‘Republiquetas Independientes’

marzo 18, 2013 7:43 am

mauricio-botero-caicedo Por Mauricio Botero Caicedo

Razón de sobre tiene el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en tildar de ‘republiquetas Independientes’ la iniciativa de las Farc de crear a lo largo y ancho del país 59 Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que tendrían una extensión de 9,5 millones de hectáreas. Para Restrepo, “crear zonas de reserva campesinas en todo el país y con una autonomía que no tienen ni siquiera hoy los departamentos, es un disparate”, advirtiendo a continuación que “las Farc quieren dividir y convertir el país en un mosaico de republiquetas independientes, y eso es algo que va contra la ley, contra la Constitución y este gobierno no lo va a hacer”.

Columnistas de extrema izquierda que alternan como promotores e impulsadores de tan descabellada iniciativa de las ZRC (como es el caso de Alfredo Molano Bravo) tratan de minimizar el impacto de estas 9,5 millones de hectáreas afirmando que en Colombia hay tierra de sobra. (Veinte millones de hectáreas en ganadería y cinco en agricultura). Lo que Molano y sus áulicos esconden es que estas 9,5 millones de hectáreas representan el doble de la totalidad de la tierra en Colombia sembrada en caña, café, algodón y tabaco; y serían un área treinta y ocho, léase bien, treinta y ocho veces mayor que la sembrada en la totalidad del Valle geográfico del Río Cauca.

De acuerdo con el reciente informe de la revista SEMANA, (Marzo 18/13), las Farc exigen para las ZRC la misma autonomía política, económica, administrativa, y cultural de los resguardos indígenas o los territorios de los afrodescendientes. Concretamente en el punto segundo de sus propuestas proponen: “Constitucionalización de la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afrodescendientes. En tal sentido, los territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles.” En el punto tercero advierten que los “los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente.”

Colombia jamás puede revivir la experiencia de las repúblicas independientes como la de Marquetalia, engendro de las mentes criminales de ‘Tirofijo’ y de Jacobo Arenas. Se equivoca el ex presidente Samper cuando afirma que no se pueden comparar las ZRC con las repúblicas independientes, que eran concentraciones de guerrilleros liberales por fuera del gobierno y con ínfulas de repúblicas. De guerrilleros liberales, Arenas y ‘Tirofijo’ no tenían nada. Lo que en realidad eran un apiñamiento de curtidos comunistas aunados a una recua de forajidos. Las repúblicas independiente de tiempo atrás han sido el sueño de la subversión, así que no nos vengan con cuentos que estas ZRC son el escenario ideal para promover las políticas de desarrollo rural y bienestar para los campesinos.

11 Respuesta sobre “‘Republiquetas Independientes’”

  1. Elvira Sosa en marzo 18th, 2013 8:06 am

    En La Habana, que hoy no es más que otro Caguan!! Los Terroristas los NARCO-BANDIDOS de las FARC han avanzado mucho, por ejemplo, el AUTO GOBIERNO para TERRITORIOS CAMPESINOS, que no es más que el Embeleco de la NUEVA COLOMBIA, que proponían en el CAGUAN. La NUEVA COLOMBIA simplemente son las aspiraciones de CHAVEZTIA con el alcahueta de la LOCA del CORREA y los IZQUIERDOSOS de Colombia, de conectar VENEZUELA con el OCÉANO PACIFICO, tomando a ARAUCA, VICHADA, GUAINÍA, VAUPÉS, AMAZONAS, CAQUETÁ, PUTUMAYO y NARIÑO, por intermedio de los Terroristas los NARCOBANDIDOS de las FARC. Por eso la toma de MITÚ, que de haber sido TOMADA por los NARCOBANDIDOS en forma definitiva, habían PROCLAMADO una NUEVA REPUBLICA con Capital MITÚ, acción que hubiera sido respaldada y reconocida INMEDIATAMENTE por los Gobiernos de VENEZUELA, BRASIL, ARGENTINA, BOLIVIA, ECUADOR, NICARAGUA y CUBA por supuesto, nombrando inmediatamente también sus respectivos EMBAJADORES. Nos salvo el Niño EMMANUEL, cuando a su entrega por parte de las FARC se convirtió en todo un triunfo del Gobierno de URIBE, pues CHAVEZTIA, TEODORA BOLÍVAR, NÉSTOR KIRCHNER, MARCO AURELIO GARCÍA –Representante de LULA- etc. se quedaron con los CRESPOS HECHOS, ante vergonzante espectáculo y sainete que montaron. Mejor dicho si no hubiera sido por los PANTALONES Uribe, el ORIENTE colombiano se lo habían repartido entre esa PANDILLA de Matones COMUNISTAS Suramericanos. … http://www.youtube.com/watch?v=eeZgy8rgWYs
    http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_cortijo_de_las_farc/el_cortijo_de_las_farc.asp

