cierto lo que dice la Corte Constitucional y en eso tiene razon Piedad Cordoba.El procurador camandulero y mandadero de URIBE , SE EXTRALIMITO Y USURPO FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS CONSTITUCIONALMENTE A LA MISMA CORTE CONSTITUCIONAL, VALGA LA REDUNDANCIA.QUIEN DEBE SER DESTITUIDO POR ESA ACCION ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ES EL MISMO procurador Alejandro ordoñese de la Risa.Tranquilos que la hora de la verdad se acerca y el final para ordoñez esta cerca.Un abusivo, intenso , doctrinario, sismatico, histerico y lambon este pisco de ORDOÑEZ.
enero 13th, 2011 at 7:13 pm | Responder
La senadora liberal Piedad Córdoba ha sido recientemente destituida de su cargo y severamente sancionada. Aunque las acusaciones que pesan contra ella no se basan en un proceso judicial, no podrá ejercer por 18 años funciones en la política. Esta condena se produce en un país cuyas élites han optado por las soluciones guerreristas.
Recordemos los hechos: desde hace varios años, Piedad Córdoba se ha comprometido con el tema de la paz, en particular en la liberación de los secuestrados y retenidos por las Farc. A fines de 2007 fue nombrada “mediadora” por el gobierno. Gracias a su intervención se produjeron las liberaciones de los últimos secuestrados civiles y de varios prisioneros militares que llevaban hasta 10 años en la selva. En este marco, creó el grupo Colombianos por la paz.
En septiembre pasado sobrevino la decisión arbitraria del Procurador de la República: pretextando que colaboraba con las Farc, le impuso la sanción y la prohibición de intervenir en política durante 18 años. Aunque parezca mentira, ningún proceso judicial apoya esta decisión(1). ¿Cómo explicarla, entonces? Más allá de las facultades constitucionales del Procurador, sus dictámenes no se darían si no existiera un contexto favorable. Sociológicamente, el “fallo” traduce el peso creciente de las fuerzas reaccionarias en las instituciones y el rechazo de las élites a cualquier idea de negociación política.
El primer tema es el inquietante rumbo que han tomado las instituciones: ya hace varios años que los colombianos se han estado acostumbrando a tener congresistas, alcaldes y gobernadores ligados de cerca a los paramilitares de extrema derecha y a las mafias. Tan sólo por el proceso de la “parapolítica” son más de 80 los congresistas investigados y juzgados por la justicia por su colaboración con los paras.
A esta picaresca en el legislativo se le suma la corrosión del poder judicial y de las instituciones de control político. Así por ejemplo, durante un año y medio, el nombramiento del Fiscal (el jefe de la policía judicial nacional) estuvo estancado. La Corte Suprema de Justicia votó 25 veces sin lograr elegir a uno, porque las opciones que les había presentado el ejecutivo eran a cual más opacas. Y en el nivel local, es vox populi que varios trabajan para los narcotraficantes. El más conocido era el jefe de fiscales de Medellín, que llegó hasta allí por ser hermano del antiguo ministro del Interior.
Otro contrapeso importante al poder era el Procurador (en Colombia equivale a un Ombdusman). Según la Carta, sus funciones son “vigilar el cumplimiento de la Constitución”, “proteger los derechos humanos” y “defender los intereses de la sociedad”. ¿Pero cómo es que Alejandro Ordóñez, miembro de un grupo de extrema derecha español(2) , podría defender los intereses de los colombianos del siglo XXI o la Constitución de un Estado laico? A Alejandro Ordóñez, la ciudad de Bucaramanga lo recuerda porque allí organizó una quema de libros. Desde que rige como Procurador, destacan sus propuestas condenando la homosexualidad, el regreso a la penalización del aborto o la prohibición de la educación sexual. En el Ministerio público que encabeza, los emblemas de la República han sido desplazados por su colección de crucifijos, vírgenes y velones.
Fue este “Inquisidor” (como lo llama la prensa) quien fijó el destino de Piedad Córdoba, en lo que se puede considerar un acto de muerte política. ¿Por qué se ha encarnizado así con ella? Posiblemente tengan razón quienes consideran que su franqueza y sus posiciones abiertamente progresistas hieren la moral del Procurador, pues una mujer divorciada, feminista y negra, que además ha llevado al frente de batalla estos asuntos, está en las antípodas de sus valores.
