EL DERECHO AL REVÉS.

abril 28, 2014 5:54 pm

PALACIO-DE-JUSTICIA

Dos de los fines del derecho son garantizar el bien de la comunidad y la seguridad jurídica. El primero hace referencia al progreso y al bienestar integral de las personas y el segundo al conocimiento claro y preciso de los deberes y derechos y de las consecuencias de las infracciones fijadas en las normas.
Cuando el comportamiento de una persona viola la ley, si las partes no pueden solucionar el diferendo, debe hacerlo el Estado a través de los jueces, en sentido general. Siempre el Estado, el juez como vocero del Estado y sujeto a las normas y no como libre intérprete del derecho, que para el caso es la suma de la ley y de la jurisprudencia.
El caso Petro, por haberse enredado con tintes politiqueros e ideológicos y presentarse como “un atentado contra la paz”, desbordó el contexto judicial y ha generado una de las mayores desconfianzas en el sistema judicial colombiano.

Para entender el tema a decidir es importante tener claridad sobre varias premisas, a saber: i) Entre quiénes se establece la relación jurídica sustancial. ii) Qué relación jurídica procesal debe aplicarse para solucionar el caso. iii) Cuál es el caso que debe resolverse. iv) Qué pruebas demuestran la posible infracción. v) Quién es la autoridad competente para resolver el caso. vi) En el evento de que deba sancionarse, cuál son los límites de la sanción que debe imponerse.

En términos generales, para el caso Petro, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1) El alcalde es elegido por voto popular. 2) El ciudadano agota el ejercicio de su derecho al voto, cuando vota y como el voto es secreto es imposible demostrar por quién se votó. 3) No hay elegidos irrevocables, tanto como no hay empleos que no puedan terminarse. 4) No hay funcionarios sin funciones preestablecidas en la ley. 5) El Procurador tiene facultad constitucional para vigilar la conducta de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive los de elección popular. 6) El Código único disciplinario estable los procedimientos de juzgamiento y fija las sanciones que deben aplicarse en cada caso. 7) La ley establece los recursos que tiene el disciplinado para controvertir las decisiones tomadas en su contra. 8) Si en el proceso hay violación ostensible de los derechos fundamentales el disciplinado puede recurrir a la acción de tutela y a la de nulidad ante juez contencioso administrativo. 9) Durante el proceso en Colombia, el disciplinado podría pedir que la CIDH formule recomendaciones para que la autoridad competente tome medidas progresivas a su favor dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales. 10) Terminado el proceso en Colombia y agotados todos los recursos, el disciplinado podría pedir a la Corte Internacional de Derechos humanos la protección de sus derechos y la Corte podría tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.

En el caso Petro, durante el proceso adelantado ante la Procuraduría, las partes fueron disciplinado (Petro) y Estado (Procuraduría). Se observaron todas las garantías contempladas en la ley y la Constitución. Las sanciones impuestas son dos: 1) La destitución del cargo y, 2) la inhabilidad general por el término de QUINCE años para ejercer funciones públicas.

Sobre la facultad del Procurador para destituir a funcionarios elegidos popularmente, no hay discusión. La han presentado respecto de la sanción de inhabilidad.

Las tutelas presentadas contra la decisión de la Procuraduría solo deben estudiarse si las presenta el disciplinado. Los terceros no tienen legitimidad para demandar en favor de Petro.

La Comisión Interamericana, para este caso, solo puede formular recomendaciones particulares si las pide el disciplinado. Los terceros no tienen legitimidad para demandar en favor de Petro.

Luego de agotados todos los recursos en Colombia, el disciplinado y solo él, por tratarse de un caso en particular, podría pedir la protección de sus derechos fundamentales y que se tomen medidas provisionales, si hay lugar.

El Juez de tutela al considerar que las recomendaciones de la CIDH para que el Gobierno suspenda los efectos de la sanción a Petro son obligatorias, incurrió en grave error por la siguientes razones: 1) Las medidas se pidieron en Octubre de 2013 antes de la sanción. 2) Las medidas no fueron pedidas por Petro. 3) Lo que la CIDH solicita es que se suspendan los efectos de la sanción, pero no la sanción misma, cuya legitimidad no está en juego. 4) Al Señor Presidente haber restituido a Petro a la Alcaldía sin que la Procuraduría haya suspendido ni la sanción, ni los efectos de inhabilidad, tenemos a un alcalde destituido e inhabilitado en pleno ejercicio de su cargo.

Ningún caso como el Petro, puede ser mejor ejemplo para entender que en Colombia, el Derecho está al revés.

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