–La iglesia Católica colombiana terció en las últimas horas en el debate alrededor de la reforma a la salud que el gobierno nacional está impulsando en el congreso de la República y reclamó una transformación integral del sistema para acabar con “el predominio mercantilista que ha reducido el sistema sanitario a un negocio» y erradicar “la nociva existencia de intereses políticos, corruptos y corruptores, caracterizados por el abuso de poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la connivencia con grupos ilegales, la falta de transparencia en la contratación y otros numerosos hechos, delictivos e inmorales, que afectan gravemente la eficacia de la sanidad pública”.

Los duros pronunciamientos están contenidos en una carta que envió a la presidencia del Congreso el cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, tras desbrozar la crítica situación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado por la Ley 100 de 1993.

El prelado advierte que el país carece «de un verdadero sistema de salud preventiva y de políticas de Estado coherentes para ello», a tiempo que pone de presente el calvario a que están sometidos los usuarios por la excesiva tramitología y los obstáculos para acceder equitativamente a los tratamientos y medicamentos requeridos, además del «escandaloso desvío de cuantiosos recursos públicos destinados a la salud en favor de intereses privados».

El Cardenal Salazar Gómez señala que la reforma debe reafirmar la responsabilidad del Estado frente al bienestar integral de los ciudadanos, donde «la salud no puede verse reducida a un negocio sometido a las leyes de la oferta y de la demanda».

Igualmente a rechaza «enérgicamente cualquier tentativo de favorecer la injusta práctica del aborto o de cualquier otra disposición que viole el inalienable derecho a la vida, desde la concepción hasta su fin natural» y finalmente pide al Congreso de la República, encontrar mecanismos que ayuden al control de precios en los medicamentos.

Los términos de la carta del jerarca de la Iglesia al presidente del Senado Juan Fernando Cristo y a los demás congresistas, son los siguientes:

“Apreciado Senador:

En repetidas ocasiones, la Iglesia Católicaha manifestado su seria preocupación por la crítica situación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado por la Ley 100 de1993. Con atención, hemos seguido el desarrollo de los debates parlamentarios para reformar el inequitativo sistema vigente.

En ese contexto, queremos poner en conocimiento del Honorable Congreso de la República, a través suyo, las siguientes consideraciones generales que no tienen otro fin que el de brindar a los Senadores y Representantes, especialmente a aquellos que profesan la religión católica, materia de reflexión ética y moral sobre la delicada responsabilidad que ahora les concierne:

1. La dignidad de la persona humana exige que la vida de cada hombre y mujer se desarrolle en el marco de unas condiciones materiales de vida que permitan el goce y el ejercicio plenos de sus derechos y de sus deberes fundamentales. De ahí que la Constitución Política de Colombia considere responsabilidad primordial e irrenunciable del Estado y de sus instituciones tutelar los derechos de sus ciudadanos, garantizándoles los medios suficientes e indispensables para llevar una vida digna. Esta responsabilidad del Estado incluye la tutela eficaz y prioritaria del derecho fundamental a la salud.

2. Aunque reconocemos claros avances en algunos frentes, los Obispos de Colombia no podemos dejar de evidenciar los problemas estructurales que aquejan al vigente sistema sanitario. Entre otros, nos parece oportuno mencionar ahora:

a) las serias dificultades, pese a la ampliación de la cobertura, de acceso efectivo a los servicios de salud por parte de los ciudadanos, especialmente de los más pobres y de aquellos que viven en regiones apartadas;

b) las condiciones lamentables de numerosas instalaciones sanitarias, especialmente estatales, su notable escasez en el ámbito rural y la carencia en ellas de las modernas tecnologías de la salud;

c) el escandaloso desvío de cuantiosos recursos públicos destinados a la salud en favor de intereses privados;

d) la carencia de un verdadero sistema de salud preventiva y de políticas de Estado coherentes para ello;

e) la excesiva tramitología a la que se ven expuestos los usuarios del actual sistema y los obstáculos para acceder equitativamente a los tratamientos y medicamentos requeridos;

f) la nociva existencia de intereses políticos, corruptos y corruptores, caracterizados por el abuso de poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la connivencia con grupos ilegales, la falta de transparencia en la contratación y otros numerosos hechos, delictivos e inmorales, que afectan gravemente la eficacia de la sanidad pública;

g) el predominio de una mentalidad mercantilista que ha reducido el sistema sanitario a un negocio;

h) la falta de garantías laborales para el personal sanitario;

i) la promoción, con dineros públicos y el apoyo de organismos internacionales, de una mentalidad abortista y eutanásica contraria a la dignidad humana, a los valores del pueblo colombiano y a los principios legales de nuestro ordenamiento.