Ahora bien, es muy posible que una decisión de este calado no se hubiera producido sin el contexto adecuado -y es este el segundo elemento inquietante sobre el estado actual del país.
El linchamiento mediático de Piedad Córdoba en estos últimos años está directamente relacionado con su búsqueda de la paz. Ella ha sido espiada ilegalmente por los servicios secretos, e incluso por los guardaespaldas que le fueron asignados (impidiendo, de hecho, liberaciones). Ha sido estigmatizada por el poder uribista y por los medios, liberando las expresiones racistas, sexistas y chauvinistas de los colombianos. En Madrid, incluso, fue víctima de un extraño accidente automovilístico. La decisión del Procurador se inscribe entonces en la línea del saboteo histórico a los esfuerzos realizados en aras de llevar a las Farc al terreno de las conversaciones.
Y es que las iniciativas de paz (manifestaciones, voto simbólico, diálogos…) han sido numerosas en la historia de Colombia. Las han impulsado ONG, iglesia, grupos de la sociedad civil e incluso gobernantes, como sucedió a fines de los 90.
Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido en vano. Ya García Márquez había advertido en 1986 que los diferentes actos de saboteo eran expresión de los “enemigos agazapados de la paz, adentro y afuera del gobierno”. En la década actual, el historiador Medófilo Medina considera que el nivel de resistencia es tal que ningún diálogo con la guerrilla será posible si antes los gobiernos no reciben el aval de militares y empresarios.
Esta constante explica porqué quienes sirven de intermediarios con la guerrilla o quienes se aventuran en procesos de paz corren graves riesgos: el gran Jaime Garzón, querido por todos por su maravilloso humor, fue asesinado por los paramilitares en 1999 por intervenir en liberaciones de secuestrados. Ese mismo año, en el contexto del proceso de paz ya reseñado, fue asesinado Jesús A. Bejarano, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Muchos mandatarios locales que establecieron acuerdos de convivencia con las Farc fueron objeto de presiones, letales o no. Recientemente, incluso los intermediarios extranjeros (el suizo Jean-Pierre Gontard y el francés Noël Saez) fueron acusados de ser “auxiliadores” de la guerrilla. La mayoría de los y las políticas han entendido la lección -de hecho, no se meten en esas aguas.
Piedad es consciente de todo esto. Pero es mujer, y temeraria. Con su desparpajo, decidió meterse en la búsqueda de la paz. Con tenacidad: multiplicó iniciativas, encuentros y esfuerzos. Con resultados: logró reunir a secuestrados con sus familias. Y sobre todo, con un horizonte de esperanza: acabar con el conflicto armado más antiguo del continente.
Pero la inercia colombiana pesa mucho. La guerra se ha vuelto rutina. Los campesinos siguen siendo desplazados (son más de 3 millones). Rigen el oscurantismo criollo y las mafias reaccionarias. ¿Y el gobierno Santos? En sus cien días iniciales, no ha dado señales de cambiar el rumbo.
El 2 de noviembre, el Senado refrendó la decisión arbitraria del Procurador. Piedad Córdoba se convirtió en ex senadora. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigar los actos de aquél. A la fecha de hoy, es imposible saber si sus decisiones serán declaradas ilegales o si alguna interpretación jurídica lo exonerará de sus pecados. El camino jurídico colombiano tiende a ser largo, imprevisto y tortuoso.
Por eso, sería deseable que el destino político de Piedad Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés que tiene una sociedad en que avancen unos diálogos de paz. Como una manera de pasar, lo más dignamente posible, a otra etapa de la historia.
NOTAS:
(1) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia, la instancia que investiga a los congresistas, declaraba recientemente no haber recibido ninguna prueba contra la senadora.
(
enero 13th, 2011 at 7:09 pm | Responder
La senadora liberal Piedad Córdoba ha sido recientemente destituida de su cargo y severamente sancionada. Aunque las acusaciones que pesan contra ella no se basan en un proceso judicial, no podrá ejercer por 18 años funciones en la política. Esta condena se produce en un país cuyas élites han optado por las soluciones guerreristas.
Recordemos los hechos: desde hace varios años, Piedad Córdoba se ha comprometido con el tema de la paz, en particular en la liberación de los secuestrados y retenidos por las Farc. A fines de 2007 fue nombrada “mediadora” por el gobierno. Gracias a su intervención se produjeron las liberaciones de los últimos secuestrados civiles y de varios prisioneros militares que llevaban hasta 10 años en la selva. En este marco, creó el grupo Colombianos por la paz.
