Santos ofreció 150 millones por información sobre jefes de ‘ejército antirestitución’

julio 7, 2012 12:54 pm

Durante los Acuerdos para la Prosperidad en Montería, el presidente de la República, Juan Manuel Santos hizo una intervención, en la que se refirió a los atentados que se han cometido en contra de las personas que lideran la restitución de tierras, y aseguró que el estado no permitirá que las amenazas afecten el proceso que se lleva para la restitución de tierras.

Durante la intervención, el presidente reveló las fotografías junto a los nombres de dos de los principales cabecillas del llamado ‘ejército antirestitución’, quienes son señalados de estar detrás de las amenazas y atentados que se han cometido contra los reclamantes de tierras.

Las investigaciones identifican a Augusto Francisco Castro Pacheco alias ‘El Tuto Castro’ y Omar Montero Martínez alias ‘Codazzi’, como los responsables de utilizar artimañas para entorpecer el proceso de restitución, y por quienes el jefe de Estado ofreció una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita dar con el paradero y captura de los señalados, de los cuales su imagen ya ha sido publicada por medio de un afiche de la Policía para ayudar a su reconocimiento.

En medio del Acuerdo para la Prosperidad en Montería, Santos advirtió que el Estado no permitirá que estas amenazas interrumpan el proceso de restitución de tierras y manifestó la seguridad a varios reclamantes que denunciaron riesgos.

El alto mandatario evidenció que a la fecha se han recibido 16.207 reclamaciones de restitución que equivalen a un 1 millón 230 mil hectáreas, dicha cifra la complementó lamentando lo mucho que ha sufrido el país por cuenta de las acciones terroristas.

Finalmente anunció el inicio de la Operación Troya II que actuarán combatiendo las bandas criminales y la delincuencia en Montería y Córdoba.

Una respuesta sobre “Santos ofreció 150 millones por información sobre jefes de ‘ejército antirestitución’”

  1. Dr CorrUpto en julio 8th, 2012 11:04 am

    Serias y graves denuncias sobre la política fallida de restitución de tierras a las víctimas por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, hicieron en debate de control político en el Senado de la República el pasado martes 29 de mayo, los congresistas del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda Vargas y Wilson Arias Castillo. Los tres parlamentarios demostraron con pruebas fehacientes que los anuncios en esta materia por parte del gobierno no son más que publicidad engañosa habida cuenta que no se ha restituido ni una sola hectárea y el primer mandatario y su ministro de Agricultura, el neoliberal Juan Camilo Restrepo dicen falacias sobre el proceso de restitución.

    El Polo, dijeron los congresistas durante el debate, pugna porque se le cumpla a las víctimas en forma efectiva y que la política del gobierno no se quede en la sola retórica y en la demagogia barata del Ministro de Agricultura.

    Con la frase “la política de restitución de tierras es una cortina de humo que ni humo echa”, el senador Jorge Enrique Robledo inició el debate explicando cómo el gobierno de Juan Manuel Santos no ha restituido ni una sola hectárea de tierra a las víctimas de la violencia, pero sí impulsa el libre comercio y la concentración de la tierra. En octubre de 2010, el gobierno anunció un plan de choque para restituir a abril de 2011 por vía administrativa 312 mil hectáreas a 134 mil familias. “No se restituyó ni una sola hectárea”, explicó Robledo.

    Y hoy, agregó el congresista del Polo, después de varios meses de vigencia de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, tampoco se ha restituido ni una sola hectárea de tierra a las víctimas. El gobierno no nombra suficientes jueces agrarios, incumple en los procesos administrativos y judiciales y, como uno de los de los hechos más graves, en la reglamentación de la Ley se desmontó la inversión de la carga de la prueba, con lo que dificulta el proceso mediante una “una reglamentación que no corresponde con la Ley.”

    Robledo mostró decenas de frases del presidente Santos donde se dice que el gobierno ha restituido miles de hectáreas a las víctimas y está haciendo una “revolución agraria” nunca antes vista. “Esas son falsedades. Hasta hoy no se ha restituido una sola hectárea de tierra a las víctimas,” concluyo el senador del Polo. Y explicó Santos presenta como restituciones medidas que no lo son.

    Por último el congresista señaló que el Polo citó este debate para que la restitución se dé de verdad y no solo en las frases de las declaraciones oficiales.

