Esta foto fue la única prueba de supervivencia que el Eln entregó a la familia de Alberto Alvarado a quien el grupo guerrillero mató con 10 disparos.

La pesadilla inició el 27 de marzo, cuando el contratista llegó a las siete de la mañana a cumplir una reunión de trabajo en un puesto de obra en Toledo (Norte de Santander).

«Era los ojos de la empresa en la zona», cuenta un familiar, que describe cómo el inspector recorría largos tramos por tierra en la esquina montañosa que forman los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.

Por ahí pasan varios de los proyectos petroleros, energéticos y gasíferos más importantes del país, que el Eln y las Farc intentan aprovechar para sus finanzas a través del secuestro y la extorsión. Este año, en medio de esa escalada, seis funcionarios de empresas del sector han sido asesinados por la guerrilla.

Ese día, de un momento a otro, Alvarado desapareció de la mesa donde se tomaba un tinto. Dos hombres armados se lo llevaron en una moto, según contaron personas que lo vieron camino al cautiverio.

«Se comunicaron a la semana -dice uno de sus hijos-. Y exigieron que la empresa pagara 3.000 millones de pesos por su rescate».

La firma se negó. «Habían recibido amenazas de extorsión, y para presionar la guerrilla secuestró a uno de sus contratistas», afirma Claudia Llano, asesora de la Fundación País Libre, que conoció el caso. En medio de su estrategia, los grupos irregulares no se detienen a mirar si sus víctimas tienen medios para pagar. Lo único que les importa es que tengan conexión con las empresas.

La familia recibió cinco cartas en siete meses, en las que siempre amenazaron con matarlo, y una llamada casi cada semana. En una de ellas hablaron con Alberto, que suplicó que «no lo dejaran morir» y que hicieran lo que fuera posible para conseguir el dinero.

Incluso estuvieron a punto de aceptar un intercambio por uno de los hijos, para que el topógrafo pudiera volver a la libertad y tratara de conseguir la plata del rescate. Y cumplieron una cita en un inhóspito sitio cercano al río Orinoco, probablemente al otro lado de la frontera.

Pero de nada valieron sus esfuerzos y sus ruegos para que Alberto pudiera regresar a casa. «Fue un acto miserable. Diez balazos: tres en la cabeza y siete más en el abdomen. Eso es una ejecución. Si lo iban a matar no tenían que ensañarse así con él», dice, en medio de un llanto largo, otro de los hijos del topógrafo.

Pero el sufrimiento no paró. Por las amenazas, nadie de la familia pudo ir hasta Cubará (Boyacá), donde un empleado de una funeraria encontró el cuerpo. Ese desconocido hizo el levantamiento del cadáver y lo trasladó hasta Saravena (Arauca).