Por Mauricio Botero Caicedo

Algo muy, pero muy podrido se esconde detrás de los carros de basura que la Alcaldía importo para suplir, aunque fuera de manera parcial, la recogida de las basuras después que Petro de manera arbitraria y unilateral se negó a seguir trabajando con las empresas privadas, empresas a las que trataba de “paramilitares y mafiosas”. Según reciente informe de ‘El Espectador’ (Enero 12/13), los vehículos eran ofrecidos en internet a precios irrisorios (su precio inicial de puja estaba entre los $200 y 2.050 dólares) y aparecían en la categoría de “dañados y averiados”. Dichos camiones fueron arrendados al Distrito por la no despreciable suma de $12.000 dólares mensuales, contrato que se inició en $15.000 millones de pesos, para luego ser modificado a $9.000 millones. No hay que ser un genio de las finanzas para entender que en tan brillante negocio, en donde en algunos casos en pocas horas de arriendo – por no hablar de días – los vendedores pensaban recuperar sus inversión, las comisiones a repartir, según el argot local, serían ‘ventiadas’. ¿Será que Petro, que a diestra y siniestra repite que él es el adalid de la lucha en contra de la corrupción, es capaz de meterle el diente a lo que posiblemente es unos de los mayores actos de corrupción en la larga historia de una ciudad convertida en una alcancía para que los corruptos roben a su antojo? Lo que no parece ser sensato es que con los Moreno y sus acólitos en la cárcel, la corrupción en el la ciudad dejo de existir…

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Equivocada la decisión del Ministerio de Comercio Exterior, ante la inconformidad de los artesanos de Tuchín (Córdoba), de prohibir, por medio de un acto administrativo, las importaciones de sombreros ‘vueltiados’ de la China. El gobierno lo que no puede, cada vez que un fabricante local alega que los productos importados afectan su mercado, violar los acuerdos de libre comercio. Otra cosa es obligar a todo importados a especificar en la etiqueta el origen del producto en letras visibles. Todo producto que no cumpla con este requisito debe estar expuesto a confiscación.

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Enorme cara dura las del sindicato de Saludcoop el pretender, a finales del año pasado, que el gobierno les devuelva la intervenida empresa ya que, según sus propias palabras, “somos nosotros los que sabemos como funciona por dentro la entidad”. Si realmente saben como funciona la empresa, ¿por qué no le pusieron coto a las innumerables vagamunderías que ocurrían dentro de la entidad, incluyendo las coimas que tenían que pagar los proveedores para poder suministrar sus productos?. ¿O es que nadie tenía ni idea de las maromas y trapisondas que se llevaban a cabo?