  2. Jareval en marzo 18th, 2013 9:04 am

    Los farianos siguen torpe y ladinamente exigiendo «repùblicas independientes» y creen que los colombianos les vamos a entregar «tierras y ganados». Se equivocan de pe a pa, cuando sueñan con estos delirios. Ni un m2, para los delincuentes, asì sean delincuentes polìticos y algo màs que es mejor callar.

  3. uribistas corruptos en marzo 18th, 2013 6:05 pm

    con los criminales uribistas y con sus ignorantes seguidores nos limpiamos el culo.

  4. derecha criminal y solapada en marzo 22nd, 2013 5:49 pm

    La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz entregó en Cali a los familiares de víctimas de la violencia los restos óseos de 14 personas asesinadas por grupos al margen de la ley, en hechos ocurridos entre 1997 y 2008.

    Los restos, que fueron hallados en los departamentos de Valle del Cauca y Putumayo, corresponden a hombres, tres de ellos menores de edad.

    La Fiscalía estableció que 12 de estas personas fueron víctimas de desaparición forzada y luego asesinados. Mientras que las muertes de dos de los menores habrían sido una por envenenamiento y otra de forma accidental, hechos que no tendrían vínculo con investigaciones de la Unidad.

    Algunos hallazgos obedecen a la colaboración de postulados al programa de Justicia y Paz y otros por informaciones de la comunidad.

    Las víctimas fueron identificadas como Delio Felipe Casso Pillimue, los hermanos Carlos Alberto y Silvio de Jesús Giraldo Yepes, Edward Garcés Rentería, Guido Hernán Zuñiga, Gustavo González Cortés, Hernán Vicente Álvarez Berdugo, José Ancizar Guarín Medina, soldado profesional; José Mauricio Londoño Ramírez, Miguel Ángel Campo Astaiza, Yesid López Galíndez y los menores José Germán Agudelo Ramírez, Luis Andrés Burbano Leiton, y Luis Carlos Ulcué Pillimue

  5. derecha criminal y solapada en marzo 22nd, 2013 5:51 pm

    Entrega en Cali restos óseos de víctimas de grupos paramilitares

  6. derecha criminal y solapada en marzo 22nd, 2013 5:55 pm

    Por vencimiento de términos, un juez de Bogotá dejó en libertad a 14 políticos que habían sido capturados por nexos con paramilitares en Urabá.

    Las amenazas a reclamantes vuelven al sur del Cesar

    En Aguachica, La Gloria, Pelaya y Tamalameque, líderes de tierras denunciaron que les han llegado panfletos amenazantes. Los reclamantes piden al gobierno garantizarles la seguridad.

  7. periodisquete mequetrefete en marzo 23rd, 2013 10:22 am

    Los funcionarios que les devuelven las tierras a los campesinos despojados por los grupos guerrilleros, siguen siendo víctimas de múltiples amenazas.

    Así queda evidenciado en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos y firmada por 54 jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, que le piden al gobierno “medidas efectivas de seguridad para sus familiares y para ellos”.

  8. VERGOLIO en marzo 24th, 2013 10:24 am

    El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero del año pasado que el presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia, según una copia del testimonio obtenida por El Nuevo Herald.

    Parte de la confesión de Villalba, cuya credibilidad Uribe atacó esta semana, fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa masacre, ocurrida en el caserío El Aro en 1997, según un extenso fallo de ese tribunal hace dos años.

