Destituidos dos ediles de Ciudad Bolivar; Personería investiga otro por estafa

Aurelio Silva Rodríguez destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría. Rubén Antonio Forero le fue decretada pérdida de investidura por el Consejo de Estado. John Silver Zambrano, estaría inhabilitado por presunto delito de estafa y estaría en siendo investigado por la Personería.

Según la Procuraduría, Aurelio Silva Rodríguez estaría sancionado con “inhabilidad general” por término de 10 años y destitución de la junta Administradora Local en primera instancia por la Procuraduría Distrital de Bogotá desde el 20 de noviembre de 2009 y en segunda instancia por el Procurador Delegado para la vigilancia Administrativa desde el 29 de marzo de 2011 y cuyos efectos jurídicos se produjeron el pasado 5 de mayo. Además, la procuraduría le habría inhabilitado de manera disciplinaria para “contratar con el Estado, ley 80 art.8 literal D, hasta el año 2016.

El Edil John Silver Zambrano, estaría siendo investigado por la Procuraduría, toda vez que según el ente, Zambrano habría estado condenado y sancionando en primera instancia por el Juzgado 26 penal municipal de Bogotá el 01 de Agosto de 2008 por el presunto delito de estafa (ley 599 de 2000). Según la procuraduría, Zambrano estaría inhabilitado con sanción para “el ejercicio de industria o comercio y “trabajo social”.

Por su parte, El Consejo de estado, en sentencia del 10 de febrero de 2011, se profirió “Acción de nulidad y restablecimiento del derecho” y se decretó “pérdida de investidura al Edil Rubén Antonio Forero Espinosa por “conflicto de intereses”.

La Sección Primera del Consejo de Estado decretó la pérdida de la investidura, porque a pesar de que su hermano es propietario del Colegio Popular Bolivariano, participó en los diferentes debates del proyecto de acuerdo local mediante el cual se expidió el presupuesto anual de renta e ingresos y de gastos e inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar para las vigencias fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009, con el cual se beneficiaba el mencionado establecimiento educativo.

“Está demostrada la calidad de Edil de la Localidad de Ciudad Bolívar, que ostenta el ciudadano Rubén Antonio Forero Espinosa, para el período 2008-2011, obran en el expediente las siguientes pruebas que acreditan el parentesco entre el Edil demandado y el señor Luis Alberto Forero Espinosa, propietario de la mencionada institución educativa. En efecto, el Edil Rubén Antonio Forero Espinosa participó en los diferentes debates del proyecto de acuerdo local, mediante el cual se expidió el presupuesto anual de renta e ingresos y de gastos e inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, para las vigencias fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009.

En la desagregación de los rubros correspondientes al presupuesto de inversión, aparece el programa denominado “Subsidios a la demanda educativa” y el subprograma “Más y Mejor Educación para todos y todas” y “Ampliación de cobertura a través de convenios con instituciones educativas privadas y con programas de nivelación primaria y bachillerato para jóvenes y adultos”, respaldados para su ejecución en los diferentes convenios suscritos entre la Administración y establecimientos educativos de carácter privado, dentro de los cuales está el Colegio Popular Bolivariano.

Si bien es cierto que dicha partida se asigna de manera general, también es cierto que al descender al subprograma que hace parte de los anexos al Plan de Desarrollo Local de la vigencia correspondiente, incluye la apropiación para todos los contratos que empezaron a ejecutarse a partir del año 2005. De suerte que, al Edil demandado no le podía resultar ajeno el hecho de que mediante la aprobación de dicho acuerdo, entraba a beneficiarse el establecimiento educativo de propiedad de su hermano.

Para la Sala, el hecho de que el Edil Forero Espinosa haya aceptado ejercer el control político sobre el Convenio 018-2007, conforme consta en el Acta de 13 de octubre de 2007, es razón suficiente para endilgarle responsabilidad frente a la ocurrencia del conflicto de interés, pues la situación personal en la que se encontraba el demandado, le implicaba un interés en el asunto en provecho de su hermano.

Así pues, estima la Sala que el Edil demandado debió además de declararse impedido, abstenerse de participar tanto en la discusión que condujo a la aprobación de los proyectos del programa de educación y del control que se hizo al convenio que desarrolló dicho programa, en el que se encontraba involucrado el plantel educativo de propiedad de su hermano; y por no haberlo hecho se situó en el supuesto fáctico del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Fuerza es, entonces revocar la sentencia apelada y decretar la pérdida de investidura de Edil del señor Rubén Antonio Forero Espinosa. Sentencia del 10 de febrero de 2011.