La Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo para el municipio de Ataco, Tolima, donde incluso los propios funcionarios públicos están expuestos a graves violaciones de sus derechos, sin contar con la vulnerabilidad que para los habitantes de esa población significan la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información recopilada mediante fuentes oficiales y comunitarias, la cual fue verificada en terreno por los funcionarios del SAT, el Alcalde local, al menos tres concejales, 36 presidentes de Juntas de Acción Comunal y varios comerciantes de la región, son objeto de amenazas y extorsiones, generalmente provenientes de personas que se identifican como miembros de la guerrilla de las FARC.

El informe de riesgo 028-14, enviado al Gobernador del Tolima y las demás autoridades del orden nacional y territorial, señala que en lo corrido del año el Alcalde Municipal ha recibido más de 20 llamadas extorsivas atribuidas a personas que se identificaron como integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero y la Compañía Manuelita Sáenz. La Defensoría del Pueblo ha conocido que las exigencias se han concentrado en porcentajes sobre el valor de tres obras civiles en ejecución, incluida una carretera para beneficio de la comunidad.

Así mismo, en el último Consejo de Justicia Transicional realizado el pasado 4 de septiembre, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y voceros de los comerciantes, denunciaron presiones económicas e intimidaciones similares.

Cabe señalar que en el caso del Alcalde, el pasado 7 de octubre desconocidos arrojaron una granada contra su vivienda, ocasionando la destrucción parcial de la misma, situación que propició el ofrecimiento de una recompensa de hasta 30 millones de pesos y el refuerzo en las medidas de seguridad para proteger la vida del mandatario.

Sin embargo, el acoso y la vulnerabilidad se extienden a otros funcionarios de la administración, como sucedió con tres concejales, quienes se vieron obligados a abandonar sus propiedades por la sentencia de muerte que en su contra lanzaron presuntos miembros de un grupo delincuencial conocido como “Los Churucos”, el cual estaría involucrado en una serie de homicidios selectivos ocurridos entre diciembre de 2013 y enero de 2014.

De hecho, la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizó valoración de riesgo extraordinario para los cabildantes, quienes han denunciado que desde septiembre les fue suspendido el servicio de telefonía celular y que las medidas del Plan Padrino ofrecido por la Policía no son suficientes.

Como antecedente, en agosto del año 2012 los 13 concejales del municipio y el Personero local, fueron blanco de amenazas y presiones por actores al margen de la ley.

Ante este preocupante panorama, que también implica un riesgo para los habitantes, pues además de las extorsiones han circulado versiones sobre posibles ataques de la guerrilla, tanto en la cabecera municipal como en algunas veredas entre las que se incluyen Paujil, Berlín y Casa de Zinc, la Defensoría del Pueblo a través de su informe de inminencia formuló 13 recomendaciones y solicitudes puntuales a 8 autoridades nacionales y regionales, a fin de prevenir y contener estas acciones de afectación a los derechos humanos.