La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra siete uniformados del Ejército, quienes al parecer infringieron el Derecho Internacional Humanitario al ocasionar la muerte de un civil el 3 de junio de 2004 y posteriormente lo presentaron como subversivo muerto en combate.

Los cobijados con la determinación disciplinaria son los tenientes Andrés Rosero Bravo y Yamid Díaz Tovar; y los soldados profesionales Willinton Marín Arias, Eli de Jesús López Giraldo, Francisco José García Espinosa, Efraín Rodríguez y Mauricio de Jesús Rojas Arteaga, para la época de los hechos.

Las declaraciones de dos testigos presenciales coinciden en señalar que el Ejército llegó cuando la víctima estaba cortando caña en una finca en un vereda del municipio de Cocorná (Antioquia), los uniformados se lo llevaron y posteriormente apareció muerto y presentado como guerrillero muerto en combate, “lo cual desvirtúa tajantemente la existencia del combate al que aluden los aquí investigados, ya que una persona es retenida, se encuentra en estado de indefensión y le corresponde al Estado, en este caso a sus representantes los aquí investigados, garantizarles la vida e integridad personal (…)”.

Para el Ministerio Público, la conducta de los investigados habría desbordado la función pública asignada porque habrían desviado esa actividad legítima del Estado y habrían ejecutado una acción que trascendió la misión constitucional de la fuerza pública de proteger la vida e integridad de las personas.