    Villalba no comprometió al mandatario ni a su hermano en los testimonios ante la CIDH, pero su relato fue parte de las pruebas que sirvieron al tribunal para concluir que en la matanza de El Aro agentes de la fuerza pública colaboraron con grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a sangre fría a por lo menos 15 campesinos «en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento’’, según el fallo, de 160 páginas.

    El mismo fallo cita un testimonio en el sentido que la gobernación del departamento de Antioquia, entonces a cargo del hoy presidente Uribe, se negó a prestar protección a los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque paramilitar era inminente.

    «Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada’’, expresa la sentencia del CDIH.

    Hasta ahora sólo se conocían indirecta y fragmentariamente alguno aspectos de la declaración de Villalba ante la fiscalía colombiana revelados por Uribe sorpresivamente durante una entrevista radial esta semana (El año anterior) para rechazar los señalamientos del ex paramilitar.

    Pero El Nuevo Herald obtuvo una copia completa de la declaración que, en efecto, contiene reiterados testimonios de Villalba de que Uribe, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, se codeaba con los máximos jefes de las AUC y dio carta blanca para llevar a cabo la masacre.

    «[Alvaro Uribe nos dijo] que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, declaró Villalba al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, militares y los hermanos Alvaro y Santiago Uribe.

    La declaración de 19 páginas de Villaba describe con nombre y pormenores una estrecha relación de complicidad y camaradería entre autoridades militares y policiales con los cabecillas de los escuadrones de la muerte.

    Villalba denunció la muerte de funcionarios de la fiscalía que investigaban la masacre, el asesinato de activistas de derechos humanos que colaboraban con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos y tres atentados, uno de ellos con cianuro que le pusieron en una bebida de malta.

    La declaración contiene por los menos dos inconsistencia: que uno de los militares que Villalba mencionó como participante en una reunión a finales de 1997 había fallecido en abril de ese año y que la fecha de la masacre no fue en noviembre, como él sostuvo, sino en octubre de ese año. Cuando los paramilitares llegaron a El Aro, un caserío de unos 500 habitantes en una zona montañosa del norte del departamento de Antioquia, llevaban una lista de sus víctimas, relató Villalba al diario El Colombiano de Medellín.

    A unos los mataron de un tiro en la nuca, bocabajo, en la plaza del pueblo; también ultimaron a un joven de 14 años, pero en el caso del dueño del almacén de abarrotes Marco Aurelio Areiza Osorio, un comerciante de 64 años, apreciado en la región por su generosidad, los paramilitares se ensañaron con una pasmosa frialdad.

    Según los testimonios obtenidos por Human Rights Watch y periodistas colombianos, le ordenaron al comerciante que preparara un sancocho, y después que lo sirvió lo amarraron a un naranjo y, vivo, le sacaron el corazón, luego los ojos y después le arrancaron los testículos. Algunos niños que se escondieron cerca a la plaza lo vieron todo «El bujaba [mujía] duro y luego chillaba como un niño’’, le dijo uno de los menores a los periodistas Carlos Giraldo y Miguel Garrido, de El Colombiano. Los paramilitares ingresaron a El Aro el sábado 25 de octubre, un día antes de elecciones municipales. La toma del pueblo duró unos cuatro días, durante los cuales unos 120 paramilitares con uniformes de las AUC asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron unas 900 cabezas de ganado, según documentos judiciales.

    Villalba, de 36 años, confesó que había participado en ésta y otras masacres de las AUC. Tres meses después de los hechos de El Aro, se presentó ante las autoridades judiciales porque estaba cansado de tantas muertes y se habían planeado atentados con los que no concordaba, dijo. Hoy cumple una pena de 33 años de prisión en la penitenciaría La Picota de Bogotá.

    Según sus declaraciones a la policía, el Ejército y las AUC planearon la toma de El Aro para escarmentar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y rescatar a unos ocho ganaderos y comerciantes que los rebeldes tenían secuestrados.

