Bogotá

Procuraduría llama a declarar a subsecretaria de Movilidad por exigir mayor cuota de comparendos a agentes de tránsito

BOGOTA-COMPARENDOS-ELECTRONICOS–La Procuraduría General de la Nación informó este martes que citó a audiencia pública a subsecretaria de Servicios de Movilidad de Bogotá Luz Angela Martínez Bravo, por haberse extralimitado en sus funciones por supuestamente haber exigido a los altos mandos de la Policía que aumentaran el número diario de comparendos que debían imponer los agentes del tránsito en la capital del país, so pena de ser destituidos.

La diligencia de carácter verbal fue programada para las 2 de la tarde en la Sala de Audiencias número 1, ubicada en el edificio contiguo a la sede central de la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público señaló que adoptó la decisión luego de tener conocimiento, a través de diferentes medios de comunicación, de las presuntas presiones indebidas sobre los miembros de la Policía Nacional para que incrementaran el número de comparendos por infracciones de tránsito que se registran diariamente en Bogotá.

Añade que al parecer, la exigencia habría sido hecha por Luz Angela Martínez en una reunión sostenida el 24 de julio de 2014 en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, al mayor Gilberto Pulido, comandante operativo de Tránsito de Bogotá y en presencia del mayor de la Policía José Fernando Monsalve y de otros funcionarios de la señalada Subsecretaría.

La investigada habría exigido aumentar los comparendos expedidos por la Policía de Tránsito en un número mínimo de 2.500, “condicionándolos en caso de no cumplir, con la expedición de un decreto para sustituir parcialmente a la Policía de Tránsito por personal del Distrito, proyecto de acto que les entregó en la misma reunión”, lo que a juicio de la Procuraduría constituye una extralimitación de funciones.

La falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo teniendo en cuenta que el perjuicio causado a la imagen de la Policía de Tránsito, afectando su credibilidad y el principio de la función pública, específicamente el principio de moralidad pública.