3. Ante tales situaciones de injusticia y corrupción, los Obispos de Colombia renovamos nuestro apremiante llamado al Congreso de la República para que lleve a cabo una reforma sanitaria integral, que logre erradicar las causas profundas de la crisis del sistema vigente y permita una mejora sustancial de la prestación de los servicios sanitarios.

4. Con el deseo sincero de contribuir al bien común de la Nación e Inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia que explicita los valores del Evangelio y que nos lleva a contemplar en cada hombre y mujer un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, el Episcopado colombiano quiere brindar al Congreso de la República, en pleno respeto de su independencia y autonomía, las siguientes recomendaciones:

a) La reforma del sistema sanitario debe partir del reconocimiento de la salud como derecho fundamental y prioritario de los colombianos, y, además de la redefinición de estructuras, organismos y modelos técnicos de funcionamiento y de control, debe estimular y reflejar un profundo cambio de mentalidad ética que ponga el bien de la persona humana, del paciente, por encima de cualquier otro interés legítimo. Para ello, es necesario entender que la salud no se agota en la dimensión biofísica sino que incorpora también el bien emocional y espiritual de la persona.

b) La reforma del sistema sanitario debe reafirmar la insustituible responsabilidad del Estado frente al bienestar integral de sus ciudadanos. Para ello, la participación de entes gubernamentales y de entidades privadas en el sistema de sanidad pública debe estar supeditada a la tutela prioritaria del derecho a la salud del que el Estado debe hacerse eficaz garante. La salud no puede verse reducida a un negocio sometido a las leyes de la oferta y de la demanda.

c) En un país caracterizado por notorias e injustas desigualdades, la reforma del sistema sanitario debe favorecer la equidad y la integración, valores esenciales de un Estado social de Derecho. De ahí que los más pobres y desamparados, los menores de edad y los ancianos y toda persona colocada en situación de vulnerabilidad deban recibir una atención sanitaria prioritaria.

d) Es necesario que el sistema de sanidad pública incorpore la dimensión preventiva, hasta convertirla en el carácter definitorio de su modelo de funcionamiento.

e) Es también necesario establecer mecanismos efectivos de control de precios de los medicamentos, particularmente de los productos monopólicos, que en Colombia registran niveles muy superiores a los de países de América Latina e incluso de países desarrollados.

Es urgente dignificar el trabajo del personal sanitario, brindando estabilidad y garantías que permitan un ejercicio eficaz y competente de sus responsabilidades.

g) Es necesario administrar mejor los recursos públicos de modo que pueda invertirse en investigación y en la mejora sustancias de las instalaciones sanitarias.

h) La dimensión ética del personal sanitario y de las instituciones de salud debe ser una prioridad de la reforma del sistema. En efecto, solo un personal capacitado, no sólo en el campo técnico, sino también ético y moral podrá tomar conciencia de la dignidad humana del paciente, buscando los medios más adecuados para hacer frente a sus necesidades materiales y espirituales.

i) Por último, los Obispos de Colombia rechazamos enérgicamente cualquier tentativo de favorecer la injusta práctica del aborto o de cualquier otra disposición que viole el inalienable derecho a la vida, desde la concepción hasta su fin natural.

Ruego al Señor para que ilumine las deliberaciones del Honorable Congreso, de modo que sus resultados puedan responder al anhelo de justicia y de equidad del pueblo colombiano.

Agradecido por la atención que querrá brindar a la presente, aprovecho la ocasión para reiterarle mis sentimientos de estima y consideración,

Cardenal RUBÉN SALAZAR GÓMEZ
Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia
Presidente de la Conferencia Episcopal