Por: Luis Guillermo Grillo Olarte
Tomando un tiempo inexplicablemente prolongado el gobierno de Presidente Santos hizo pública ayer su posición frente al fallo de la Corte de las Haya en contra de Colombia en el tema del mar que rodea el Archipiélago de San Andrés.
El gobierno fijó como suyo el concepto de la inaplicabilidad del fallo lo mismo que la consideración del Archipiélago de San Andrés y Providencia como una unidad indivisible.
Así mismo estableció la necesidad de un tratado bilateral con Nicaragua que debe ser conocido y aprobado por nuestro congreso.
Personalmente considero que el hecho de tener ya una posición frente al fallo de la Corte nos fortalece frente a las pretensiones expansionistas de Nicaragua porque nos permitirá además coordinar acciones con otros países del áreas en relación con este tema. Todo esto resulta muy positivo para el país y merece todo nuestro apoyo.
Sin embargo subsisten aún algunos interrogantes tales como: quienes nos representaron en este largo proceso durante varias décadas disfrutaron ilimitadamente de todo tipo de apoyos, privilegios y altísimos honorarios, que pasó? quienes de acuerdo a la Constitución y la ley han sido responsables de conservar la integridad de nuestro territorio que hicieron o dejaron de hacer en este caso por qué no se han hecho públicas las actas de la comisión asesora de relaciones exteriores y otros documentos fundamentales relacionados con este tema.
Resulta inmoral considerar la pérdida de más de 70.000 km2 del mar que rodea el Archipiélago de San Andrés como un tema de utilidad en nuestra política interna.
Es necesario que el país conozca la verdad de ese proceso y a los responsables de esta inexplicable situación.