    Villalba aseguró que tres días antes de la incursión en El Aro hubo una reunió en una finca de un hacendado —que no identificó— en el municipio de La Caucana, en el noroeste de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de las AUC y los hermanos Uribe, agregó. «Estuvo también Santiago Uribe y Alvaro Uribe, que era gobernador cuando eso’’, dijo el testigo. A la pregunta de si conocía anteriormente a los Uribe, Villalba respondió que en el caso de Alvaro no, pero que Santiago «siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos’’. Villalba afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.

    «Supe que era Alvaro Uribe porque él se presentó, habló con nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que los secuestrados habían salido sanos y salvos’’, dijo Villaba. «Ahí llegó con un escolta, de apellido Serna’’, agregó. Los ocho secuestrados fueron liberados. Esta semana Uribe aseguró que jamás he estado en La Caucana. Villaba declaró a la fiscalía que años después vio de nuevo al escolta Serna, pero esta vez como guardia del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en la cárcel de La Picota de Bogotá. Serna lo reconoció y lo saludó, agregó. En la reunión previa a la masacre estuvieron presentes los cabecillas de las AUC Carlos Castaño, entonces máximo jefe de la organización y quien fue asesinado; Salvatore Mancuso, segundo al mando, y otros que identificó con los alias ’Noventa’’, «Cobra’’, el Negro Ricardo y Junior. También acudió un hombre a quien identificó, vacilando, como José Ardila, de las organizaciones de autodefensas campesinas legalizadas por el gobierno y conocidas como las Convivir.

    Al referirse al paradero de Ardila, Villalba dijo: «[Ardila] estaba declarando en contra de Alvaro Uribe, a él lo sacaron de la cárcel, estaba condenado a 60 años y lo desaparecieron, no sé dónde estará’’. Mancuso fue condenado por la justicia colombiana a 40 años de prisión por la masacres de El Aro y La Granja. En esta última fueron torturadas y asesinadas cinco personas el 11 de julio de 1996.

    Según el declarante, Alvaro Uribe «fue invitado por Carlos Castaño’’ a la reunión previa a la masacre y luego presentado por Mancuso ante los asistentes. En esa reunión Uribe habló en público, detalló Villalba.

    «’Alvaro Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos’’, dijo el testigo. En cuanto a la finca donde se realizaron las reuniones, el ex paramilitar señaló que «a mano izquierda hay unos corrales y una caballeriza, esa finca no tenía nombre pero todavía existe, nosotros llegamos un día antes [de la reunión], con mis 22 hombres’’.

    Villalba declaró ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno especializado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que el encuentro ’’fue de día, empezó como a las 10 de la mañana y terminó [a las] 3 de la tarde, después que almorzaron y todo’’. Según el testigo, Mancuso y Castaño llegaron «en un helicóptero gris, pequeño, [que] bajó a la finca directamente’’ y en la zona ’habíamos (sic) como 100 hombres [de escuadrones de la muerte] con los del pueblo y los 22 que yo tenía’’.

    Cuando el fiscal le preguntó si los escuadrones de la muerte recibieron ayuda de de la fuerza pública, Villalba declaró: «Sí doctor, de la IV Brigada [de Ejército]. Lo digo porque antes de la masacre hubo una reunión; hubieron (sic) retiradas de tropas de los retenes [de control militar en el área], suspendido los retenes de tropa en la carretera’’.

    Villalba le dijo al fiscal que con anterioridad a sus declaraciones de febrero de este año había entregado a la justicia detalles de ésta y otros masacres a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Medellín. También declaró sobre la participación de los hermanos Uribe, de lo cual quedaron grabaciones en cintas magnetofónicas, indicó. Pero «las grabaciones resultaron en manos de Mancuso’’, explicó Villalba, y los funcionarios del CTI fueron asesinados en septiembre de 1999. ’A ellos los mataron en Medellín, los mató la gente de la banda de La Terraza y a mí me mandaron que me callara’’, dijo. La Terraza es una enorme agencia de asesinos a sueldo de Medellín que ha operado bajo la dirección de poderosos narcotraficantes y paramilitares. Sobre la reunión en la que participaron los hermanos Uribe Vélez, dijo Villalba, también habló varias veces con el director del CTI de Medellín, «un señor de gafitas, joven, y le comenté lo de [la reunión] de La Caucana y no dijo nada, se quedó callado’’.

