–Los principales miembros de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, además de un notario, fueron capturados en desarrollo de un proceso por el despojo de alrededor de 3 mil hectáreas de tierra en la zona del Urabá, operación que realizaron en connivencia con los grupos paramilitares.

Los capturados son Carlos Sotomayor Hodeg, actual gerente del Fondo Ganadero y los miembros de la Junta Directiva, Benito Molina Velarde y Orlando Fuentes Hessen; el asesor jurídico, Carmelo Esquivia Guzmán y Miguel Puche Yánez, notario Tercero de Montería.

Estos personajes, que deberán responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado, fueron capturados en allanamiento practicados a sus propias viviendas, ubicadas en el norte de Montería, por agentes de la Dijín de la Policía Nacional junto a funcionarios del CTI de la Fiscalía,

Benito Molina Velarde, uno de los detenidos, es de nacionalidad mexicana y reside en Montería desde hace por lo menos 20 años, siendo el mayor accionista del Fondo Ganadero.

El Notario Miguel Puche Yánez fue implicado en las irregularidades porque en su despacho se habrían hecho las escrituras para legalizar el despojo de las tierras.

Los cinco capturados deberán responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, testaferrato y falsedad en documento público.

Sotomayor, Molina y Esquivia, fueron trasladados a Bogotá, mientras en Montería fueron dejados Fuentes y el notario Puche, por presentar complicaciones de salud.

Los hechos por los cuales serán procesados los detenidos datan de diciembre de 1997, cuando los integrantes de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba autorizaron la compra de miles de hectáreas ubicados en los municipios antioqueños de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá.

Las 3 mil hectáreas de tierra despojadas habían sido adjudicadas por el Incoder a 18 familias del Urabá, las cuales fueron obligadas por los grupos paramilitares a venderlas a precios irrisorios o simplemente a entregarlas bajo amenazas y luego tuvieron que salir de esos territorios.

Los predios fueron adquiridos por miembros de las autodefensas, por intermedio de Sor Teresa Gómez, de la familia de los máximos cabecillas , los hermanos Castaño Gil.

Según la investigación adelantada por la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, para tratar de darle legalidad a ese desplazamiento forzado, algunos miembros de la Junta Directiva del Fondo Ganadero se prestaron para adquirir los terrenos.

El hecho curioso de este caso es que el propio Gobierno Nacional sabía de la negociación que se llevaba a cabo, pues además de poseer en ese momento el 26% de las acciones del Fondo, tenía un representante en la Junta Directiva, que era Carlos Sotomayor Hodeg, quien actualmente se desempeña como gerente.