El Ejército deberá indemnizar con 600 millones de pesos a familiares de los soldados muertos a causa de una explosión y posterior vertido de hidrocarburos en 1996 en el oleoducto Trasandino, en el tramo que atarviesa el municipio nariñense de Puerres, según un fallo del Consejo de Estado conocido este martes.

El ataque se registró en abril de 1996, cuando unos 500 guerrilleros atacaron una caravana militar, que llevaba uniformados que tenían como misión custodiar la infraestructura petrolera, el asalto tuvo lugar en la vía que de Puerres conduce a Monopamba en el departamento de Nariño.

En el ataque murieron 33 soldados, mientras que otros 17 uniformados fueron secuestrados.

Al analizar los hechos, el Consejo de Estado responsabilizó al Ejército, por omisión, al no cumplir con las medidas necesarias para proteger a los soldados.

Para el Alto tribunal, “el Estado es responsable del resultado perjudicial ya que no se correspondió con los principios de humanidad, esto es, con aquellos que exigen que el ejercicio de toda actividad, como por ejemplo las misiones de seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas, debe estar orientada hacia la preservación de los derechos”.

Además, el Consejo de Estado pide a la Unidad de Delitos Ecológicos o Ambientales de la Fiscalía General para que investigue el proceder de las Farc durante ese ataque que incluyó detonar explosivos para derramar el crudo del oleoducto.