La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas ante el asesinato de un líder indígena y la desaparición de otro, durante el fin de semana en el departamento del Chocó; el viernes fue asesinado Ernelio Pacheco Tunay, presidente de la OICH, y en las últimas horas se registró la desaparición del presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del alto Baudo – ACIAB, Miguel Becheche Zarco.

El viernes pasado fue asesinado Ernelio Pacheco Tunay, presidente de la Organización Indígena del Chocó (OICH), en inmediaciones de la comunidad indígena de Bacal del municipio del Alto Baudó. Cuando se desplazaba en un bote por el Río Nauca, Pacheco fue obligado a bajarse de la embarcación por parte de hombres que portaban armas largas, y horas después fue hallado el cuerpo sin vida cerca de ese lugar.

Por otra parte, ayer por la tarde se presentó la desaparición del señor Miguel Becheche Zarco, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del alto Baudo (ACIAB), quien se desplazaba en bote por el río Baudó y en el sitio La Playita (cerca de la comunidad de Puerto Martínez, también en el municipio de Alto Baudó) fue abordado por hombres armados que le amarraron las manos y lo condujeron a otro bote, llevándoselo con rumbo desconocido.

El homicidio de Ernelio Pacheco y la desaparición de Miguel Becheche, acontece justo antes de cumplirse la iniciativa que se ha denominado ‘Baudoseando’, convocada por diferentes organizaciones sociales y étnicos territoriales, con el fin de brindar acompañamiento a las comunidades indígenas y afrocolombianas de la Subregión del Baudó y visibilizar ante las autoridades públicas la problemática de conflicto armado y derechos humanos en la región.

La Defensoría de Pueblo rechaza las acciones criminales contra los líderes y contra la población indígena de esta región del país y destaca la participación de organizaciones étnicas en la denominada acción de movilización social por la paz ‘Baudoseando’ que se realizará los días 15, 16 y 17 de septiembre.

La problemática humanitaria de la subregión del Baudó (municipios de Bajo, Medio y Alto Baudó) ha sido advertida de forma reiterada por la Defensoría del Pueblo. A través del SAT, el pasado 16 de mayo, la Entidad emitió una cuarta Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo número 011 de 2009 para dicho territorio y que fue declarada Alerta Temprana por el Ministerio del Interior.

El escenario de riesgo para la población afrocolombiana e indígena asentada en la subregión del Baudó está relacionado con las acciones del Frente Resistencia Cimarrón del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Urabá o Urabeños, que se disputan los espacios estratégicos para el control de los circuitos ilegales de narcotráfico, la siembra, procesamiento y la comercialización de la coca.

De acuerdo con la dinámica de la confrontación armada en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó persiste el riesgo de homicidios, desapariciones forzadas, reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, accidentes por minas antipersonal, desplazamientos y confinamientos de las poblaciones indígenas y afrocolombianas.

La Defensoría recuerda que en el Municipio de Alto Baudó se han presentado dos desplazamientos masivos causados por los enfrentamientos entre las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas y el ELN. El primero se presentó el 11 de mayo de 2014 cuando fueron desplazadas 2.631 personas (563, familias) pertenecientes a las comunidades indígenas Embera del Resguardo indígena Dubasa, Catrú y Ancoso. El segundo desplazamiento masivo ocurrió el 13 de junio de 2014 debido a que los enfrentamientos se extendieron a la parte alta de la cuenca del Baudó, desplazando a 457 personas (85 familias), de siete comunidades, seis de ellas indígenas y una afro colombiana de la cuenca del río Cugucho.

La población de los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó se encuentra en una alta condición de vulnerabilidad por las precarias condiciones socioeconómicas en que habitan, lo cual se refleja en los altos índices de necesidades básicas insatisfechas, en materia de alimentación, salud, agua potable y empleo, como también por la debilidad débil presencia estatal.

Las condiciones de aislamiento geográfico de la población y las dificultades en la comunicación se han convertido en un obstáculo para que el Estado brinde una atención oportuna e integral a la grave situación de derechos humanos en esa zona del Chocó.