El máximo cabecilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, criticó la «absurda sentencia» de la etnia nasa contra siete guerrilleros por la muerte de dos indígenas de esa comunidad, ocurrida la semana pasada en el Cauca.

Una asamblea de la etnia nasa en el municipio de Toribío, condenó el pasado domingo a siete guerrilleros de las FARC, todos indígenas y entre los que hay dos menores de edad, a penas que van desde 20 latigazos, hasta los 60 años de cárcel.

«Es evidente que ese tipo de procedimientos repugna al más elemental sentido de justicia», señaló Timochenko en una columna fechada el martes 11 en «las montañas de Colombia» y publicada en el sitio web de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), cercana a las FARC.

El cabecilla guerrillero dijo que «se acusa falsamente a los milicianos de haber asesinado cobardemente a dos guardias indígenas que les reclamaron por la instalación de una valla» alusiva al fallecido jefe de las FARC, Guillermo León Sáenz («Alfonso Cano»), el antecesor de Timochenko, abatido en 2011.

«Los capturan los guardias indígenas y los juzgan y condenan esos mismos guardias indígenas», escribió Timochenko, quien afirmó que los milicianos dispararon en defensa propia.

Las FARC reconocieron el sábado el asesinato de los guardias indígenas Manuel Antonio Tumiñá y Daniel Coicué, en una zona rural de Toribío, lamentando «el deselenlace luctuoso de un hecho que no merecía tal exacerbación».

La sanción contra los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) fue elogiada en las redes sociales por varios líderes de opinión, que la calificaron de «eficaz, rápida y justa», pero criticada por la oficina de la ONU en Colombia.

Para Timochenko, la condena «no es otra cosa que el reinado absoluto de la arbitrariedad en un país que se describe como modelo».

«Si ese es el país al que piensan debemos reintegrarnos, no hay entonces la mínima posibilidad de ello», añadió.

Las FARC y el gobierno colombiano llevan adelante desde hace dos años negociaciones en La Habana para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años.

«El único tribunal legítimo para juzgar a los milicianos implicados en el absurdo episodio provocado por la irracionalidad sospechosa de unos cuantos indígenas, que no son toda la comunidad ni todas las comunidades indígenas del país, por las que profesamos el más alto respeto y consideración, es el contemplado por el reglamento de régimen disciplinario de las FARC», concluyó.

La Constitución colombiana brinda a las autoridades de los pueblos indígenas la potestad de realizar juicios por delitos cometidos en sus territorios ancestrales, aunque no pueden aplicar penas que contravengan la Carta Magna o las leyes del país.