    El testigo aseguró que también habló sobre estos temas con María Teresa Gallo, fiscal especializada de terrorismo y derechos humanos. «Me prometió muchas cosas, como cambio de identidad, sacarme de la cárcel y mandarme a otro país’’, dijo.

    En enero de 2007 Villalba trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por otra masacre cometida por paramilitares en noviembre de 1997 en La Balsita, municipio de Dabeiba, Antioquia.

    En esa oportunidad fueron asesinadas 15 personas y entre los responsables, asegura, «también estaba el hermano de Alvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados [sicarios] para eso’’.

    Villalba tiene una segunda condena de 37 años de prisión por la masacre de La Balsita. Los ’’pelados’’ que habría prestado el hermano del presidente Uribe, pertenecían a la banda paramilitar Los Doce Apóstoles’’, que según varias versiones judiciales comandaba directamente Santiago Uribe.

    Villalba afirmó que el 13 de febrero de 1998 decidió entregarse voluntariamente a la Fiscalía, pues militares activos, narcotraficantes y paramilitares planeaban varios crímenes con los que no estaba de acuerdo.

    Los planes se cumplieron. Según el testigo, este grupo asesinó al periodista y humorista Jaime Garzón, al abogado Jaime Umaña y al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

    Valle había advertido desde 1996 que narcotraficantes, militares y escuadrones de la muerte se disponían a cometer la masacre de El Aro. En respuesta, el hoy presidente Uribe, entonces gobernador de Antioquia, acusó públicamente a Valle de ser enemigo de las fuerzas armadas y el ejército lo enjuició por calumnia. Luego fue asesinado en Medellín.

    A Valle, dice Villalba, «lo mató la banda de La Terraza y a mí me mandaron a que me callara […] lo mandaron a matar por las investigaciones que llevaba sobre la masacre del Aro. Era uno de los que me ayudaba porque supo cuando yo me entregué y me iban a matar para que no dijera nada’’.

    El fiscal que estaba encargado de la investigación de Valle, tuvo que salir del país, dijo.

    Además del presidente Uribe y su hermano Santiago, en los expedientes judiciales figuran el ex general Carlos Alberto Ospina —comandante de las fuerzas armadas durante el primer gobierno de Uribe—, quien en el momento de los hechos era comandante de la Cuarta Brigada de Ejército, acantonada en Medellín, y el general de Ejército Alfonso Manosalva Florez, quien según testigos como Villalba y Mancuso entregó a los escuadrones de la muerte la lista de las personas que debían matar en La Granja y El Aro.

    El presidente Uribe señaló como una de las inconsistencias de la declaración de Villalba que la afirmación que Manosalva estaba presente en una reunión en noviembre de 1997 con líderes paramilitares cuando éste había fallecido en abril de ese año.

    Villalba relató que ha sido víctima de tres atentados. El primero ocurrió en la cárcel de la ciudad de Palmira después de haber hablado con la fiscal Gallo. «Un muchacho de las autodefensas, Edison Parra, [condenado por un homicidio en el Llano, me dio una puñalada del lado izquierdo, a la altura del pecho’’. Dos meses después, «en el mismo patio me hicieron otro atentado con cianuro en una Pony Malta [marca de bebida de malta]. Me la hizo Edwin Tirado, también de las AUC, que ahora está en la cárcel de Montería, él era un ex trabajador de Mancuso’’.

    «Los atentados se los atribuyó a Mancuso, en esos días yo estaba declarando contra la Fuerza Pública’’, agregó

  9. derecha asesina en marzo 24th, 2013 10:37 am

    JUICIO A ÁLVARO URIBE VÉLEZ

    Los delitos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, las arbitrariedades, la insolencia, los múltiples desafueros, cometidos en el ejercicio del cargo de Presidente de la República de Colombia por Álvaro Uribe Vélez, no pueden quedar impunes, ni pueden pasar por alto en la frágil memoria de una sociedad adormecida y manipulada mediáticamente como la colombiana.

