Una variación inferior al comportamiento de la inflación se ha registrado en los precios del ACPM en lo que va corrido de 2013, al pasar de *$8.179 en diciembre de 2012 a *$8.278 en julio de este año. Lo anterior refleja un ajuste de 1,2% en el precio del ACPM durante el período frente a 1,49% del costo de vida a mayo.

Este comportamiento es resultado de la fórmula de precios de los combustibles que aplica el Gobierno Nacional en el marco de una política coherente que blinda el precio local de cambios extremos en el precio internacional de los combustibles. Cabe mencionar que Colombia es importador de diésel y cerca del 45% del consumo nacional proviene del exterior.

El precio final del ACPM para julio, frente al de diciembre, está afectado por los precios del diésel y del biodiesel, así como por los costos de comercialización. Sobre estos tres componentes se ha observado una disminución de $58 en el diésel e incrementos de $86 en el precio del biodiesel y de **$71 pesos en los costos de comercialización. Es de destacar que, de no haber sido por los efectos de la devaluación, la disminución en el precio del diésel hubiera sido mayor.

En materia de precios para el consumidor final la aplicación de la fórmula ha permitido, incluso, reducciones importantes como las que se registraron en enero, mayo y junio, meses en los que el precio del combustible estuvo $23, $66 y $49 por debajo del valor fijado en diciembre de 2012.

Así mismo, la política del Gobierno Nacional ha estado orientada a promover la competencia en el mercado en beneficio del consumidor. Por esa razón, mediante Resolución No. 181254 del 30 de julio de 2012, el Ministerio de Minas y Energía estableció para 25 ciudades del país el régimen de libertad vigilada. Esto quiere decir que el Ministerio establece precios sugeridos de venta al público para las zonas del país en las que se ha identificado suficiente competencia, lo que ha llevado a precios inferiores al indicativo del Ministerio.

En estas 25 ciudades las estaciones pueden fijar los precios libremente, pero están obligadas a reportarlos a un sistema de información de la cadena de distribución de los combustibles, lo que permite hacerle seguimiento y evitar abusos.