Ante la magistratura del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía formuló imputación de cargos a la ex Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, por las presuntas irregularidades en que incurrió al realizar contratos para el cambio de sede del Nivel Central de esa entidad.

Según lo expuesto por el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo del proceso, Morelli Rico en calidad de Contralora habría suscrito los contratos 233 y 234 del 29 de marzo de 2012 con la firma Proyectos y Desarrollos I S.A., cuyo objeto era la adquisición de servicios de alquiler de la nueva sede física de la Contraloría, con los cuales contrajo una obligación mensual de $2 703 685 689.

Así, indicó el fiscal, se habrían violado los principios de planeación, economía y selección objetiva, generando un detrimento de $12 292 636 453, por pago de arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, en el que se evidenció un sobre costo en el valor del canon.

Igualmente señaló que para la celebración de estos contratos se cometieron irregularidades en los estudios previos sobre la justificación de la necesidad, el estudio de mercado puesto que no tenía rigor técnico, así como en la selección del contratista y un doble pago por el mismo objeto del contrato. Agregó el fiscal que la Contralora como ordenadora del gasto desconoció la legalidad contractual.

Dichos contratos fueron pactados a dos años pero con una cláusula que los obliga a prorrogarlos hasta 10 años, de lo contrario la Contraloría debe pagar una sanción, además de llevarse el mobiliario.

Otra de las conductas que la Fiscalía reprochó a la excontralora fue la enajenación de las sedes propias, como el edificio Centro Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque, a través de los contratos interadministrativos CM-019-2013 y CM-009-2014, con la empresa Central de Inversiones S.A. CISA, que tenían como objeto transferir a título de compraventa estos bienes y por los cuales firmaron escrituras públicas que otorgaban el dominio. Supuestamente Morelli Rico provocó la condición de no uso de dichos inmuebles para enajenarlos.

Por estos hechos la Fiscalía imputó a la excontralora los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, con circunstancias de mayor punibilidad por la relevancia de la posición que ostentaba en su calidad de Contralora.

La magistratura fijó para el próximo lunes 22 de septiembre a las nueve de la mañana, la audiencia de solicitud y eventual imposición de medida de aseguramiento.