    Uribe Vélez pisoteó la dignidad de amplios sectores sociales y políticos de Colombia durante sus ocho largos años de gobierno (2002-2010). Desconoció sus derechos, abusó de la primera magistratura para beneficio personal e impuso a como dé lugar sus arbitrarios procedimientos al mejor estilo de los dictadores tropicales.

    La corrupción y el atropello fueron notas predominantes de su malhadado mandato, gracias a esas vías logró comprar a buena parte del Congreso de la República y desconocer la institucionalidad para imponer sus condiciones y caprichos.

    En los dos cuatrienios del gobierno Uribe, Colombia quedó sumida en la condición de «banana republic». Utilizó todo tipo de prácticas, artimañas, componendas y artificios para torcer la Constitución y la ley. Su autocracia dio para todo: sobornó congresistas para comprar su reelección en 2006 (el escándalo de la «yidispolítica»); prohijó y fue cómplice del narcoparamilitarismo que llegó a controlar prácticamente el órgano legislativo; puso al servicio de los paramilitares el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución además que le sirvió de instrumento para interceptar los teléfonos y celulares de dirigentes de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y jueces, a quienes simultáneamente se les montó operaciones de inteligencia y seguimiento por considerarlos cómplices del «terrorismo»; fue proclive con los congresistas vinculados con la «parapolítica», los cuales en su gran mayoría, eran sus amigos y aliados; violó la soberanía de Venezuela (secuestro del guerrillero Rodrigo Granda) y Ecuador (ataque del campamento de Raúl Reyes) en su guerra contra las Farc, en la que impuso su criterio de que «todo vale», con tal de acabarlas; forzó a los militares a cometer delitos de lesa humanidad como los mal denominados «falsos positivos» para poder mostrar resultados en su estrategia bandera que denominó «Seguridad Democrática»; impulsó la delación entre ciudadanos generando un clima de crispación social; amnistió a 30 mil paramilitares y embolató las pruebas de los crímenes cometidos, extraditando a sus jefes a los Estados Unidos; entregó en forma desvergonzada la soberanía nacional al gobierno de Washington, al ofrecer por lo menos siete bases militares colombianas para uso del Comando Sur; y para completar, en el ámbito familiar, supo con habilidad favorecer a sus hijos mediante el negociado de una zona franca.

    La característica del gobierno de Uribe Vélez fue el haber actuado siempre al borde del Código Penal. Por eso el abogado y periodista colombiano Felipe Zuleta Lleras ha considerado conducente denunciarlo ante la Corte Penal Internacional, porque en su opinión, casos criminales como los de Augusto Pinochet en Chile y Alberto Fujimori en Perú, quedan pequeños frente a las graves y múltiples violaciones a la ley cometidas por el autócrata colombiano.

    El Observatorio Sociopolítico Latinoamericano http://WWW.CRONICON.NET ha considerado pertinente aportar su grano de arena a la iniciativa de Zuleta Lleras y de algunas organizaciones colombianas de derechos humanos que asumiendo un gran riesgo personal e institucional han resuelto trabajar por no dejar pasar olímpicamente tanto desafuero cometido por Uribe Vélez, y pone a disponibilidad esta Plataforma virtual con documentos, análisis periodísticos, videos, testimonios, etc., que posibiliten solidificar esta causa penal.

    Se trata, en definitiva, de un empeño porque se haga justicia y no haya olvido. Pero al mismo tiempo, constituye un ejercicio de largo aliento que contribuirá a generar conciencia democrática en un país como Colombia en que se carece de ella y por eso irrumpen caudillos tropicales y de pacotilla que con ímpetu mesiánico terminan horadando lo poco que se ha consolidado de civilidad y respeto por los derechos humanos.

  10. uribe criminal asesino en marzo 24th, 2013 11:19 pm

    23 marzo 2013

    Los siete males de una vía en Colombia

    DENUNCIALa carretera Buga-Buenaventura resume todos los males de la contratación de obras en Colombia.