En septiembre pasado sobrevino la decisión arbitraria del Procurador de la República: pretextando que colaboraba con las Farc, le impuso la sanción y la prohibición de intervenir en política durante 18 años. Aunque parezca mentira, ningún proceso judicial apoya esta decisión(1). ¿Cómo explicarla, entonces? Más allá de las facultades constitucionales del Procurador, sus dictámenes no se darían si no existiera un contexto favorable. Sociológicamente, el “fallo” traduce el peso creciente de las fuerzas reaccionarias en las instituciones y el rechazo de las élites a cualquier idea de negociación política.
El primer tema es el inquietante rumbo que han tomado las instituciones: ya hace varios años que los colombianos se han estado acostumbrando a tener congresistas, alcaldes y gobernadores ligados de cerca a los paramilitares de extrema derecha y a las mafias. Tan sólo por el proceso de la “parapolítica” son más de 80 los congresistas investigados y juzgados por la justicia por su colaboración con los paras.
A esta picaresca en el legislativo se le suma la corrosión del poder judicial y de las instituciones de control político. Así por ejemplo, durante un año y medio, el nombramiento del Fiscal (el jefe de la policía judicial nacional) estuvo estancado. La Corte Suprema de Justicia votó 25 veces sin lograr elegir a uno, porque las opciones que les había presentado el ejecutivo eran a cual más opacas. Y en el nivel local, es vox populi que varios trabajan para los narcotraficantes. El más conocido era el jefe de fiscales de Medellín, que llegó hasta allí por ser hermano del antiguo ministro del Interior.
Otro contrapeso importante al poder era el Procurador (en Colombia equivale a un Ombdusman). Según la Carta, sus funciones son “vigilar el cumplimiento de la Constitución”, “proteger los derechos humanos” y “defender los intereses de la sociedad”. ¿Pero cómo es que Alejandro Ordóñez, miembro de un grupo de extrema derecha español(2) , podría defender los intereses de los colombianos del siglo XXI o la Constitución de un Estado laico? A Alejandro Ordóñez, la ciudad de Bucaramanga lo recuerda porque allí organizó una quema de libros. Desde que rige como Procurador, destacan sus propuestas condenando la homosexualidad, el regreso a la penalización del aborto o la prohibición de la educación sexual. En el Ministerio público que encabeza, los emblemas de la República han sido desplazados por su colección de crucifijos, vírgenes y velones.
Fue este “Inquisidor” (como lo llama la prensa) quien fijó el destino de Piedad Córdoba, en lo que se puede considerar un acto de muerte política. ¿Por qué se ha encarnizado así con ella? Posiblemente tengan razón quienes consideran que su franqueza y sus posiciones abiertamente progresistas hieren la moral del Procurador, pues una mujer divorciada, feminista y negra, que además ha llevado al frente de batalla estos asuntos, está en las antípodas de sus valores.
Ahora bien, es muy posible que una decisión de este calado no se hubiera producido sin el contexto adecuado -y es este el segundo elemento inquietante sobre el estado actual del país.
El linchamiento mediático de Piedad Córdoba en estos últimos años está directamente relacionado con su búsqueda de la paz. Ella ha sido espiada ilegalmente por los servicios secretos, e incluso por los guardaespaldas que le fueron asignados (impidiendo, de hecho, liberaciones). Ha sido estigmatizada por el poder uribista y por los medios, liberando las expresiones racistas, sexistas y chauvinistas de los colombianos. En Madrid, incluso, fue víctima de un extraño accidente automovilístico. La decisión del Procurador se inscribe entonces en la línea del saboteo histórico a los esfuerzos realizados en aras de llevar a las Farc al terreno de las conversaciones.
Y es que las iniciativas de paz (manifestaciones, voto simbólico, diálogos…) han sido numerosas en la historia de Colombia. Las han impulsado ONG, iglesia, grupos de la sociedad civil e incluso gobernantes, como sucedió a fines de los 90.
Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido en vano. Ya García Márquez había advertido en 1986 que los diferentes actos de saboteo eran expresión de los “enemigos agazapados de la paz, adentro y afuera del gobierno”. En la década actual, el historiador Medófilo Medina considera que el nivel de resistencia es tal que ningún diálogo con la guerrilla será posible si antes los gobiernos no reciben el aval de militares y empresarios.
