–El Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez pidió al Ministerio de Educación investigar y evaluar posibles sanciones contra los colegios que están incurriendo en graves abusos al iniciar el año escolar, exigiendo por cada alumno cuotas hasta de un millón de pesos y otros aportes no autorizados, además de incluir en la lista de útiles elementos como bolsas para la basura, jabón y papel higiénico.

Otalora Gómez estableció que como resultado de la campaña que lanzó la Defensoría del Pueblo el pasado 12 de enero para que los ciudadanos dieran a conocer sus inconformidades en esta materia, se han presentado denuncias que van más allá de los listados de útiles y tienen que ver con conductas y requerimientos que claramente contravienen las disposiciones legales.

Entre ellas destacó la suscripción obligatoria a paquetes virtuales que deben ser adquiridos en sitios específicos, la imposición de guías para talleres y evaluaciones cuyo costo anual se aproxima a los 350 mil pesos sin la posibilidad de fotocopiarlas, el cobro de cifras cercanas al millón de pesos solamente por materiales, la inclusión de textos importados en el valor de la matrícula generando incrementos que llegan al 38 por ciento, y cuotas de hasta 200 mil pesos para la sistematización de notas, tema que es de competencia y responsabilidad exclusiva de los colegios.

Advirtió que hacen parte de los listados emitidos por algunos colegios la compra de kits en sitios específicos, cuotas cercanas al millón de pesos para la adquisición de materiales, aportes para sistematización de notas, elementos de aseo que incluyen bolsas para la basura, jabón y papel higiénico; además de accesorios como disfraces.

Los excesos se extienden a los jardines infantiles e instituciones de preescolar, en los cuales les piden, entre otras cosas, resmas de papel, rollos de papel higiénico hasta en paquetes de 12 unidades, cuadernos para niños de guardería y bolsas de la basura, por citar algunos ejemplos.

Aunque no tiene que ver con los listados de útiles escolares y el caso se presentó el año pasado, llamó la atención sobre la denuncia de un padre de familia que entregó soportes sobre la contribución que realizaba para el pago de los servicios públicos en la institución donde estaban matriculados sus hijos.

El Defensor del Pueblo recordó que de acuerdo con la normatividad vigente respecto a los útiles y materiales escolares, hay claras disposiciones, como las siguientes:

– Los colegios no pueden solicitar materiales de dotación que deben ser provistos por las instituciones, como sucede con los elementos de aseo.
– No pueden exigir marcas específicas ni la compra en lugares exclusivos.
– Los materiales no deben ser entregados a los colegios, puesto que pueden ser administrados desde cada uno de los hogares.
– Todos los materiales deben ser esenciales para el desarrollo de los programas académicos.

Así mismos esxtableció que de acuerdo con la resolución 15168 del 17 de septiembre de 2014 emitida por el Ministerio de Educación, los topes máximos para el incremento en matrículas y pensiones para colegios y jardines privados oscilan entre el 2 y el 5,1 por ciento, de acuerdo con los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11 y el régimen tarifario.

En virtud de lo anterior, la Defensoría del Pueblo extendió la solicitud elevada al Ministerio de Educación, a las Secretarías territoriales con jurisdicción en Bogotá, las 6 ciudades desde las cuales llegaron denuncias a la página web, los dos municipios que en Putumayo y Cundinamarca también expresaron sus inconformidades a través de la campaña “Útiles sin abusos”, y los distintos departamentos donde se recibieron quejas de los ciudadanos.

Adicionalmente, a través de la Regional Bogotá, la Defensoría verificó las jornadas de atención en las Direcciones Locales de Educación (DILE) para la asignación de cupos escolares en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito y Barrios Unidos.

En las actividades de acompañamiento, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo constataron que diariamente fueron atendidas hasta 650 personas conforme la distribución previa de fichas, observándose como común denominador las largas filas de los padres de familia, que el cabo de 3 o 4 horas de espera eran atendidos. Si bien en todos los casos las autoridades distritales garantizaron la suficiencia en los cupos, en Bosa se presentó una situación particular, pues según algunos testimonios, los establecimientos con disponibilidad de matrículas están ubicados en sitios de difícil acceso, razón por la cual los ciudadanos preferían rechazar el cupo.

Finalmente, Otálora Gómez señaló que la Defensoría, a través de sus 36 regionales en el país, mantendrá activo el plan de monitoreo al sistema educativo durante las próximas semanas, cuando la totalidad de estudiantes haya reanudado el año lectivo correspondiente a la vigencia de 2015.