    Los invasores de predios hicieron su agosto en este proyecto vial. Algunas casas afectadas por los derrumbes siguen de pie y en riesgo de ser ocupadas de nuevo.

    Cuando el presidente Juan Manuel Santos fue a Buenaventura, hace tres semanas, tenía dos puntos en su agenda: inaugurar el dragado del puerto y entregar 560 casas gratis construidas con el dinero incautado a alias Chupeta. Sin embargo, en un momento dado, indignado, se salió del libreto y reveló que la vía Buga-Buenaventura es una vergüenza nacional. “Esta carretera ha sido la historia perfecta de algo mal hecho. Tiene un esquema de contratación realmente diabólico, absurdo, mal estructurado”. De paso, les dio a los lugareños la mala noticia de que esos 118 kilómetros que se construyen en doble calzada desde 2008, no serán entregados este año como estaba provisto, sino tal vez en 2014.

    La denuncia del presidente no es de poca monta pues se trata de una vía estratégica del país. A través de ella se mueve el 50 por ciento de las exportaciones. En su intervención, Santos agregó: “Esta obra tiene distintos tipos de contratos y varios contratistas, unos buenos y otros malos”. Y se refiere a que esos 118 kilómetros de carretera están divididos en cinco contratos de obra y una concesión. La concesión (de un tramo de 48 kilómetros) se entregó a un plazo de 55 años, la de más larga duración de que se tenga conocimiento en el país. Y lo que es peor, hay siete kilómetros sin contratar entre Mediacanoa y Buga. ?El episodio se conoció porque causó un duro enfrentamiento, vía Twitter, entre el expresidente Álvaro Uribe y la ministra Álvarez, quien trabajó con él en la Casa de Nariño. Uribe alegó que esos contratos se adjudicaron en audiencias públicas y la ministra le recordó: “Pero no eran públicas las adiciones por 300 y 400 por ciento del valor de los contratos”.

    La verdad es que la vía Buga-Buenaventura, que pretende unir a Bogotá con el único puerto sobre el océano Pacífico, es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de contratación y es un compendio de todas las plagas que afectan al sector.

    1) Precio mentiroso

    Aunque en el país ha hecho carrera la estrategia de cobrar barato una obra en la licitación, para luego ‘ajustar’ el precio mediante adiciones, pocas veces ha sido tan evidente la estrategia como en este caso. Se firmaron cuatro contratos en 2007 para construir los primeros 48 kilómetros entre Buenaventura y Loboguerrero, que incluían doble calzada, puentes y túneles. El proyecto comenzó en 611.000 millones de pesos, la cuenta va en 1,1 billones de pesos y calculan que todavía faltan otros 250.000 millones, porque lo presupuestado solo ha cubierto 26 de los 48 kilómetros contratados.

    2) Se rajó la planeación

    Por increíble que parezca, este proyecto no contó con planeación. A estas alturas diez kilómetros de esa carretera aún no tienen licencia ambiental y tienen problemas con las comunidades afrocolombianas porque omitieron el paso de la consulta previa. La Corte Constitucional, en octubre de 2012, ordenó suspender las obras hasta que el proyecto se socialice con las comunidades indígenas y afro.

    3) La lotería de los lotes

    La doble calzada a Buenaventura se convirtió en un gran negocio de invasores. “Brotan comunidades de la tierra”, dicen los funcionarios de Invías. Cada que adquieren un predio aparece otro dueño. Se han presentado casos en los que un poseedor vende un terreno y a los pocos días aparece exigiendo que le compren en otro punto de la vía. También hay otros que son propietarios y se niegan a entregar el lote que ya el poseedor vendió. Veedores afirman que hay casas que se compraron dos o más veces. De los 980 predios en la vía falta adquirir 127. El problema se ha vuelto tan popular en la zona, que jocosamente hablan de la casa de los 100 millones de pesos refiriéndose a que hay varios que se han ganado la lotería.

