La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres exalcaldes de igual número de municipios del departamento del Magdalena, por posibles irregularidades presentadas en el manejo de recursos de regalías para la construcción de proyectos de vivienda de interés social.

Se trata de José Santander Rosales Cortina, Nixon Cudriz Delgado y Antonio Eljadue Gutiérrez, quienes para la época de los hechos se desempeñaban como mandatarios de los municipios de Plato, Santa Bárbara y Pijiño del Carmen, respectivamente.

Los tres municipios suscribieron bajo la modalidad de contratación directa un convenio de asociación con la fundación Fundamigos para la construcción de las mencionadas viviendas, con la misma entidad sin ánimo de lucro, al parecer vulnerando los principios de selección objetiva y responsabilidad.

Advierte la investigación que al parecer la firma contratista no contaba con los requisitos de idoneidad habilitantes para la participación en el proceso de selección, lo que conlleva a considerar que no se habría efectuado un análisis previo y de justificación de acuerdo a las reglas de selección de contratación directa, pues de haberlo hecho, el ente territorial hubiera escogido la mejor propuesta en condiciones de experiencia, capacidad técnica y financiera.

De otra parte, los entonces alcaldes de los municipios magdalenenses de Plato y Santa Bárbara no habrían adoptado las medidas necesarias tendientes a continuar inmediatamente con la ejecución del objeto del contrato de asociación, tras declarar la caducidad para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social rural por incumplimiento.

En ese sentido considera el Ministerio Público que los mandatarios debieron adoptar las medidas necesarias para garantizar inmediatamente la ejecución del objeto contratado.

Por último, a juicio del Ministerio Público, el alcalde de Plato, José Santander Rosales Cortina, habría incumplido su deber legal de liquidar el convenio de asociación suscrito entre el municipio de Plato y la fundación por declaratoria de caducidad, dentro de los plazos fijados por ley.

De acuerdo con la normatividad vigente, el exmandatario estaba obligado a liquidar el convenio de asociación dentro de los cuatro meses siguientes a la declaratoria de caducidad. Sin embargo, el investigado habría dejado transcurrir más de 7 meses, incumpliendo los plazos fijados por la ley.