–El general retirado de la Policía Mauricio Santoyo Velasco, cuya extradición está gestionando la justicia de los Estados Unidos, habría recibido sobornos de la mafia por cerca de cinco millones de dólares, según una investigación de las autoridades del país del norte.

Mientras tanto, el expresidente Alvaro Uribe, quien tuvo a Santoyo como jefe de seguridad de la Casa de Nariño, le pidió hoy al exoficial y a la misma Policia Nacional, entregar las explicaciones del caso.

A través de su cuenta en Twitter, el expresidente Uribe escribiò también que él siempre respetó las decisiones internas sobre su seguridad que tomó esa institución.

El general es acusado por las autoridades norteamericanas de tener conocimiento y ayudar a organizaciones ilegales a enviar cargamentos de droga hacia Estados Unidos y otras naciones de Centro América.

El oficial, quien hasta el momento ha guardado silencio frente a las acusaciones, además de haber recibido sobornos de los carteles de la droga, es señalado de aliarse con otros policías corruptos para ayudar en el envío de estupefacientes.

El documento indica que el alto oficial alertaba a los mafiosos sobre las operaciones de las autoridades para capturarlos o impedir la ejecución de sus negocios ilícitos y además entregó a los criminales información necesaria para secuestrar, extorsionar y asesinar personas.

Según un artículo del periodista Daniel Coronell en la revista Semana, entre los cargos, que le formula la Corte Federal del Distrito de Virginia al general Santoyo está el de asociarse con líderes de las llamadas AUC y la Oficina de Envigado para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, entre 2000 y 2008.

Recuerda que el 7 de agosto de 2002, el entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco fue nombrado por el recién posesionado presidente Álvaro Uribe como su jefe de seguridad y agrega:

El presidente sostuvo a Santoyo en ese puesto contra viento y marea, a pesar de que la Procuraduría lo destituyó por su participación en interceptaciones ilegales, efectuadas años antes cuando era comandante del Gaula en Medellín.

En 2003, el Ministerio Público encontró que Santoyo y otros subalternos suyos habían efectuado chuzadas sin orden judicial a casi 2.000 líneas telefónicas y que algunas de esas interceptaciones habrían contribuido a la desaparición de los activistas de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero.

Luego Coronell señala: «Del 7 de agosto de 2002 al 7 de agosto de 2010, Santoyo fue un intocable. Ahora lo espera una orden de extradición y un juicio en Estados Unidos».

Finalmente advierte que «el caso estuvo bajo estricta reserva por un tiempo. El ‘Motion to seal’ como se llama en la justicia americana la orden para mantener la confidencialidad explica: “La divulgación prematura de los cargos contra el acusado podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Colombia”.