El próximo jueves se llevará a cabo una reunión con funcionarios de alto nivel para discutir la problemática en el Pacífico colombiano, incluyendo denuncias por corrupción en al menos 12 municipios de la región.

Luego de una extensa jornada de trabajo con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la presencia de funcionarios de nivel técnico enviados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Ministerio del Interior, en las últimas horas se llegó a un acuerdo con las comunidades del Pacífico colombiano declaradas en paro cívico desde la semana pasada.

Es así como al cabo de reuniones que terminaron este lunes en la noche, representantes del Gobierno Nacional y los manifestantes firmaron un acta de compromiso con cinco puntos fundamentales, en la que se confirma una reunión para el jueves 21 de agosto con funcionarios de alto nivel, encabezados por el Viceministro del Interior, a fin de discutir las demandas de los pobladores y buscar soluciones a la problemática que las aqueja.

Entre otros aspectos, y gracias a la mediación de la Defensoría, las partes acordaron que a través de la Procuraduría y la Contraloría, se dará trámite a las reiteradas quejas de los ciudadanos respecto a preocupantes focos de corrupción en al menos 12 municipios de Cauca y Nariño, incluidos Barbacoas, Roberto Payán, Maguí Payán, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Mosquera, Timbiquí, López de Micay y Guapi, donde más se han concentrado las protestas.

Debido al temor expresado por quienes son portadores de estas denuncias, la Defensoría del Pueblo solicitó la presencia en las mesas de trabajo de un equipo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), petición que fue acogida por el Ministerio del Interior, a la vez que anunció el acompañamiento permanente a estas personas, con el fin de que el Estado garantice su derecho a la vida y la integridad.

No obstante la inconformidad de los ciudadanos frente a temas como el agua potable, la educación, la infraestructura vial y de servicios públicos, así como el costo de la gasolina, estos primeros acuerdos permitieron reanudar la actividad comercial, que se encontraba suspendida desde la semana anterior.