    4) Túneles debajo de la vía

    Parte del trazado pasa por una gran reserva minera: la zona del río Dagua. En el corregimiento de Zaragoza se formaron asentamientos ilegales de mineros que, pese a la prohibición de explotación, se las ingenian para acceder al lecho del río y extraer el metal. Como en varios sectores la carretera bordea el río, ahora los mineros recurrieron a la idea de construir túneles para llegar al afluente, pero pasando por debajo de la vía, para no ser detectados por las autoridades. Ya se descubrieron 15 pasos que han afectado la estabilidad de la carretera en igual número de tramos y que causaron el hundimiento de la calzada.

    5) A paso de tortuga

    La ministra Cecilia Álvarez dijo luego de su recorrido por esa carretera en febrero pasado: “Se veían más mineros en Zaragoza, que trabajadores en la vía”. Seis años después de firmarse el primer contrato, la obra sigue inconclusa. El proyecto se encuentra en un 50 por ciento y la fecha de entrega más cercana es 2016, cuando la inauguración de algunos tramos estaba prevista para 2012. Un informe del Observatorio de la Infraestructura en el Valle argumenta que las dificultades con los invasores de predios se debe a que no hay presencia del contratista.

    6) Un mico

    Lo que el país no sabía es que esta carretera nació como una especie de mico y pasó de agache por más de seis años. Para estos 48 kilómetros de carretera no se abrió una nueva licitación sino que se hizo vía adición de una concesión (la 005) que venía operando desde 1997 y era el proyecto vial entre Valle y Cauca. Esta adición era la número 13 que se le hacía a ese proyecto y se aprobó el 9 de agosto de 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Resultó además curioso que esta adición avalaba una concesión dentro de otra concesión y que, como fórmula de pago de esa adición, se pactó extenderla 55 años. La concesión solo compromete una calzada y le deja al Estado la recuperación y el mantenimiento de la calzada vieja. Además, exime al concesionario de la obligación de atender por su cuenta los derrumbes que se presenten en el nuevo trazado.

    7) ¿Cero control?

    Pese a que se advirtió y diagnosticó la mayoría de los problemas que padece ese proyecto mediante informes del Observatorio de la Infraestructura en el Valle, hasta la fecha las soluciones y las sanciones no llegan. La Contraloría General investiga, por un presunto detrimento patrimonial de 93.394 millones de pesos, al concesionario Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, integrado por las firmas Sideco Americana y Pavimentos Colombia, esta última de los hermanos Héctor y Carlos Solarte. Aunque la investigación cerró su etapa de indagación preliminar el 26 de marzo de 2012, aún no se conocen los resultados

  11. uribe criminal asesino en marzo 24th, 2013 11:48 pm

    Nueve militares a juicio disciplinario por falso positivo en Antioquia

    marzo 24, 2013 4:41 pm

    La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a nueve militares que en desarrollo de la orden de operaciones denominada “Marcial” ocasionaron la muerte de un ciudadano en Antioquia sin tener precisión de que dicha persona fuera un objetivo militar.

    Los afectados con la determinación disciplinaria son el subteniente Camilo Andrés Vergara López, el cabo primero Iván de Jesús Cano Hernández y los soldados Carlos Cardona Bermúdez, Irán Akvey Isaza Ocampo, Rubén Darío Restrepo Espinosa, Alexander Fuentes Javier, Félix A. Velásquez Taborda, Diego Alexander Agudelo y Yerson Jhonier Urrego Bolívar.

    Señala el pliego de cargos que el 16 de mayo de 2003 los miembros del Ejército adelantaron la orden de operaciones “Marcial” y como consecuencia de su accionar ocasionaron la muerte a un hombre que fue señalado por los uniformados como colaborador de la guerrilla.

    Los testimonios recogidos identificaron a la víctima como el propietario de la finca aledaña al sector donde se presentaron los hechos y manifestaron que para ese momento estaba dedicado a las labores del campo.

    La Procuraduría agregó que no existen pruebas que permitan concluir que el ciudadano hacía parte de las FARC, ni tampoco que el día de los hechos se encontrara armado junto con un grupo de integrantes de esa organización.

    En consecuencia, el órgano de control formuló pliego de cargos teniendo en cuenta que los uniformados habrían actuado de manera desproporcionada y en posible violación del principio de distinción que impera como regla para la protección de las personas que no participan en las hostilidades.

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