Graves disturbios se presentaron también en los municipios de Caucasia, Cáceres y Buriticá, en el departamento de Antioquia, donde los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, dejaron 7 uniformados y por lo menos 5 civiles heridos.

Para controlar la situación, los respectivos alcaldes se vieron obligados a decretar el toque de queda y a militarizar los cascos urbanos.

Igualmente se registraron violentos disturbios en otro punto de concentración de mineros en paro, ubicado en el corregimiento Irrá, del municipio de Quinchía, en el departamento de Risaralda, con un saldo de 15 niños y 20 adultos afectados por los gases lacrimógenos lanzados por la policíal, así como 5 civiles, incluido un menor, y un oficial de la policía lesionados.

En este punto, los manifestantes trataron de bloquear la carretera Manizales-Bogotá y un bus de la empresa Arauca, que fue atacado a piedra, resultó con los vidrios quebrados.

Los mineros notificaron que el paro continuará en forma indefinida hasta tanto el gobierno resuelva favorablemente el pliego de 15 peticiones, una de las cuales tiene que ver con la derogatoria de un decreto por medio del cual el ejecutivo dispuso una ofensiva contra la minería ilegal que incluye la destrucción de la maquinaria que sea utilizada en estas operaciones no autorizadas.

El paro minero se suma al paro campesino del Catatumbo, que ya completa 38 días, sin que se vislumbre una solución a corto plazo.

Además, el panorama social y laboral del país tiende a complicarse debido a que los cafeteros reafirmaron en las últimas horas su decisión de realizar un paro nacional a partir del próximo 19 de agosto, luego de fracasar una mediación del vicepresidente de la república, Angelino Garzón.

El cese de actividades, según los cafeteros, es en protesta contra el incumplimiento del gobierno nacional a los compromisos que asumió con este gremio para terminar el paro realizado a principios del año.