Por Mauricio Botero Caicedo

Para nadie en este país es un secreto que el Colombia atraviesa por una ‘Emergencia Carcelaria’; y que problema de las cárceles que es serio – muy serio – está al borde de salírsele de manos a las autoridades. Para enfrentar este problema – y evitar que nuestras cárceles se sigan transformando en verdaderas mazmorras donde se viola con impunidad los más elementales derechos humanos – se requieren decisiones de fondo, muchas de las cuáles requieren la estrecha cooperación de las tres ramas del poder: el ejecutivo, el legislativo, y el judicial. Entre las medidas que se deben estudiar están las siguientes:

– Abolir esa costumbre tan arraigada en las autoridades judiciales que el único derecho que verdaderamente gozan todos los colombianos, indistintamente de su estrato social y económico, es el “derecho de aseguramiento”. Aquí, por cualquier nimiedad, y violando de manera flagrante el principio universal de la ‘Presunción de Inocencia’, cualquier ‘Juez de Garantía’ bajo la presión (muchas veces indebida) de un Fiscal manda a cualquiera a templar al calabozo.
– Reformar drásticamente el ‘Código de Procedimiento Penal’ y toda ley, norma, decreto, o reglamento que permita y fomente las vagamunderías como los traslados de una ciudad a otra para asistir a ‘primeras comuniones’, ‘visitas conyugales’ por fuera de las jurisdicciones, y permisos de todo tipo. O se está en la cárcel, o no se esta’…Colombia tiene posiblemente el sistema penal más laxo del mundo, y mientras que para los reos poderosos como los narcotraficantes y los políticos estar en la cárcel se asemeja más a un ‘paseo’ que a un sitio de reclusión, el problema carcelario nunca se va a arreglar.
– Seguir con el ‘Proyecto de Privatización’ de estas instituciones. El Estado ha demostrado su absoluta incapacidad de manejar las cárceles. A lo que se debe dar una administración más rigurosa y especializada son a los asesinos, indistintamente sean narcoterroristas o paramilitares, necesariamente imponiéndoles un régimen carcelario especial. Igualmente no se debe aceptar que los terroristas gocen de ningún privilegio simplemente por el hecho de autodenominarse “rebeldes”.

Pero a la hora de la verdad, el camino más expedito y a la larga con el menor coste para la sociedad – camino que conlleva a una solución definitiva al problema carcelario – el es tener más policías y menos cárceles. El costo de mantener un preso en Colombia es ridículo, aproximándose a un millón de pesos mensuales, costo que no incluye los extras como son los traslados. Por la suma que cuesta mantener los 135.000 presos en el país se puede perfectamente contratar a 135.000 nuevos policías. La experiencia internacional demuestra que el aumento de la fuerza pública en las calles disminuye de manera dramática la población carcelaria. En la ciudad de Nueva York – en donde el alcalde Bloomberg incrementó de manera decisiva el número de policías – la criminalidad ha descendido en un 75 por ciento, teniendo un impacto paralelo en la población carcelaria. Para la sociedad es infinitamente preferible tener un agente patrullando, que un presidiario hacinándose en cárceles nacionales (cuya sobrepoblación según lo admite el mismo INPEC está en el orden del 50%) sin acceso oportuno ni a medicinas, ni a servicios médicos, y con altas probabilidades de ser violado.

Y por policías se entiende igualmente a los encargados de vigilar los delito de cuello blanco (financistas, representantes y senadores, funcionarios públicos, jueces venales, o magistrados), fortaleciendo las entidades de control que los vigilan. Es y siempre será preferible prevenir el delito, que castigarlo!