    LOS ‘DESPOJOS’ DE VÍCTOR CARRANZA Y LOS EJÉRCITOS ANTIRRESTITUCIÓN

    Por su parte, el representante Iván Cepeda Castro enfocó su intervención sobre los nuevos hallazgos en cuanto a mecanismos de despojo y adjudicación fraudulenta de predios en varias regiones del país.

    Fue categórico en denunciar el aumento de las presiones por parte de los llamados “ejércitos antirrestitución”, contra las víctimas que reclaman la restitución de sus territorios. Del mismo modo, insistió en pedirle al gobierno naacional y a las autoridades, un informe sobre los avances en las investigaciones y las acciones que se han adelantado a raíz de los graves hechos puestos en conocimiento en los anteriores debates de control político.

    En ese sentido, Cepeda requirió al gobierno y a la Fiscalía sobre adelantos en casos específicos como el de la empresa Argos en los Montes de María y del grupo agroindustrial Hacienda la Gloria, de propiedad de Germán Efromovich, en la antigua Hacienda Bellacruz.

    También exhortó al gobierno de Santos para que responda por qué no existe un sistema de información que contenga los datos de los grandes terratenientes y de los conglomerados que han despojado y concentrado las tierras en Colombia.

    Denunció que uno de esos terratenientes que viene acumulando tierras a través de mecanismos ilegales es el potentado esmeraldero Víctor Carranza, quien posee alrededor de 24 mil hectáreas de baldíos indebidamente ocupados y cerca de 41 mil hectáreas que han sido objeto de proceso de apropiación, acumulación y especulación en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

    Según Cepeda, y de acuerdo con la información facilitada por la Superintendencia de Notariado y Registro, se trata de una matriz que consiste en varias etapas que van desde el control territorial por parte del grupo paramilitar ‘Los Carranceros’, la adjudicación de baldíos de la Nación a personas sin arraigo en la región y que no demuestran ocupación de las tierras, y negocios especulativos con las tierras como en el caso de la empresa La Fazenda. Incluso, conforme a los documentos proporcionados por la Superintendencia, se pudo corroborar que algunos de los firmantes de los englobes corresponden a personas muertas.

    De acuerdo con la anterior información, el congresista solicitará la revocatoria directa de la resolución mediante la cual se les reconoce propiedad a los testaferros de Carranza y él mismo, sobre baldíos de la Nación.

    Cepeda también denunció la organización de grupos armados ilegales, que denominó Ejércitos anti-restitución, y que al parecer contarían con 10 mil hombres armados y cuya principal influencia sería en la región de los Montes de María en Bolívar.

    GOBIERNO ES CÓMPLICE DE EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA EN COLOMBIA

    A su turno, el representante a la Cámara, Wilson Arias Castillo tras hacer un símil con el caso “Revertrex la publicidad engañosa del gobierno en la restitución de tierras”, demostró las irregularidades en que han incurrido empresas extranjeras, las cuales han adquirido predios en Colombia, que van desde la constitución de empresas fachada hasta la celebración de actos notariales y registrales absolutamente nulos.

    Para concentrar la propiedad de la tierra, en particular baldíos, Arias denunció que en Colombia se ha contado con la complicidad por acción u omisión de las autoridades colombianas, incluyendo a varios ministros de Agricultura y al cuestionado expresidente Álvaro Uribe.

    Igualmente, el congresista del Polo señaló cómo en medio de las irregularidades descritas en materia de tenencia de la tierra, a esas empresas extranjeras y a sus filiales de papel en Colombia, se les han venido otorgando por parte del Gobierno Nacional en los últimos tiempos, cuantiosos beneficios tributarios e incentivos como subsidios de Agro Ingreso Seguro, créditos blandos de Finagro, exenciones tributarias, entre otros. Recursos que a pesar de haber sido adquiridos con evidentes infracciones al ordenamiento jurídico, y en algunos casos habiendo presentado denuncias hace cerca de dos años por parte del representante Arias, ni las autoridades administrativas ni los entes de control han adelantado acciones para recuperar esos dineros que pertenecen a todos los colombianos.

    CIRCUNLOQUIOS DEL MINISTRO

    Finalmente, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo no logró responder la serie de cuestionamientos e interrogantes que hicieron los tres congresistas del Polo Democrático Alternativo en desarrollo del debate. Se limitó durante su intervención a hacer circunloquios respecto de la Ley de Tierras y la gestión administrativa de su despacho, dejando claro eso sí, que este gobierno privilegia los intereses de las empresas transnacionales y dará todo su apoyo al capital financiero especulativo que en su argot neoliberal denomina “inversión extranjera”.

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