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Fiscalía inicia investigación por fuga de cuatro ‘Urabeños’

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Un fiscal de la Unidad contra las Bandas Emergentes (Bacrim), con sede en Medellín, inició de oficio la investigación en contra de cuatro supuestos integrantes de la banda criminal Los Urabeños, quienes al parecer por medio de documentos fraudulentos obtuvieron la libertad y se fugaron de la cárcel El Pedregal de Medellín.

Los procesados que tenían medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir entre otros, y que supuestamente eran cercanos al máximo cabecilla de la esa organización criminal, Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel; fueron identificados como: Nini Johana Úsuga David, hermana del cabecilla; Rafael Uribe Nieto, Walter de Jesús Castrillón Jaramillo y Merado Pena Bautista.

Los cuatro fueron capturados por la Unidad contra las Bandas Emergentes (Bacrim) de Medellín, a principios de diciembre de 2013 durante un operativo que permitió la incautación de 8 mil millones de pesos en Medellín y Rionegro (Antioquia).

Sobre la fuga se estableció que el 26 de diciembre de 2013 se envió un oficio firmado por Natalia Campos Bernal, supuesta secretaria del Juzgado Promiscuo del Municipio de Canalete (Córdoba), donde se ordena la libertad inmediata de los procesados por una supuesta revocatoria de la medida de aseguramiento que pesaba en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado. Por solicitud del Centro de Servicios Judiciales de Medellín el oficio es confirmado supuestamente por el propio juez Ángel Castro Durán.

La solicitud de libertad habría sido firmada por la juez coordinadora del centro de servicios judiciales de Medellín, contra quien la Fiscalía inició también investigación para determinar su responsabilidad en los hechos. Los delitos por los cuales se inició el proceso a la funcionaria son falsedad en documento, uso de documento falso, fraude a resolución y fuga de presos.

Igualmente, en contra de los procesados que quedaron en libertad, se ordenó su recaptura porque tienen medida de aseguramiento y serán también judicializados en un nuevo proceso por los mismos delitos que se investiga a la juez, ya que asaltaron la buena fe del centro de servicios judiciales.