Sobre el tema de recolección de basuras, Ricardo Cañón le solicitó a Gustavo Petro claridad jurídica a través de un acto administrativo que establezca el plan de la Administración y las medidas que lo sustenten y desarrollen.

De acuerdo con el Personero, lo único existente hasta ahora es una serie de pronunciamientos mediáticos, pero no un acto administrativo que indique cómo se va a garantizar el servicio a los usuarios, lo que genera una gran incertidumbre

“Invito al Señor Alcalde Mayor a considerar, de la manera más crítica y serena, los factores que exponen a un serio riesgo jurídico la forma en que la Administración trata y gestiona las opciones que ha elegido para asegurar la continuidad y la mejor prestación del servicio de aseo en Bogotá, dando cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional”, dice el Personero.

“No se válido exponer a un riesgo inaceptable los recursos económicos de la ciudad frente a situaciones legales no definidas en forma clara y concluyente por la Administración Distrital, así como tampoco puede exponer a un riesgo mayor el bienestar general y la calidad de vida de la población ante eventuales fallas en el servicio de aseo, con ocasión de la transición a un nuevo esquema”, agrega el Jefe del Ministerio Público Distrital.

Cañón dio un plazo de cinco días al mandatario distrital para que dé respuesta, y le pidió abstenerse de realizar acción alguna que ponga en riesgo al erario público, así como ninguna persona haría nada que pusiera en peligro sus recursos personales.