Según un informe de Ágora Consultorías, cifras oficiales dan cuenta que desde marzo de 2012 hasta septiembre de 2014, las FARC secuestraron a 70 personas: 18 en el primer año, 30 en 2013 y 27 en lo que va de 2014. Además hay que sumar el plagio del general Alzate Mora y sus dos acompañante, y el de dos soldados que habían sido raptados en Arauca.

La explicación que dio desde La Habana el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, es que no raptaron civiles, sino un jefe militar, y que eso forma parte de la guerra que aún mantienen con el Estado colombiano. «No es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que no se toquen a sus soldados y generales», dijo.

Pero de esas 75 personas que fueron tomadas de rehén en el período, sólo 10 pertenecen a las Fuerzas Armadas, incluidos el general Alzate Mora y el cabo Rodríguez. Los otros 65 son civiles.

«En muchos casos no se trata de exigir a cambio de la liberación una suma de dinero, sino generar temor entre la gente de la región para dar fuerza a sus exigencias extorsivas. Esto se produce en zonas en las que la guerrilla exige un pago periódico a quienes realizan actividades económicas», explica Orlando Hernández Angarita, consultor senior en gestión de riesgos de Ágora Consultorías, en diálogo con la página ‘Infobae’.

Por eso aparecen amas de casa, empleados de bajo rango y hasta adolescentes entre los secuestrados. La idea es infundir el terror entre los habitantes de un pueblo para poder cobrarles un canon por «protección», al igual que una organización mafiosa.

Pero también están los casos de secuestro convencional, en los que la finalidad es obtener un pago por el rescate. «Son personas previamente seleccionadas por su capacidad económica, por las empresas para las que trabajan. O los capturan en los retenes que hacen en sus zonas de influencia, eligiendo a los que ven con más recursos», agrega el especialista.

Si bien las FARC ya no tienen la capacidad logística y económica para sostener el nivel de secuestros de fines de los 90 y principios de los 2000, cuando habían hecho de Colombia el país con la tasa más elevada del planeta, muchos de sus frentes siguen dependiendo de esta práctica para financiarse.

«Los líderes de las FARC reconocen públicamente que no tienen unidad de mando sobre todos los frentes guerrilleros que hay desplegados en el país. Y no todos ellos pueden financiarse a través del narcotráfico o de la minería ilegal, como hacen otros frentes, que son multimillonarios. Entonces, acuden a la extorsión y el secuestro», dice Hernández Angarita.

«Lo que dicen es -continúa- ‘si usted no me paga, yo voy y le quemo el carro y el negocio, o secuestro a algún conocido’. Así envían un mensaje todos. Son formas de aleccionar a la población civil para convencerla de que lo mejor es pagar».

Como la cúpula no controla todos los grupos que forman parte de la organización, por más que digan «a partir de este momento no secuestramos más gente», si algún frente necesita de esa práctica para su subsistencia lo sigue haciendo.

«Actúan por iniciativa propia. La mejor prueba es que la elite que está en La Habana no sabía que se había producido la captura del general Alzate Mora», dice Hernández Angarita.

Si esto puso y pone en duda la continuidad de los diálogos de paz no es solamente por el secuestro en sí, sino por lo que revela del funcionamiento de las FARC. Si el secretariado, con cuyos representantes negocia el gobierno, no puede forzar a los frentes menos poderosos a abandonar la extorsión, ¿cómo podría convencer a los más fuertes de dejar el narcotráfico?

«Existe incertidumbre y desconfianza frente a las posibilidad de que la totalidad de los alzados en armas se acoja a los acuerdos, porque hay zonas del país donde el negocio de la droga está manejado por ellos en toda su cadena logística. Desde la siembra, que la hacen comunidades que dependen de ellos, hasta el transporte y la venta en el exterior. Es un negocio sumamente rentable y no tienen una unidad de mando», dice Hernández Angarita.

«Es altamente probable que si se llega a firmar un acuerdo algunos frentes se declaren en desobediencia o continúen operando con otro nombre. Lo mismo ocurrió con algunos grupos de Autodefensas luego de su disolución», concluye.