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Gobierno venezolano acusa a Álvaro Uribe de financiar «grupo terrorista» de estudiantes deportados de Colombia

Armados y en camuflado
Armados y en camuflado
–El ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez financia e instruye al grupo terrorista liderado por el estudiante deportado recientemente de Colombia, Lorent Gómez, con el objetivo de acabar con la revolución bolivariana.

«Hemos determinado que este joven tiene nexos con la iglesia en Colombia, con dos diputadas de renombre en ese país, quienes precisamente le hicieron lobby con Uribe. No nos queda la menor duda de que Lorent es alumno de Alvaro Uribe Vélez», precisó el ministro venezolano al presentar un nuevo video sobre las actuaciones de Lorent Gómez en un informativo de televisión de Caracas.

En el documento audiovisual que divulgó, Lorent Gómez expresa su intención de organizar y ejecutar planes terroristas en San Cristóbal, estado Táchira.

Gómez señala que debía posponer sus acciones hasta saber el desenlace de las elecciones presidenciales en Colombia (junio de 2014), e indica que para el mes de octubre aplicaría «la jugada de la plastilina», que tenía como objeto crear caos y desestabilización en la entidad fronteriza.

Este video se suma a otro difundido el lunes en el programa Zurda Konducta, transmitido por Venezolana de Televisión, en el que se revela la planificación de actividades terroristas, como colocar explosivos en discotecas y en la sede regional del Consejo Nacional Electoral, dirigidas a sabotear elecciones municipales en Táchira.

En el material presentado por el ministro, Lorent Gómez, quien fue expulsado de Colombia a principios de septiembre por acciones ilegales en ese país, reconoce que todo lo que está pasado en la frontera «no es accidental», y revela sus intenciones de propinar ataques terroristas simultáneos a cuatro objetivos en la ciudad de San Cristóbal, entre los que figuran una aseguradora, un estacionamiento, una sede política y un banco del Estado.

Asimismo, señala su intención de atacar a los colectivos sociales del estado Táchira.

El Ministro de Interior, Rodriguez Torres dijo que este nuevo video y prueba la conspiración, pues presenta al propio activista hablando de «como se adiestra y las líneas que da Uribe para organizar grupos como ese en toda América, para luchar en contra de la izquierda».

Rodríguez Torres anunció también que en los próximos días el Gobierno venezolano presentará nuevos videos y evidencias que confirman los planes terroristas de los grupos alineados con la ultraderecha.

El ministro informó, además, que las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano vinculan a Gómez con activistas de la ultraderecha como María Machado y Leopoldo López, quienes han sido señalados como presuntos responsables de generar acciones terroristas y desestabilizar la nación.

«Ya estamos armando todo ese rompecabezas de acción conspirativa e insurreccional que vimos en la guarimba y que ahora pretenden reavivar».

Al presentar las nuevas pruebas, el titular de Interior y Justicia recordó que el plan conspirativo se inició en octubre 2010 con la denominada «Fiesta Mexicana», donde estuvieron presentes varios actores de la ultraderecha como Gustavo Tovar Arroyo- quien participa actualmente en las labores y logística de financiamiento de acciones terroristas-, y el ex alcalde y promotor de bandas fascistas en San Cristóbal, Daniel Ceballos, entre otros.

Mientras tanto, la fiscalía venezolana imputó hoy cargos a «los activistas de la extrema derecha», deportados de Colombia Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valle, lo mismo que a su compañero Ronny Navarro, por presuntamente incurrir en el delito de conspiración a la rebelión, que se suma a los delitos de instigación e intimidación al orden público, incertidumbre pública y divulgación de información falsa, que les fueron imputados en mayo pasado.

El delito de conspiración a la rebelión, establecido en el artículo 143, numeral 2, del Código Penal venezolano, fija una pena de 12 a 24 años de prisión para «los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».