Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron en las últimas horas al coronel del Ejército Nacional, Saúl Humberto Valderrama Pedraza y al Sargento Primero, Luis Olmer Narváez Medina, en calidad de coautores de los delitos de desaparición forzada agravada y el homicidio de la joven campesina, Mely Johanna Durango Trujillo en el departamento de Córdoba.

Según la investigación, el 3 de marzo de 2006 en la vereda Calzón Rojo, sector de La Resbalosa, San José de Apartadó, en límites con Córdoba, miembros del Ejército Nacional retuvieron en esa localidad a la menor Durango Trujillo, de 17 años de edad.

El 4 de marzo el Defensor Comunitario de San José de Apartadó denunció la desaparición de la menor, se inició su búsqueda y en los comandos de las Brigadas XVII y XI informaron que el día anterior no se había registrado presencia de personal militar en esa zona, retención de personas, ni ningún tipo de enfrentamientos.

Al avanzar las investigaciones se encontraron reportes de un enfrentamiento entre tropas de infantería No. 33 Junín con miembros del frente 58 de las FARC, en los cuales murió un NN de sexo masculino el 4 de marzo y otro informe del 7 de marzo de 2006 en el que se reportó la baja de un NN femenino en el sector de la quebrada El Novillo de Tierra Alta, Córdoba, que 8 días después fue reconocida indiciariamente como Mely Johanna Durango Trujillo.

La víctima apareció con un uniforme militar que fue reportado como robado, pero que en desarrollo de la investigación se determinó que un sargento al momento de su traslado lo había regalado a uno de los soldados de la compañía.

El proceso investigativo concluyó que el coronel Saúl Humberto Valderrama Pedraza, capitán del Ejército para la época de los hechos; el sargento primero Luis Olmer Narváez Medina, que en 2006 se desempeñaba como cabo primero y el entonces subteniente Jhon Ricardo León Reyes, tuvieron participación en los operativos que terminaron con la desaparición y muerte de la menor de edad.

El fiscal del caso al calificar el proceso con resolución de acusación en contra de los oficiales y suboficiales implicados en el caso como coautores de los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida revocó la decisión del 5 de abril de 2006 del Juzgado 29 de Instrucción Penal Militar que al resolver la situación jurídica de los uniformados se abstuvo de decretar medida de aseguramiento.