–Un total de 252 contrataciones públicas, adelantadas por 149 entidades estatales fueron amañadas por el llamado «cartel de las empresas de seguridad privadas» que fue puesto al descubierto por la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio, hecho por el cual ésta última entidad formuló pliego de cargos contra 8 empresas de vigilancia y 32 personas naturales, responsables del ilícito. La Fiscalía también anunció que independientemente procesará a 16 personas involucradas-

Tal como lo informó oportunamente la we de Radio Santa Fe, las empresas comprometidas y que serán procesadas penalmente, son GUARDIANES; STARCOOP; COBASEC; CENTINEL; EXPERTOS; INSEVIG; SEJARPI; y SECURITY MANAGEMENT GROUP, las cuales se «cartelizaron», esto es realizaron acuerdos anticompetitivos en los 252 procesos de contratación pública, adelantados ante 149 entidades estatales en todo el territorio nacional durante los años 2010, 2011 y 2012.

Entre las 32 personas naturales, contra las cuales la Superindustria formuló pliego de cargos figuran accionistas, administradores, empleados y ex empleados de las mencionadas sociedades y cooperativas de seguridad privada.

De acuerdo con la Superintendencia, la investigación preliminar que dio origen a este pliego de cargos se inició en el año 2011 a raíz de una denuncia presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según la cual varias empresas que se presentaban como supuestos competidores individuales, estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública.

Después de adelantarse las primeras visitas administrativas por parte de la Superindustria en el año 2012, se advirtió que los presuntos actos de cartelización se habrían presentado no solo en la licitación del ICBF, sino en 252 procesos de contratación estatal en más de 149 entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

La Supérindustria señaló que la investigación involucra a empresas particulares por presuntamente haber simulado ser competidores independientes en las licitaciones, cuando en realidad habrían actuado de forma coordinada y concertada, engañando a las distintas entidades públicas contratantes.

Agregó que la investigación cuenta con un delator en su condición de ex representante legal de una de las compañías investigadas, quien se acogió al Programa de Beneficios por Colaboración, confesó su participación y aportó pruebas sobre la existencia, funcionamiento y seguimiento del presunto cartel empresarial. Esta es la primera vez en la historia de Colombia que la Superindustria como autoridad de la libre competencia, suscribe acuerdos de colaboración con personas naturales que delatan la existencia de un presunto cartel empresarial. Hasta ahora, la Superindustria solo había suscrito acuerdos de beneficios por delación con empresas o personas jurídicas.

Según la investigación, las presuntas empresas cartelistas terminaron participando en mínimo 100 licitaciones y lograron ganar 25 de ellas por un valor superior a los 63 mil millones de pesos.

El caso

En el año 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF puso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en el marco de la Licitación Pública LP-001 de 2011. El ICBF informó que en el curso de la licitación STARCOOP y GUARDIANES se presentaban como supuestos competidores individuales, cuando en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio.

A partir de esta denuncia, la Superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal y encontró vínculos de tales personas jurídicas con otras empresas. Como consecuencia de tales presuntas relaciones, entre abril de 2012 y febrero de 2013, la Superindustria realizó visitas administrativas de inspección a ocho (8) empresas de vigilancia y seguridad privada, y encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos allí mencionados.

Posteriormente, en diciembre pasado, el ex representante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas que demostrarían la existencia de los acuerdos, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento. La actuación de este ex empleado culminó con la efectiva suscripción de un Acuerdo de Colaboración por Delación, según el cual, como persona natural, recibirá la exoneración total de la posible sanción a imponer, de acuerdo con lo establecido en la ley.

El presunto cartel anticompetitivo al parecer, buscaba lograr la adjudicación de al menos 252 contratos, cuyo valor ascendía a una suma superior a 320 mil millones de pesos. Los supuestos actos de cartelización empresarial habrían concluido en la presentación de ofertas concertadas en como mínimo 100 licitaciones de las cuales lograron ganar 25 por un valor superior a los 63 mil millones de pesos.

Las entidades

Las 149 entidades públicas afectadas por el presunto actuar de las empresas de vigilancia y seguridad privada investigadas son: Contraloría General de la República; Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Rama Judicial; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Superintendencia de Notariado y Registro; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE), así como 13 Gobernaciones, 37 Alcaldías y otras varias entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

En la resolución, la Superindustria establece:

El Superintendente Delegado para la Protección de la Libre Competencia Ad Hoc, en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control en materia de protección de la libre competencia mediante la Resolución No. 2065 del 28 de enero de 2015 formuló PLIEGO DE CARGOS contra las empresas (i) GUARDIANES COMPAÑÍA LÍDER DE SEGURIDAD LTDA; (ii) COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA; (iii) COBASEC LTDA; (iv) CENTINEL DE SEGURIDAD LTDA; (v) EXPERTOS SEGURIDAD LTDA; (vi) COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA, (vii) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEJARPI CTA y (viii) SECURITY MANAGEMENT GROUP S.A., por presuntas infracciones del régimen de la libre competencia derivadas de su aparente cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades estatales (colusión en licitaciones públicas), en los años 2010, 2011 y 2012, conducta con la que habrían infringido el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló PLIEGO DE CARGOS contra 32 personas naturales que en el pasado o en la actualidad, han hecho o hacen parte de las empresas y cooperativas investigadas en su condición de representantes legales, socios, miembros de juntas directivas, administradores, empleados y ex empleados, quienes aparentemente, tuvieron participación en la creación, ejecución, implementación o seguimiento del presunto cartel empresarial investigado.

Estas personas son:

Contra el acto administrativo por medio de la cual se formularon los PLIEGOS DE CARGOS no procede ningún recurso.

Posibles sanciones

En el caso que el proceso termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas (i) a las personas jurídicas que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta por sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos (64.435.000.000.oo) por cada infracción (por cada proceso de contratación estatal); y (ii) a las personas naturales que actúan como administradores de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta por mil doscientos ochenta y ocho millones setecientos mil pesos (1.288.700.000 de pesos). (Ley 1340 de 2009).

Los carteles empresariales en los procesos de contratación pública

Las colusiones en licitaciones afectan la competencia y el patrimonio del Estado, en la medida en que aumentan los precios de los bienes y servicios que este contrata para cumplir con sus funciones.

Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las adquisiciones del sector público representan en promedio el quince por ciento (15%) del Producto Interno Bruto (PIB) de un país, recursos que son manejados por parte de un número aproximado de 2.000 entidades en diferentes niveles de Gobierno, lo que convierte a la contratación pública en un componente importante de la actividad económica y en prioritaria la acción del Estado para combatir este tipo de prácticas anticompetitivas o restrictivas de la libre competencia.

ACTUACION DE LA FISCALIA

El Vicefiscal General de la Nación Jorge Fernando Perdomo Torres indicó que la entidad “ha tomado la decisión, en una primera fase, de imputar el delito de acuerdos restrictivos de la competencia a 16 personas naturales pertenecientes a una organización delictiva encargada de engañar al Estado en los procesos licitatorios”.

El vicefiscal señaló que las empresas implicadas actuaban como un «carrusel», similar al que implantaron en Bogotá los integrantes del Grupo Nule, de acuerdo con la investigación paralela a la adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La decisión de imputar cargos a 16 personas naturales, según lo destacó Perdomo Torres, se derivó de la actuación administrativa adelantada desde 2011 por la Superintendencia, que le permitió evidenciar, preliminarmente, que varias empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, aparentemente competidoras entre sí, habrían realizado acuerdos (colusorios) para asegurar que una de las empresas pertenecientes al grupo concertado, resultara beneficiada en los procesos licitatorios en los que participaban, afectando con ello a los oferentes que no hacían parte del acuerdo colusorio y también al Estado, que por tal motivo veía incrementado los precios de los servicios contratados, generando así un desequilibrio en el gasto público.

Tras la denuncia de la Superintendencia, la Fiscalía abrió investigación por estos hechos, en la que logró establecer que en procesos licitatorios adelantados en diversas entidades públicas del orden municipal, regional y nacional, entre ellas la Secretaría de Integración Social de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, el SENA regional Cundinamarca y la Gobernación del Meta, presuntamente se habrían realizado esos acuerdos colusorios, que terminaron alterando los procesos licitatorios de estas instituciones.

El Vicefiscal Perdomo aañadió que “se logró determinar que este presunto cartel no solo tiene un contenido ilícito para la actividad de la Superintendencia, sino que también tiene o puede tener una connotación de carácter penal. Es decir, aquí, en este presunto cartel se cometieron delitos, se pudieron haber cometido delitos”.

“El delito que la Fiscalía ha identificado como posible a imputar en estas actividades es el delito consagrado en el artículo 410ª del Código Penal, que se denomina acuerdos restrictivos de la competencia y que tiene una pena privativa de la libertad entre 6 y 12 años”, precisó.

Dijo que dentro de las hipótesis delictivas de la Fiscalía se tiene que las empresas de seguridad, quienes dentro de los diversos procesos licitatorios figuraban como competidoras, al parecer habrían acordado previamente los términos y la forma como intervendrían para que cualquiera de aquellas resultara beneficiada con la adjudicación de los contratos estatales correspondientes. Ello se evidenciaría, entre otras, en la uniformidad de las observaciones y objeciones que se proponían en los pliegos de condiciones, las que en últimas estaban orientadas a favorecer a alguna de las empresas que hacia parte del acuerdo.