Esta constante explica porqué quienes sirven de intermediarios con la guerrilla o quienes se aventuran en procesos de paz corren graves riesgos: el gran Jaime Garzón, querido por todos por su maravilloso humor, fue asesinado por los paramilitares en 1999 por intervenir en liberaciones de secuestrados. Ese mismo año, en el contexto del proceso de paz ya reseñado, fue asesinado Jesús A. Bejarano, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Muchos mandatarios locales que establecieron acuerdos de convivencia con las Farc fueron objeto de presiones, letales o no. Recientemente, incluso los intermediarios extranjeros (el suizo Jean-Pierre Gontard y el francés Noël Saez) fueron acusados de ser “auxiliadores” de la guerrilla. La mayoría de los y las políticas han entendido la lección -de hecho, no se meten en esas aguas.
Piedad es consciente de todo esto. Pero es mujer, y temeraria. Con su desparpajo, decidió meterse en la búsqueda de la paz. Con tenacidad: multiplicó iniciativas, encuentros y esfuerzos. Con resultados: logró reunir a secuestrados con sus familias. Y sobre todo, con un horizonte de esperanza: acabar con el conflicto armado más antiguo del continente.
Pero la inercia colombiana pesa mucho. La guerra se ha vuelto rutina. Los campesinos siguen siendo desplazados (son más de 3 millones). Rigen el oscurantismo criollo y las mafias reaccionarias. ¿Y el gobierno Santos? En sus cien días iniciales, no ha dado señales de cambiar el rumbo.
El 2 de noviembre, el Senado refrendó la decisión arbitraria del Procurador. Piedad Córdoba se convirtió en ex senadora. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigar los actos de aquél. A la fecha de hoy, es imposible saber si sus decisiones serán declaradas ilegales o si alguna interpretación jurídica lo exonerará de sus pecados. El camino jurídico colombiano tiende a ser largo, imprevisto y tortuoso.
Por eso, sería deseable que el destino político de Piedad Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés que tiene una sociedad en que avancen unos diálogos de paz. Como una manera de pasar, lo más dignamente posible, a otra etapa de la historia.
NOTAS:
(1) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia, la instancia que investiga a los congresistas, declaraba recientemente no haber recibido ninguna prueba contra la senadora.
enero 13th, 2011 at 3:02 pm | Responder
Chupatela, ve a las horas que la Piedad, viene a estrilar, cuando ya uno ni se acordaba que el absolvedor de la Nación, para hacerle un mandado al odioso de Uribe, la había destituido e
inhabilitandola por un cojonal de años, a estas alturas del partido , hasta el Procurador mando a Uribe, a la mismísima mier…, en hechos ocurridos con la fuga apresurada hacia Panamá de la cabezona Maria Del Pilar Chuzada, en donde dijo el Sultán, que para su Corte Imperial de sapos, no había en LOCOLOMBIA unos jueces imparciales, y el Procu, le dijo,¡ quieto ahí veneno!, irresponsable y canalla, y URIBILLO , se quedo quieto en primera y no dijo ni mu, y ahora viene la mulata, a salirnos con esa, y que la Sentencia tal de la Corte tal Dice, no se que vainas, YA PAQUE DIJO LA LORA.
enero 13th, 2011 at 3:00 pm | Responder
Chupatela, ve a las horas que la Piedad, viene a estrilar, cuando ya uno ni se acordaba que el absolvedor de la Nación, para hacerle un mandado al odioso de Uribe, la había destituido y inhabilitandola por un cojonal de años, a estas alturas del partido , hasta el Procurador mando a Uribe, a la mismísima mier…, en hechos ocurridos con la fuga apresurada hacia Panamá de la cabezona Maria Del Pilar Chuzada, en donde dijo el Sultán, que para su Corte Imperial de sapos, no había en LOCOLOMBIA unos jueces imparciales, y el Procu, le dijo,¡ quieto ahí veneno!, irresponsable y canalla, y URIBILLO , se quedo quieto en primera y no dijo ni mu, y ahora viene la mulata, a salirnos con esa, y que la Sentencia tal de la Corte tal Dice, no se que vainas, YA PAQUE DIJO LA LORA.