–El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, aseguró que la masacre de los 7 policías en el departamento de Córdoba estaba anunciada, pues desde el pasado 12 de septiembre la entidad había enviado oficios a las autoridades territoriales alertando sobre una inminente situación de riesgo en el corregimiento Tierradentro, del municipio de Montelíbano, donde ocurrió el trágico hecho.

Otálora Gómez expresó condenó y repudio la acción criminal de las Farc, tras indicar que si bien se trata de combatientes, un ataque como este con ráfagas de fusil y explosivos no convencionales, no es justificable en el marco del conflicto armado.

Al manifestar su solidaridad con los familiares de los siete uniformados muertos y hacer votos por la pronta recuperación de los cinco heridos que ocasionó este lamentable hecho atribuido al frente 58 de las FARC, el funcionario recordó que negociar en medio de la confrontación implica que haya situaciones de violencia, pero que para evitar su escalamiento y particularmente el impacto sobre la población civil, tiene que llegar el momento en que se discuta un posible cese de hostilidades.

Recordó que precisamente, entre el miércoles y el viernes de la semana pasada se presentaron dos hechos de riesgo para las comunidades asentadas en el mismo corregimiento donde sucedió la emboscada.

Dijo que según reportes conocidos por la Defensoría Regional en Córdoba, hubo un hostigamiento contra la estación de Policía, lo cual obligó a los padres de familia y a los maestros de la Institución Educativa Técnico Agrario Claret a evacuar los estudiantes y suspender las labores académicas, toda vez que el colegio está ubicado a tan solo 100 metros del comando.

Además señalo que ya el viernes se tuvo conocimiento sobre mensajes intimidatorios de presuntos miembros de la guerrilla advirtiendo sobre una posible incursión armada, razón por la cual sugerían no realizar clases hasta nueva orden.

En virtud de estas circunstancias, señaló que la Defensoría del Pueblo remitió comunicaciones escritas de alerta al Comandante de la Policía en Córdoba, al Gobernador del Departamento y al Director Regional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a fin de que se tomaran las medidas de prevención y se convocara a un Comité de Justicia Transicional para los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador.

Previamente, el 2 de mayo de 2013, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, emitió un informe de riesgo para esas mismas localidades, el cual advertía acerca de alianzas entre los grupos ilegales, cuyo accionar se refleja en graves vulneraciones a los derechos humanos a través de actividades como amenazas, homicidios, desapariciones y reclutamiento forzado, hostigamientos, extorsiones y accidentes por minas antipersonal, entre otros factores de incidencia. Es preciso señalar que dicho documento fue elevado a la categoría de alerta temprana por el Ministerio del Interior, la cual continuaba vigente.

El Defensor del Pueblo advirtió que mientras el año pasado se registraron 281 homicidios en Córdoba, a junio de este año la cifra era de 90, pero no obstante esa reducción, en las poblaciones de Montelíbano y Puerto Libertador la tendencia era creciente, pues si bien a 31 de diciembre de 2013 los indicadores eran de 20 asesinatos para la primera y 11 para la segunda, tan sólo en el primer semestre de este año el total era de 14 y 7, respectivamente.

A este panorama se suman las denuncias por amenazas, que según datos de la Fiscalía General de la Nación para 2013, acumulaban más de 2 mil reportes para todo el departamento, 1.020 de los cuales fueron registrados en Montería y 84 en Montelíbano.

Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo exhortó a las autoridades nacionales a intervenir para ejercer un control efectivo del orden público en la zona, y para llegar con una oferta institucional integral que más allá de mitigar los alcances de la violencia ejercida por las FARC y el grupo post desmovilizado de “Los Urabeños” que también tiene alta injerencia en la región, se lleven a cabo programas sostenibles de acompañamiento y atención humanitaria en beneficio de las comunidades.