Luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) asegurara que se registró una significativa reducción en las cifras de hacinamiento carcelario, la Defensoría del Pueblo expresó reparos a ese diagnóstico, y advirtió sobre los problemas que acarrea la llamada «operación reglamento» que desde hace más de 2 meses adelantan los miembros de la guardia en al menos 23 establecimientos del país.

Según el Inpec, la disminución del 9,5 por ciento obedece a que los jueces aplicaron la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, otorgando beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria y suspensión de la pena a 18.732 internos, lo cual permitió la creación de 489 cupos.

Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo existen situaciones coyunturales que tienen alta incidencia en estos resultados, y que son completamente ajenas a las medidas judiciales que atribuye el Instituto, pues sólo en el caso de la operación reglamento es evidente que la parálisis no ha permitido la entrada de nuevos reclusos a las penitenciarías, generando enorme congestión en las URI y en las estaciones de Policía. Así sucede, por ejemplo, en Mártires (centro de Bogotá), donde el pasado lunes la Defensoría tuvo que intervenir para mitigar los efectos de una protesta por las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad, en un sitio donde la capacidad es para 40 pero alberga a 112 individuos.

Dice el Inpec que el hacinamiento de 49 por ciento registrado hoy, con base en la disminución que alude ese organismo, tiene que ver con el aumento en los cupos carcelarios, factor que a criterio de la Defensoría genera serias dudas, pues por una parte se ha relacionado la apertura de nuevos cupos con plazas correspondientes a establecimientos no habilitados para albergar nuevos reclusos, como sucede en Guaduas y Facatativá; y por otro lado, la Defensoría ha evidenciado cómo espacios diseñados para el esparcimiento, la reflexión y la capacitación de los internos son convertidos en celdas, sin las condiciones de infraestructura en materia de servicios públicos ni habitación digna. Es el caso de la cárcel de Riohacha, donde el altar de lo que iba a ser una pequeña capilla se volvió dormitorio.

Para la Defensoría es claro que si se tiene en cuenta la cantidad de personas recluidas en los centros de detención transitoria (URIS y estaciones de Policía), la cifra de hacinamiento se ubicaría en el 53 por ciento, es decir cuatro puntos por encima del que reporta el Inpec a costa del sufrimiento de cientos de ciudadanos, que independientemente de su situación judicial, ven vulnerados sus derechos cada día.

Cabe recordar que desde el 11 de septiembre, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, advirtió que bajo ningún pretexto la operación reglamento podía traducirse en perjuicio de los derechos fundamentales de la población carcelaria, pronunciamiento que ha sido reiterado por la Defensoría el 15 y 27 de octubre en alusión a los graves efectos de la protesta que ya cobija a 12 departamentos del territorio nacional, sin que el Gobierno ni el propio Inpec hayan tomado las medidas para superar una situación, que sumada al paro de la rama judicial (frente al cual tampoco se ha encontrado una salida), pone en jaque el funcionamiento del sistema con un costo altísimo para los derechos humanos.