–En medio de la conmoción e indignación que causó el hecho se conoció en las últimas horas el primer informe médico sobre las causas de la muerte de la niña de 5 años a manos de su propia madre.

De acuerdo con ese reporte, la desalmada mujer, identificada como Blanca Nelly Camelo Benavides, al parecer lanzó a la pequeña contra una pared o contra el piso, causándole severos tráumas en la cabeza que hicieron imposible para los médicos salvarle la vida.

En efecto, Carlos Arteta Molina, director científico de la Clínica Cardio Infantil, indicó que la menor ingresó al centro asistencia con un trauma cráneo encefálico relacionado «con la aceleración y desaceleración de la niña, al parecer, contra la pared».

Como lo informamos oportunamente aquí en la web www.radiosantafe.com, el escalofriante hecho se produjo el pasado miércoles 21 de enero en una vivienda del municipio cundinamarqués de de Tenjo, ubicado a escasos 30 kilómetros al noroccidente de Bogotá.

Aparentemente, la mujer tomó la determinación de acabar con la vida de la niña tras sostener una discusión con su compañero sentimental y padre de la pequeña.

Luego, tras ser capturada, la mujer trató de quitarse la vida lanzándose al paso de un carro, pero solo sufrió algunos golpes en las piernas, por lo cual fue hospitalizada, pero ayer en la tarde fue dada de alta y esta mañana fue presentada ante un juez de garantías del municipio de Madrid, también Cundinamarca, para legalizar su captura y ser imputada de cargos.

Será enjuiciada por el delito de homicidio agravado con varios atenuantes más, según la policía.

La Procuraduría General de la Nación anunció en las últimas horas un seguimiento al proceso penal contra la madre de la pequeña.

Al efecto indicó que teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la connotación que tiene lo sucedido, constituyó agencia especial para que intervenga dentro del proceso de investigación que adelanta la Fiscalía 01 de la Unidad de Reacción Inmediata de Madrid, Cundinamarca, en contra de la señora Blanca Nelly Camelo Benavides, por presunta responsabilidad en la muerte de su hija de 5 años, que al parecer fue víctima de una fuerte golpiza.

Añadió que según lo registró la clínica del municipio de Tenjo, Cundinamarca, la menor fue ingresada a ese centro hospitalario el pasado miércoles con pronóstico grave y diagnóstico craneoencefálico que le produjo muerte cerebral.

El agente especial del Ministerio Público, designado para que intervenga durante el desarrollo de estas actuaciones y garantice el debido proceso, la defensa de los derechos fundamentales afectados y que se arribe a la verdad de este hecho, deberá presentar periódicamente informes de las actuaciones y del estado de las investigaciones.

También la Defensoria del Pueblo anunció un seguimiento estricto al caso e hizo «un enérgico llamado a la responsabilidad social para que la muerte y la violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia no siga siendo un episodio recurrente sin que la comunidad se conmueva».

Baste señalar como referente –agregó–, que el año pasado 6.425 menores de edad debieron ingresar a procesos administrativos de restablecimiento de derechos por situaciones de maltrato.

La Defensoría, a través de su Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y el Adulto Mayor, pidió prestar especial atención a signos de alarma como el llanto permanente de los niños, el vacío en sus expresiones habituales (como retraimiento, miedo y renuncia al juego), señales corporales como moretones y lesiones de cualquier tipo, entre otros, que al ser observados y advertidos pueden evitar desenlaces fatales.

La Defensoría del Pueblo le recordó a los colombianos que no denunciar el maltrato infantil ante las autoridades competentes, es decir, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional, las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y la propia Defensoría, puede significar incurrir en el delito de omisión de denuncia, el cual dependiendo las circunstancias, y más aún cuando se trata de derechos superiores como los de los niños, niñas y adolescentes, puede traducirse en sanciones que llegan hasta la prisión de 1 a 3 años.

La Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez exhortó a las autoridades locales y municipales para que desarrollen programas encaminados a prevenir la violencia contra la infancia, y a través de los mecanismos legales garanticen el acompañamiento sicosocial y terapéutico a las familias con antecedentes y comportamientos conflictivos, de tal manera que se protejan los derechos de los menores de edad y se enfatice el ejercicio de la crianza responsable.