El Procurador General de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado pidió hoy al gobierno nacional incluir en las negociaciones con las Farc en Cuba y en los pactos que eventualmente se suscriban, el grave problema del reclutamiento, la violencia sexual y otros delitos de lesa humanidad que se están cometiendo contra los niños y las niñas en desarrollo del conflicto armado.

Según el jefe del ministerio público, el grupo guerrillero debe garantizar «la no repetición de graves violaciones a los Derechos Humanos de los niños en el contexto del conflicto armado interno».

Las precisiones las hizo el procurador Ordóñez Maldonado en una carta que envió al presidente de la república, Juan Manuel Santos, en la cual le hizo un llamado atención por la poca efectividad de las medidas adoptadas para monitorear la situación de los niños víctimas del conflicto armado, ni para incidir en la garantía de sus derechos.

El procurador pide al jefe del Estado adoptar medidas urgentes, especiales y estructurales a favor de los niños víctimas en el contexto del conflicto armado, que permitan la protección integral de sus derechos, así como la recomposición de sus familias desestructuradas y golpeadas por la violencia.

También reclamó una investigación integral, así como la sanción de los perpetradores, facilitadores o encubridores de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario contra niños y niñas.

Ordoñez Maldonado advirtió que la acción o la omisión del Estado en la protección de los derechos fundamentales de los niños pueden acarrear responsabilidades ante instancias internacionales, y puso de manifiesto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha estrechado su relación con la Corte Penal Internacional como parte de la estrategia de supervisión que le compete.

Reconociendo el compromiso del presidente Juan Manuel Santos con el reto de construir la paz, e invocando el principio del interés superior del niño, en el entendido de que sus derechos tienen carácter fundamental y prevalecen sobre los demás, el procurador Ordóñez Maldonado le planteó diez recomendaciones específicas al primer mandatario para asegurar la más amplia satisfacción de los derechos de los niños que han sido o son actualmente víctimas del conflicto armado interno.

En términos generales, los aspectos señalados por el jefe del Ministerio Público están relacionados con:

• La incorporación de la problemática de la victimización de los niños en el conflicto en el Acuerdo General de La Habana y en los pactos que eventualmente se suscriban entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

• La evaluación del impacto de las políticas y planes de acción acogidos por la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, de la utilización y de la violencia sexual contra niños por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.

• La adopción de medidas urgentes, especiales y estructurales a favor de los niños víctimas en el contexto del conflicto armado, que permitan la protección integral de sus derechos, así como la recomposición de sus familias desestructuradas y golpeadas por la violencia.

• La revisión y ajuste de los planes de acción existentes, en especial el Plan Integral para la Promoción de Niños y Adolescentes con Oportunidades (PIP).

• La articulación de las políticas y proyectos a favor de los niños víctimas del conflicto armado con los gobiernos de las entidades territoriales.

• La garantía de la no repetición de graves violaciones a los Derechos Humanos de los niños en el contexto del conflicto armado interno.

• El cumplimiento de lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para proteger efectivamente los derechos de los menores de edad.

• La previsión de que los planes y programas del Gobierno Nacional y de los entes territoriales en materia de prevención y atención de esta problemática se estructuren con base en documentación confiable que abarque todo el territorio nacional.

• La investigación integral, así como la sanción de los perpetradores, facilitadores o encubridores de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario contra niños y niñas.

• Las directrices al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las demás entidades y autoridades que integran el Sistema de Bienestar Familiar para que no retarden, bajo ningún pretexto, la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El procurador Ordóñez Maldonado anunció que hará un llamado a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales para aunar los esfuerzos necesarios con el fin de dar respuesta de manera integral, no solo a las recomendaciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, sino a los niños que han sido reclutados y utilizados por organizaciones delictivas y han sido víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno.

Señaló además que en el segundo proceso de rendición pública de cuentas de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud que se adelantará durante el primer semestre de 2014 y que deben rendir el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes del país, se priorizará la evaluación de las políticas públicas y las estrategias para enfrentar la utilización, el reclutamiento ilícito, así como la violencia sexual de las que ha sido víctima esta población por parte de grupos organizados al margen de la ley.

El jefe del Ministerio Público expresó que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y que para lograrla no basta con la cesación del conflicto armado interno, sino que se deben tener presentes las normas nacionales e internacionales garantizando máximos de verdad, medios de reparación integral y mínimos de justicia, para no dar cabida a la impunidad.

Reiteró asimismo su posición en el sentido de que los derechos de las víctimas se constituyen en límites de la actuación del Estado en procesos de paz; que la protección de los niños y niñas es una necesidad para legitimar esos procesos, y que la inclusión de mecanismos nacionales de rendición de cuentas y la vinculación del monitoreo internacional son medios idóneos para vigilar la garantía y la efectividad de los derechos de las víctimas