Por infringir la normatividad que regula el manejo e inversión de recursos del Sistema General de Participaciones, la Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años a Aldemar Gómez González, actual alcalde de Cumaribo (Vichada).

En la misma decisión fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 10 años Wilman Arcenio García Nieto, exjefe de Presupuesto y extesorero (E) del mismo municipio para la época de los hechos, por expedir certificados y registros presupuestales para respaldar la ejecución de contratos con objetos que no guardan relación con la destinación “calidad educativa” en que debían invertirse estos recursos.

El material probatorio recaudado en esta investigación adelantada en primera instancia por la Procuraduría Regional de Vichada y confirmada en segunda instancia por la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública, evidenció que los disciplinados transgredieron el artículo 15 de la Ley 715 de 2001 que establece que esos recursos deben ser invertidos en “financiación de actividades de construcción, de infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las entidades educativas, provisión de la canasta educativa y las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa”.

Con sus conductas, el alcalde y el exjefe de Presupuesto y extesorero (E) incurrieron en faltas calificadas como gravísimas, a título de culpa gravísima.
Contra esta decisión de segunda instancia no procede ningún recurso.